La patronal tecnológica denuncia que la ‘tasa Google’ recaerá al final en los consumidores

La imposición de impuestos a los servicios digitales de forma unilateral por parte de los países, como se está planteando en España, perjudicaría al desarrollo del mercado digital de esa economía, impactaría de forma negativa en su competitividad y acabaría repercutiendo en los consumidores y las pequeñas empresas, según un estudio elaborado por la Global Digital Foundation presentado este jueves por la patronal tecnológica Ametic.

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El informe ¿Quién soportará la carga de un impuesto digital? sale al paso de las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez de rescatar en la próxima legislatura la aprobación del impuesto a las grandes plataformas digitales conocido como tasa Google, bien adaptándose al acuerdo internacional en el marco del G-20 o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o mediante una tasa nacional en caso de que no exista ese acuerdo.

El director ejecutivo de la Global Digital Foundation, Paul MacDonnell, ha sostenido que el "problema" de los impuestos digitales es que acaban repercutiendo en los "consumidores de bajos ingresos" en mayor medida que en las grandes empresas, ya que éstas tienden a poder "evitar" este tipo de impuestos digitales y corporativos.

A su juicio, los consumidores y las pequeñas empresas "son susceptibles" de pagar los impuestos digitales "de una manera o de otra", puesto que para ellos es "muy importante" el uso de Internet, algo que, según ha lamentado, a menudo "olvidan" los legisladores.

"De este modo, es previsible que el coste lo terminen soportando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -especialmente aquellos con rentas bajas-, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos. Todos ellos conforman la parte de mayor crecimiento de la economía digital", ha señalado el experto.

Aunque el informe presentando hoy no lo concreta, un informe anterior elaborado por la consultora PwC por encargo de Ametic señaló que la denominada tasa Google tendría un impacto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB) español de entre 586 y 662 millones de euros, con los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Por eso, MacDonell ha considerado que este impuesto puede ser "especialmente severo" e incluso una "amenaza a la libertad de expresión" para los consumidores y pequeñas empresa. Por ello, aunque ha reconocido que "existe un peligro" y una "amenaza" en la red, ha insistido en que los gobiernos "deben tener cuidado" de que no recaiga de forma "severa" en los consumidores.

El experto ha defendido que los impuestos sean "por beneficio" y "no corporativos" ya que esto se traduciría, en su opinión, en una "mayor inversión" en el sector. En este sentido, ha calificado el impuesto digital como un "impuesto a la innovación". "Es como si alguien inventara la electricidad y el Gobierno le pusiera el impuesto más elevado porque está perjudicando a otros sectores", ha ejemplificado.

Acuerdo global con la OCDE

Por su parte, Francisco Hortigüela, director general de Ametic, ha transmitido la preocupación de la patronal por la tasa digital, ya que “penalizará a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo, y hará que España se perciba como un lugar incierto y costoso para hacer negocios, desalentando la inversión en nuevas empresas españolas”.

Hortigüela también ha señalado que el planteamiento Hortigüela también indicó que el planteamiento del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), como se denomina oficialmente, se centra en la denominada economía digital, contradiciendo el consenso internacional de que ésta no pueda separarse del resto de la economía. "Es importante recordar que cualquier nuevo impuesto debe aplicarse a todas las empresas, sin discriminar sobre la base del modelo de negocio específico", dijo.

La directora de Política Digital de Ametic, Amalia Pelegrín, señaló esta semana en los cursos de la UIMP en Santander que desde la patronal tecnológica han mantenido siempre que este impuesto no puede imponerse de manera unilateral por un país, sino que lo ideal es un acuerdo global en la sede de la OCDE.

Pelegrín indicó que este es un espacio donde los gobiernos pueden "reunirse, intercambiar problemas y buscar soluciones que den seguridad jurídica" y ha recordado que la OCDE se ha dado de plazo 2020 para presentar una recomendación o propuesta en este sentido, por lo que Ametic "desaconseja soluciones unilaterales" como la presentada en la anterior legislatura, que no salió adelante al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno ya presentó la tasa Google la pasada legislatura convencido del respaldo social a este gravamen, pero no cuajó porque se disolvieron las Cortes por la falta de apoyo a los Presupuestos. AHora pretende rescatar el proyecto aunque no ha aclarado si España estaría dispuesta a hacer como ha propuesto Francia a devolver a las tecnológicas la posible diferencia entre la tasa Google y lo que pacte la OCDE.