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España esquiva una multa europea de 80 millones por su ley hipotecaria

La justicia europea archiva una denuncia presentada por Bruselas por la tardanza en transponer la directiva

La ministra de Economía, Nadia Calviño, camina hacia la votación de investidura.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, camina hacia la votación de investidura. Europa Press

España no tendrá que pasar por caja por su lentitud en trasponer la directiva hipotecaria europea. El Ministerio de Economía informó este martes de que el Tribunal de Justicia de la UE ha archivado la denuncia contra España, con lo que las arcas públicas se libran de un varapalo que podía haber alcanzado un montante de hasta 80 millones de euros.

El movimiento de la justicia europea era esperado después de que Bruselas retirara su demanda contra España el mes pasado, al comprobar que ya había hecho los deberes. La Comisión dio por finalizada la transposición con la entrada en vigor el 16 de junio de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

El Ejecutivo comunitario ha desistido de seguir pleiteando pese a que la directiva debía haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español antes del 21 de marzo de 2016, con lo que acumuló un retraso de más de tres años. El conflicto se inició una vez vencido ese plazo, cuando Bruselas remitió varios avisos al Gobierno del PP, y al no detectar avances significativos, presentó una denuncia contra España el 28 de abril de 2017.

El Ministerio de Economía destaca que el Gobierno socialista, tras su toma de posesión en junio de 2018, trató de acelerar los cambios legislativos para zafarse de la sanción en ese y otros dosieres. La aprobación definitiva de la nueva norma, sin embargo, no estuvo exenta de suspense. Se llevó a cabo en febrero, poco antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral.

Más claridad

El objetivo de la misma era aportar más claridad en caso de conflicto y reforzar la posición del consumidor ante potenciales abusos. Entre otros aspectos, la ley regula cómo se evalúa la solvencia de los que piden una hipoteca; establece un reparto claro de los gastos entre banco y cliente; fija unas comisiones de amortización anticipada del préstamo más reducidas; y da más tiempo para evitar el embargo del bien hipotecado en caso de impago.

Antes de que el Congreso de los Diputados diera su espaldarazo definitivo al texto con el apoyo de las principales fuerzas, el Gobierno español adoptó por decreto gran parte de los puntos pendientes, unos progresos que sirvieron para que Bruselas diera más margen de actuación. La Comisión Europea había solicitado a la justicia que impusiera a España una sanción de 106.000 euros diarios por cada día de retraso en aprobar las normas.

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