El Santander acusa a Andrea Orcel de grabar conversaciones privadas con Ana Botín

El Santander ha lanzado su contraataque a la demanda de Andrea Orcel. El ejecutivo italiano se querelló a finales de mayo con el banco español por su fichaje frustrado como consejero delegado —que se anunció en septiembre y se anuló en enero— y le exige a la entidad que preside Ana Botín más de 110 millones de euros en compensación, porque dejó su puesto de ejecutivo en UBS para fichar por el banco y finalmente se ha quedado sin ninguno de los dos puestos. El banco ha respondido a la demanda presentada en el juzgado de la Plaza de Castilla. Además de otros argumentos jurídicos, con los que insiste en defender que solo hubo "una carta de intenciones" y nunca un contrato en firme, Santander acusa a Orcel de haber grabado conversaciones privadas con directivos de la entidad cuando cancelaron su fichaje. Entre las grabaciones, hay conversaciones con la propia presidenta Ana Botín, según fuentes conocedoras del proceso.

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Andrea Orcel (Roma, 1963) presentó su demanda civil contra el Santander el pasado 24 de mayo. El banco tenía hasta finales de julio para presentar ante la autoridad judicial correspondiente el escrito de contestación y oposición a la demanda presentada, y ya lo ha hecho. Tras entregarla, ha realizado un comunicado. “Ante las filtraciones producidas con la finalidad de generar una imagen distorsionada de los hechos, y con pleno respeto a los jueces y tribunales ante los que hará valer sus razones, el banco considera procedente puntualizar” una serie de aspectos, indica la entidad.

El banco insiste en que nunca hizo un contrato en firme a Orcel tal como exige la ley y, por tanto, no tiene por qué indemnizarle. Sostiene que solo envió al ejecutivo una carta-oferta. “El señor Orcel fue nombrado consejero delegado el 25 de septiembre de 2018 acelerando el proceso a petición de UBS y el propio señor Orcel, pero ni ese nombramiento fue efectivo ni el contrato entre el banco y el señor Orcel quedó perfeccionado", defiende la entidad. Explica que "estaba pendiente" de la negociación y acuerdo sobre uno de sus elementos esenciales: "La retribución final a percibir por el señor Orcel como buyout", es decir, una compensación por su salida de UBS. Además, asegura que el acuerdo estaba sujeto a la aprobación por la junta general de accionistas, la futura aprobación del contrato por el consejo de administración, la evaluación de idoneidad por el BCE y el plazo de preaviso establecido por UBS. "Ninguna de estas condiciones se dio", justifica el Santander.

Grabaciones incluidas en la demanda

El Santander defiende que todo fue una cuestión de dinero: el ejecutivo quería más y no estaba satisfecho con ninguna compensación. Orcel, en su demanda presentada ante el juzgado, ofrece una versión distinta. Y para defenderla, ha incluido transcripciones de largas conversaciones telefónicas que mantuvo con diferentes ejecutivos de la entidad, entre ellos, la presidenta Ana Botín, una vez la relación laboral ya había fracasado y la entidad estaba negociando con el italiano para evitar una querella.

“Según ha conocido el banco por la demanda, el señor Orcel comenzó el 12 de enero de 2019 a grabar conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander, lo que viene a confirmar que la decisión adoptada por el consejo de Banco Santander fue la adecuada", se limita a señalar el escrito de la entidad.

Las conversaciones están incluidas en la demanda que Orcel ha entregado al juzgado, según ha publicado El Confidencial, en un CD que ha aportado el ejecutivo. Este mismo medio señala que hay transcripciones de presuntas llamadas realizadas a partir del 15 de enero, cuando ya se había roto el acuerdo de fichaje, con Jaime Pérez Renovales, secretario de la comisión de nombramientos de Banco Santander; Javier García Carranza, director general adjunto de Banco Santander; y con la propia Ana Botín. En estas últimas, (siempre según la versión de la demanda de Orcel) ella ofrece al banquero de inversión colocarle como responsable de alguna cotizada o inmobiliaria para compensarle por el fiasco de su fichaje en el banco.

El gran escollo: la indemnización de UBS

En su relato, Santander explica que desde el 25 de septiembre de 2018, Orcel y el banco mantuvieron intensas negociaciones para concretar la cuantía del buyout [la compensación por su salida de UBS] que se debía incorporar al futuro contrato del ejecutivo. Estaba previsto que se abonara en acciones de Santander, sujeta a las métricas de desempeño establecidas por el grupo y desembolsado a lo largo de siete años. Ese 25 de septiembre se aprobó una carta oferta que señalaba que si UBS decidía abonar solo parcialmente la retribución diferida o un importe de la misma inferior al que Orcel hubiera percibido de permanecer en UBS, el banco pagaría una compensación de, como máximo, 35 millones de euros. Además, el ejecutivo se comprometía "a realizar todo lo posible para reducir el coste que debía asumir Banco Santander", asegura la entidad.

“Desde el primer momento, el señor Orcel trasmitió a Banco Santander unas expectativas sobre la posición que mantendría UBS sobre el pago de sus incentivos que nunca se cumplieron", justifica el banco. "En reiteradas ocasiones el señor Orcel aseguró que lograría reducir el buyout negociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía. Incluso pidió a Banco Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida. No consta que el señor Orcel llegara a enviar nunca esa carta, cuyo borrador sí le fue proporcionado por el banco”, indica.

Orcel pidió más dinero

Según el banco, lejos de hacer todo lo posible para que UBS le abonara una parte significativa de las retribuciones diferidas, en el transcurso de la negociación Orcel rechazó destinar a reducir el importe del buyout los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento.

Asimismo, durante el curso de las negociaciones Orcel incorporó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS, derivada de la no percepción de dividendos e intereses por la retribución diferida, cuantificada inicialmente en un importe superior a los tres millones de euros.

El pleito judicial sigue ahora su curso. ¿Hay todavía margen de negociación? Fuentes conocedoras del proceso señalan que en una demanda civil de este tipo, siempre hay margen para llegar a un pacto y cerrar el conflicto sin que haya sentencia. Sin embargo, los puentes en este momento están rotos. Lo que pasó en aquellos casi cinco meses de negociación todavía es un misterio. Fue un viaje desde el entusiasmo con el que Ana Botín anunció sonriente el fichaje del italiano el 25 de septiembre hasta un pleito que desgastará a ambas partes y en que ahora, además de versiones contradictorias y documentos interpretables, hay conversaciones telefónicas grabadas y aireadas a los cuatro vientos.