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El pulso judicial entre Orcel y el Santander: muchas incógnitas y 110 millones en juego

El conflicto con el ejecutivo que iba a dirigir el banco se centran en la validez del precontrato y las condiciones del fichaje

Andrea Orcel, que iba a ser 'número dos' del Santander; Ana Botín, presidenta; y José Antonio Álvarez, vicepresidente del grupo y presidente de Santander España.
Andrea Orcel, que iba a ser 'número dos' del Santander; Ana Botín, presidenta; y José Antonio Álvarez, vicepresidente del grupo y presidente de Santander España.

A finales de julio, el Banco Santander entregará al juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid la voluminosa documentación con sus respuestas a las acusaciones que ha lanzando Andrea Orcel. El directivo de UBS iba a ser consejero delegado de la entidad cántabra, su fichaje se frustró cuatro meses después de anunciarse y ha demandado al banco. Con la respuesta del Santander, dará comienzo uno de los juicios bancarios llamado a convertirse en un polo de atracción mediática: uno de los ejecutivos estrella de la banca de inversión europea luchará contra el banco español más grande y, en medio, 110 millones de euros reclamación.

La tormenta empezó el pasado 15 de enero, cuando el Santander dijo que Orcel (Roma, 1963), ya no sería consejero delegado del grupo “por su coste inaceptable”. Con estas palabras, el Santander rectificó su anuncio oficial del 25 de septiembre de 2018 donde lo proclamó a bombo y platillo. Lo que pasó en aquellos casi cinco meses de negociación todavía es un misterio. Fue un viaje desde el entusiasmo, —que se reflejaba hasta en el rostro de la presidenta Ana Botín, fotografiada para la presentación—, hasta la frustración que supone iniciar un pleito que desgastará a ambas partes.

Lo cierto es que tras el fallido fichaje, las dos partes iniciaron unas negociaciones que terminaron el 24 de mayo, cuando Orcel presentó una demanda contra al Santander y le reclamó 110 millones de euros por daños y perjuicios, el doble de lo que hubiera costado su fichaje.

Demandar al Santander y cobrar de UBS

A la vez que demandaba al Santander, Orcel reclamó a UBS su bonus diferido de unos 52 millones, un cobro al que tenía derecho al dejar de trabajar en esa firma suiza si no iba a un banco competidor. UBS ha accedido a pagárselo, como publicó El Confidencial. Pero si lo cobra, Orcel tendrá que estar siete años sin trabajar. A los 56 años, debería aparcar su carrera.

Los 52 millones que tenía Orcel acumulados en bonus en UBS, donde trabajó entre 2012 y 2018, son precisamente el caballo de batalla con el que arrancó toda la disputa: el Santander sostiene que accedió a ficharle con la condición de que la mitad de ese importe lo pagara UBS, algo que la firma suiza se negó a hacer. También debía contar con el placet del Banco Central Europeo (BCE) y la aprobación del consejo de administración y de la junta de accionistas para que el fichaje fuera firme. Pero a medida que la negativa de UBS a pagar parte del bonus se hacía más firme, las negociaciones se torcieron hasta llegar a un punto irreconciliable.

Sin embargo, ahí las versiones difieren. Orcel afirma que el Santander se ofreció pagarle un paquete de hasta 52 millones en su abortado intento de reclutarlo. Sostiene que el banco tendría que abonarle el importe de todo el bonus si UBS se negaba a hacerlo, con un pago de 35 millones en acciones y de 17 millones como bonus de incorporación. El directivo asegura que esta oferta está en un documento, firmado por el secretario general del banco, Jaime Pérez Renovales, como publicó Vozpópuli.

La carta, fechada el 24 de septiembre, será un escrito clave en la causa. Para la entidad es una carta-oferta condicionado, sin valor contractual, y para el italiano tiene la fuerza de un contrato oficial. Orcel nunca dejó de ser empleado de UBS ya que durante seis meses se le aplicó el garden leave, periodo en el que un empleado deja de trabajar para la entidad en la que estaba contratado tras anunciar que se marcha, pero tampoco puede ir a la nueva empresa.

Una prueba de riesgo para el Santander

El juicio pondrá a prueba el funcionamiento interno del Santander. Y el mercado estará atento. El banco deberá demostrar que realizó todo el procedimiento con las cautelas debidas, es decir, los condicionantes de la contratación que supuestamente Orcel aceptó, o si fue un intento de fichaje voluntarioso que se envenenó. El banco asegura que podrá demostrar que tras el contacto inicial de Ana Botín con Orcel, este se entrevistó con todos los consejeros implicados en su llegada (toda la comisión de Nombramientos) y así deberá estar reflejado en las actas de los consejos de septiembre y diciembre de 2018 y en la de enero de 2019.

Orcel también tendrá que explicar por qué reclama 52 millones a UBS y 110 millones al Santander, lo que supone pedir dos veces el mismo dinero, ya que en los 110 millones que pide al banco de Botin se incluye el bonus que no cobró en UBS. El prestigio del banquero se deteriorará si pierde, pero la presión para Ana Botín también alta, sobre todo si es condenada a abonar una cantidad relevante por un fichaje que no ha hecho.

Del idilio al enfrentamiento, en cuatro meses

25 de septiembre de 2019. El Santander anuncia mediante un hecho relevante un nuevo número dos para el grupo: Andrea Orcel, procedente de UBS. José Antonio Álvarez, que era el consejero delegado, pasaría a ser vicepresidente ejecutivo, según los planes iniciales.

15 de enero de 2019. La entidad presidida por Ana Botín anuncia la renuncia a fichar a Orcel “por su coste inaceptable” después de que UBS no se hiciera cargo de una parte del bonus del ejecutivo italiano, que ascendía a 52 millones de euros. Álvarez regresó a su puesto de consejero delegado.

19 de marzo. Orcel contrata al bufete De Carlos Remón para demandar al Santander.

3 de mayo. El banquero italiano advierte, en una entrevista al Financial Times, que no dejará “pasar las cosas” porque el Santander no obró bien.

24 de mayo. Orcel reclama 110 millones de euros por daños y perjuicios al Santander.

Final de julio. Esta es la fecha tope para que el Santander responda a la demanda civil ante la jueza decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco.

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