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La Fiscalía eleva las penas a los acusados del ‘caso Bankia’ y pide ocho años y medio para Rato

Anticorrupción añade el delito de falsedad contable al de estafa a inversores

caso bankia
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, durante su declaración en el juicio por el caso Bankia. EFE

Los 34 acusados que se sientan en el banquillo por la salida a Bolsa de Bankia afrontarán la fase final del juicio con mayor preocupación. La Fiscalía Anticorrupción decidió este lunes ampliar su acusación y elevar la petición de condena para varios de ellos al añadir un nuevo delito, el de falsedad contable, al único que consideraba hasta ahora, estafa a los inversores. Así, al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, le pide ocho años y medio de cárcel en lugar de los cinco y medio con los que se sentó en el banquillo en noviembre pasado, al inicio del juicio oral.

La fiscal Anticorrupción Carmen Launa, que hasta ahora solo acusaba a Rato y a otros tres exadministradores de la entidad —José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú—, ha decidido ampliar su acusación a otras diez.

La mayor petición de pena espara Rodrigo Rato, de quien la fiscal asegura que "fue la persona que pilotó el proyecto de BFA - Bankia" como presidente del órgano de administración y principal ejecutivo. "Plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y de su debilidad financiera permitió la salida a bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz que ocultaba la situación crítica de Bankia", asegura el escrito.

Entre los nuevos acusados están el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma; el interventor de Bankia, Sergio Durá, y el exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro. Al primero le pide dos años de prisión por ser cooperador necesario del delito de estafa a inversores. Para los segundos, Launa pide dos años de cárcel. El exministro Ángel Acebes también pasa a estar acusado de un delito de falsedad contable por el que la fiscal Carmen Launa le pide una pena de un año y seis meses de prisión.

En su escrito de conclusiones definitivas, al que tuvo acceso EL PAÍS, la Fiscalía señala que Francisco Celma ayudó a los administradores a "culminar la apariencia de fortaleza patrimonial alejada de la realidad". Según la fiscal, este, "en connivencia" con Rato, Olivas y Sánchez Barcoj, emitió sobre las cuentas consolidadas de BFA a 31 de diciembre de 2010 informe favorable sin salvedades "omitiendo conscientemente en su limitado, anómalo e irregular análisis, la práctica de cualquier tipo de diligencia que hubiera podido provocar la afloración del déficit ocultado, e incurriendo en abultados 'errores' que invalidaron los parámetros utilizados".

La Fiscalía considera que la auditoría favorable de 2010, que omitió "conscientemente cualquier valoración que hubiera puesto de manifiesto el déficit de saneamientos por importe de 6.422 millones de euros, provocó que los destinatarios de tal información pública, entre otros el mercado, obtuvieran una falsa confianza y una inexacta percepción sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad auditada". Por ello considera a Celma "cooperador necesario" del delito de estafa a inversores y pide para él dos años de cárcel y multa de diez meses con una cuota diaria de 200 euros.

La Fiscalía Anticorrupción también cree probado que los acusados cometieron un delito de falsedad contable por las cuentas de 2011 de la entidad, que reflejaban beneficios de 309 millones de euros. Esas cuentas fueron presentadas en marzo de 2012 ante la CNMV sin el informe de auditoría de Deloitte. En mayo, tras la marcha de Rato y cuando tomó las riendas José Ignacio Goirigolzarri (el actual presidente), se reformularon y aparecieron unas pérdidas de 2.979 millones.

La fiscal endurece su acusación para el expresidente de Bancaja y ex número dos de BFA-Bankia José Luis Olivas hasta los cinco años de prisión (anteriormente eran cuatro) por un delito de estafa a los inversores. José Manuel Fernández Norniella, que fue consejero ejecutivo de Bankia, se enfrenta en total a seis años (frente a los tres anteriores) por dos delitos: estafa a los inversores (cuatro años) y falsedad contable (dos años). 

En el caso de Francisco Verdú, que a diferencia del resto de directivos acusados, era un profesional reconocido en el mundo financiero que llegó a Bankia poco antes de la salida a Bolsa y no perteneció al equipo de confianza de Rodrigo Rato, la fiscal pide la libre absolución en lo referente a la estafa, pero no en lo que respecta al delito de falsedad en las cuentas. Su petición de pena pasa así de dos años y siete meses al año y medio.

Para el único directivo entre los acusados que sigue en Bankia, Sergio Durá, la Fiscalía pide dos años de prisión por el delito de falsedad contable en las cuentas de BFA y Bankia del ejercicio 2011. Durá fue contratado como interventor general del grupo el 27 de julio de 2011, tras la salida a Bolsa de Bankia. Según la Fiscalía, él y Miguel Ángel Soria "coordinaron la obstaculización de la labor auditora para dilatar la remisión de la información requerida que habría provocado el afloramiento de los deterioros que se pretendían ocultar para mantener una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial de BFA/BANKIA alejada de la realidad". Celma declaró durante el juicio que Deloitte no pudo entregar su borrador de auditoría porque durante meses pidió documentación, especialmente del negocio inmobiliario, y Bankia no se la dio.

El escrito de la Fiscalía dirige la acusación de falsedad contable por las cuentas de 2011 contra los miembros de los comités de Auditoría y Cumplimiento de Bankia y de BFA: Alberto Ibáñez González, Araceli Mora Enguidanos, Ángel Acebes Paniagua, Pedro Bedía Pérez, Remigio Pellicer Segarra, José Rafael García-Fuster y González-Alegre. Entre sus funciones, destaca, se encontraba la de supervisar el procedimiento de elaboración y presentación de la información financiera. Para Carmen Launa, "hicieron una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable".

Carmen Launa advirtió en su primera intervención en el proceso por la salida a Bolsa de Bankia que estaba valorando endurecer su petición de pena al incorporar un nuevo delito. El juicio está casi finalizado tras 58 sesiones y casi nueve meses en los que han declarado los 34 acusados, 57 testigos y una veintena de peritos. Tras la intervención de la fiscal, el resto de acusaciones particulares y populares manifestarán si mantienen o cambian sus escritos de acusación. 

Estas acusaciones mantienen desde el inicio que los acusados cometieron los dos delitos por los que finalmente acusa la Fiscalía, estafa a inversores y falsedad de cuentas. El presunto engaño a los inversores se sustenta en varias cuestiones, entre ellas la forma en la que se juntaron los activos de las siete cajas que formaron BFA-Bankia. Cuando se integraron y tuvieron que contabilizar las pérdidas y sanear las cuentas de 2010, cargaron pérdidas contra reservas (con la autorización del Banco de España) y no contra resultados. Las acusaciones creen que al hacerlo así maquillaron el estado real de las entidades.

El escrito de acusación final de la fiscal Carmen Launa pide la absolución de las personas jurídicas BFA, Bankia y Deloitte como responsables penales —Adicae sigue acusándoles—, pero las considera responsables civiles subsidiarias. La Fiscalía considera que Rato, Olivas, Norniella, Barcoj y Celma deben indemnizar por partes iguales a los inversores minoristas personados en el juicio, salvo a los ya indemnizados por Bankia.

La próxima sesión del juicio se celebrará el 29 de julio para que el resto de las partes puedan modificar y remitir sus escritos de conclusiones finales. El FROB mantuvo todo su escrito salvo para retirar la acusación de Francisco Verdú. El CIC se adhirió al escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

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