El G-7 acuerda avanzar en un cambio fiscal que grave las actividades digitales

Chantilly podría ser recordada en el futuro no solo como la comuna francesa con un espléndido castillo y sus magníficos establos o la cuna de una crema del mismo nombre. Si los planes no se tuercen, también será el lugar donde se dio el primer paso internacional para obligar a las empresas tecnológicas a tributar de manera más justa. Aunque la “arquitectura” para un futuro legislativo la tendrá que presentar la OCDE, que tiene su sede en París, a comienzos de 2020, ha sido en esta ciudad a medio centenar de kilómetros de la capital francesa donde se ha dado el primer paso, al lograr Francia, pionera en este campo con su recién aprobada tasa Google, el consenso de los demás miembros del G7 para impulsar reformas fiscales que respondan al “desafío” de este creciente tipo de modelos de negocio que generan valor en países en los que no tienen presencia física.

El “ambicioso” acuerdo, logrado pese a las reticencias iniciales de Estados Unidos, que había amenazado con sanciones a París tras la aprobación, la semana pasada, de la tasa Google, supone “un paso importante hacia una fiscalidad más justa y eficaz en el Siglo XXI”, celebró el ministro francés de Economía y anfitrión del encuentro, Bruno Le Maire. No obstante, precisó posteriormente el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, “todavía queda trabajo por hacer”.

Lo decidido en Chantilly por los ministros del ramo de Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido no sin pocos esfuerzos —las negociaciones se extendieron hasta la noche del miércoles al jueves— es que se avance sobre dos pilares para atender “los desafíos fiscales que representan la digitalización de la economía y los fallos del sistema actual de los precios de transferencia”, según el comunicado oficial de la presidencia gala del G7.

El primer “pilar” se basa en acordar a nivel internacional una imposición fiscal basada en “nuevas reglas sobre territorialidad” atendiendo a las condiciones especiales de estas empresas sin presencia física, tarea que recaerá en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que deberá presentar a principios del año que viene una “arquitectura” que le permita a todos los países aceptarla antes de que acabe ese mismo 2020. Lo único que precisan los miembros del G7 de forma inequívoca es que las nuevas reglas “deberán ser sencillas y fáciles de implantar”. En cualquier caso, los ministros consideraron que lo ideal para evitar la doble imposición y garantizar la estabilidad del sistema fiscal internacional es contar con un “mecanismo robusto y eficaz de resolución de diferendos mediante arbitraje obligatorio”, instrumento este que, por tanto, “debe formar parte de esta solución global”, de acuerdo con el comunicado.

El segundo pilar consiste en consensuar una tasa mínima global que dificulte la evasión y dumping fiscal obstaculizando el desvío de beneficios e ingresos en paraísos fiscales o países con impuestos bajos. Un modelo a seguir, según el comunicado de la presidencia francesa del G7, sería la tasa GILTI (global intangible low-taxed income) que ya impone Estados Unidos a empresas con subsidiarias en países de baja tributación.

Aunque Le Maire saludó el “espíritu constructivo” de las dos jornadas de reuniones en Chantilly, muestra de que todavía hay mucho camino por recorrer, como recordó el estadounidense Mnuchin, es el hecho de que el ministro francés dejó claro que Francia no renunciará a su tasa Google por el momento.

“Siempre he dicho que Francia retiraría su imposición nacional cuando haya una decisión internacional. No solo un acuerdo, sino una decisión”, recordó Le Maire en rueda de prensa. “Dado que hemos podido allanar el camino para un acuerdo internacional para 2020, hay posibilidad de tomar una decisión sobre la fiscalización digital a finales de 2020. En cuanto haya una decisión internacional creíble, y vamos en la dirección correcta, Francia retirará su ley”, agregó.

Libra, la criptodivisa que “preocupa” a todos

En su comunicado final, Francia recoge una vez más lo expresado desde la víspera por diferentes participantes en el último encuentro de ministros preparatorio de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G7 que se celebrará en un mes en la ciudad francesa de Biarritz: que si bien las criptodivisas como la propuesta por Facebook, Libra, son probablemente el futuro y por ello hay que conseguir integrarlas en un marco regulatorio fiable, hoy por hoy implican aún ciertos “riesgos” que se tienen que solucionar antes de permitir su lanzamiento.

“Todos los miembros del G7 han manifestado sus fuertes inquietudes sobre el proyecto Libra (…) que implica serias dificultades técnicas y políticas”, aseveró Le Maire. El francés recordó que hay reglas que se aplican en todos los Estados soberanos en materia de lucha contra el lavado de dinero y contra el terrorismo, de protección de datos y de los ahorros “que deben ser respetadas por todos los proyectos financieros, y hoy en día esas reglas no son respetadas por Libra”.

A ello se une, añadió, una cuestión política. “No podemos aceptar que empresas privadas lancen su propia moneda sin ningún control democrático”, sostuvo. “Rechazamos la emergencia de Estados privados que tendrían los mismos privilegios que los Estados (soberanos), pero sin los controles y obligaciones que deben acompañarlos”.