CaixaBank admite el “riesgo reputacional” por la investigación de blanqueo de mafias chinas

CaixaBank admite que se enfrenta a un posible "riesgo reputacional" por la investigación judicial abierta en 2018 relacionada con un supuesto caso de blanqueo de capitales que habría beneficiado a la mafia china. La advertencia la realiza en su folleto continuado, remitido ayer a la CNMV. La causa, que instruye la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara acciones el año pasado, afecta directamente al banco, a su exresponsable de cumplimiento normativo y a once empleados del banco.

El banco que preside Jordi Gual descarta "a día de hoy" que la investigación pueda tener consecuencias con "consideración de material", pero subraya la exposición a los efectos reputacionales por los hechos ocurridos entre 2011 y 2015 en diez oficinas de la entidad y que la justicia investiga. Según el auto judicial, empleados de las sucursales implicadas, que se encuentran en el polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), habrían ayudado a personas de nacionalidad china y sus empresas a ganancias ilícitas a través de "defraudaciones y contrabando de mercancías".

Se considera que la participación de los empleados de CaixaBank permitieron la salida de España de 99 millones de euros de origen ilícito, y que esos movimientos se hicieron con el conocimiento del exresponsable de cumplimiento normativo.

En el mismo documento, CaixaBank también admite que, al cierre del primer trimestre de 2019, tenía un volumen de 6.700 millones de euros en préstamos hipotecarios indexados a IRPH, con el riesgo que esa exposición conlleva. Un juzgado de Barcelona ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impugnar la validez de los contratos de este tipo de hipotecas, al considerar que no son suficientemente transparentes.

El documento considera la dificultad de establecer el impacto que una decisión desfavorable pueda tener sobre la banca, aunque algunos analistas la sitúan por encima de los 7.000 millones de euros para toda la banca española y la Comisión Europea ha advertido también sobre el impacto. CaixaBank asume que los efectos dependerán de qué regla de sustitución se decida, si se aplica con carácter retroactivo y cuántas reclamaciones acaban siendo formuladas y aceptadas.