Portugal ensaya un plan con descuentos del 20% en los alquileres

La oferta de pisos de alquiler en Portugal ha caído un 65% en cinco años. En el mismo tiempo, el precio del metro cuadrado ha subido un 75% en Lisboa y un 57% en Oporto, principales ciudades que sufren el problema de la vivienda en toda su dimensión, pero particularmente la falta de pisos de alquiler y su consiguiente carestía. La presión turística, el fomento de la rehabilitación sobre la construcción de nueva vivienda, el fin de la mayoría de contratos indefinidos y el parón en la construcción de viviendas sociales, han provocado un problema nacional de acceso a la vivienda.

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En el último año, el Gobierno ha reaccionado con dos medidas urgentes: ventajas fiscales progresivas para arrendamientos de larga duración —de escaso efecto— y, la más mediática, la prohibición de desalojar a mayores de 65 años o personas con discapacidad que lleven viviendo 15 años en el mismo lugar, un remedio para barrios lisboetas como Alfama y la Morería, donde la presión del alojamiento para turistas ha causado estragos en un vecindario envejecido y de recursos modestos.

Pero el problema de la vivienda es más general; la dificultad de acceso abarca a jóvenes y a familias con ingresos salariales pero a los que, aun así, les resulta imposible encontrar casa. Para intentar atajar el problema, el Gobierno pone en marcha a partir de este lunes el Programa de Alquiler Accesible (PAA).

El plan, al que se puede apuntar quien quiera, impone límites en los precios en función de la zona del país en el que se encuentre el inmueble y su tamaño. Según la secretaria de Estado de la Vivienda, Anna Pinho, la aspiración del Gobierno es que absorba un 20% del mercado. La principal ventaja para el inquilino es un descuento del 20% sobre los actuales precios de mercado. Por su parte, la propiedad se beneficia de dos puntos menos en la fiscalidad (del 28% al 26%). Principal inconveniente: los precios siguen siendo poco accesibles. El PAA ha dividido el mapa nacional de la vivienda en seis escalones, según los precios de mercado. El nivel más alto corresponde a Lisboa, donde, por ejemplo, un piso de dos habitaciones no podrá alquilarse por más de 1.150 euros (1.228 en el mercado libre).

Todos en contra

El plan abre un período de registro voluntario de arrendatarios y arrendadores. Del lado de la demanda, los candidatos no pueden ganar más de 35.000 euros brutos anuales —no más de 45.000 si es una pareja— y no habitará menos de una persona por habitación. De lado de la oferta, el propietario no podrá firmar contratos inferiores a cinco años (excepto a estudiantes), y deberá contratar tres seguros, por ahora inexistentes en el mercado y cuyo coste va a contrarrestar los beneficios fiscales.

Antes de su funcionamiento, el PAA ya ha puesto de acuerdo a las asociaciones de inquilinos y a las de propietarios: el programa nace muerto. “Ni va a resolver ni va a dinamizar el mercado de alquiler”, ha dicho Romão Lavadinho, presidente de la Asociación de Inquilinos Lisbonenses (AIL). “La mayor parte de las familias no tienen condiciones —el salario medio es de 800 euros— para pagar, aunque los precios sean un 20% inferiores de media parten de unos precios ya muy altos”.

Para Luís Menezes, presidente de la Asociación Lisboeta de Propietarios (ALP), la adhesión al PAA no compensa los beneficios fiscales: “Establecer restricciones absurdas al alquiler solo provoca la desmotivación de los propietarios”.