La revolución contra la subida del alquiler cobra cuerpo en Berlín

Unas lonas cubren los andamios de un complejo de edificios al norte de Berlín. Ocultan la renovación de un complejo de 250 viviendas de los años treinta, demasiado costosa para algunos inquilinos, cuyas rentas se dispararían. Sebastian Roos ha optado por librar la batalla en los tribunales y en las calles, pidiendo una solución contra lo que considera una subida desorbitada de los alquileres. Roos no está solo. Los carteles contra “la locura del alquiler” y llamando a la movilización ciudadana cuelgan desde hace meses por todo Berlín. La presión social que exige viviendas asequibles arrecia y los políticos berlineses han terminado por mover ficha.

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El Gobierno de la capital alemana ha anunciado que congelará los alquileres durante cinco años. “La vivienda es una necesidad básica […]. Con la nueva ley queremos poner freno al serio incremento de los últimos años y enfriar el calentamiento del mercado del alquiler en Berlín”, anunció la ministra regional de desarrollo urbano Katrin Lompscher hace una semana. Se calcula que la medida afectará a 1,5 millones de apartamentos.

Activistas y autoridades coinciden en que algo hay que hacer. Los alquileres en Berlín se han duplicado en la última década y el precio de venta creció en 2017 un 20,5% más que en ninguna otra ciudad, según los datos de Knight Frank. La subida de los alquileres afecta de manera especial en la capital, donde el 85% de las personas vive de alquiler. Además, Berlín es una ciudad magnética que no deja de crecer y que se calcula que atrae cada año a 40.000 personas. Trabajadores, estudiantes y demandantes de asilo se instalan en la capital alemana en busca de una nueva vida. Mientras, la construcción de nuevas vivienda no avanza al ritmo necesario para dar respuesta a la creciente demanda.

El acuerdo adoptado por el Gobierno de Berlín (una coalición de socialdemócratas (SPD), verdes y Die Linke) debe ser todavía redactado en forma de ley el próximo 17 de octubre por el Parlamento regional, donde se espera que alcance sin problemas la mayoría. La entrada en vigor está prevista para enero de 2020, pero el acuerdo marco tiene efecto retroactivo desde el 18 de junio para evitar subidas hasta la aprobación definitiva. Las violaciones de la norma podrán acarrear multas de hasta 500.000 euros.

En el caso de las modernizaciones y mejoras, la norma obliga a los propietarios a pedir autorización y fija un tope de 50 céntimos de subida por metro cuadrado. A los inquilinos que firmen ahora un contrato no les podrán pedir más que lo que pagaban los anteriores y los arrendatarios que paguen un precio muy elevado comparado con los topes que se fijen, podrán incluso solicitar una rebaja.

En el rellano de la escalera de Roos, médico de 42 años, todavía se pueden ver botes de pintura y buzones apoyados en unos caballetes provisionales. Dentro de la casa, ya no está la antigua chimenea de carbón, típica de los pisos de la Alemania del Este y el baño es nuevo. Renovaciones forzosas como la de Roos disparan los alquileres y las asociaciones de inquilinos acusan a los propietarios de camuflar subidas utilizando las renovaciones como pretexto. En el caso de Roos, asegura que le pidieron 130 euros más de los 390 que pagaba al mes y que al final ha llegado a un acuerdo en los tribunales. Las renovaciones son solo uno de los caballos de batalla de los activistas, que en los últimos meses, han logrado sacar a decenas de miles de personas a la calle.

Una de las incertidumbres que rodea al nuevo proyecto legal es su encaje legal. Es decir, hasta qué punto las regiones tienen competencia para adoptar semejante medida. Una reforma constitucional abrió en 2006 la posibilidad de que los Länder, sin necesidad de que concurra el Estado federal, regulen los alquileres, según la interpretación del Gobierno de Berlín. “Creemos que las regiones tenemos la competencia, pero es cierto que es un poder que no se había utilizado hasta ahora”, explica a este diario Matthias Kollatz, ministro regional de Finanzas de la ciudad-estado de Berlín.

Kollatz recuerda que la idea de fijar un tope a los alquileres no es nueva, que después de la Segunda Guerra Mundial ya se impuso una restricción parecida, pero de ámbito nacional. Thorsten Schäfer-Gümbel, uno de los líderes del SPD ha defendido estos días que se aplique una medida similar para todo el país. El propio ministro de Finanzas, Olaf Scholz, estimó que no es una idea descabellada. "Hay que hacer algo si no queremos acabar como en Londres, donde abogados y médicos tienen que compartir piso”, aseguró.

Pero en el ámbito federal y en el local, la medida no cuenta ni mucho menos con el apoyo de todos, porque sus detractores argumentan que desincentivará la necesaria construcción, así como las renovaciones. Daniel Föst, responsable de vivienda del los liberales (FDP) lo ha considerado “un sinsentido socialista”. “Necesitamos construir más rápido, más barato y más y evitar que las zonas rurales se desangren […] El Gobierno rojo-rojo-verde trata de tapar sus errores con una política prohibitiva”, protestó.

Kollatz es consciente de que el camino no será fácil. “Habrá batallas legales y habrá pelea sobre los distintos topes que se fijen para las distintas categorías de viviendas, pero lo cierto es que los intentos en el ámbito nacional no han funcionado porque los conservadores lo han impedido”, sostiene el responsable de Finanzas regional, quien asegura que hay margen para llegar a acuerdos como las subidas correspondientes a la inflación.

Con peores ojos ve Kollatz la iniciativa ciudadana que impulsan Roos y otros activistas y que defiende la expropiación de viviendas de gigantes inmobiliarios como Deutsche Wohnen, el mayor propietario privado de Berlín, donde posee 110.000 viviendas. “El tope de cinco años es una medida temporal y al contrario que la expropiación, evita el desembolso de dinero del contribuyente. La idea es rebajar el impacto de la especulación, no hacer la vida de los empresarios imposible”, dice el ministro regional.

“La respuesta prioritaria debe ser la construcción de viviendas, sobre todo sociales”, indica Kollatz. El Gobierno de Berlín calcula que necesitan 20.000 viviendas nuevas al año. De ellas, la idea es construir 6.000 viviendas sociales al año y que el Gobierno adquiera otras 4.000. El año pasado, aprobaron 3.500 viviendas sociales y el plan consiste en incrementar esa cifra en 500 cada año hasta llegar a las 6.000 anuales.

“Los políticos tenemos que garantizar el derecho a una vivienda asequible, porque es un derecho básico”, piensa el diputado federal, Chris Kühn, responsable de política de vivienda del partido de Los Verdes. El problema en Alemania no se limita ni mucho menos a Berlín. Ciudades como Múnich o Hamburgo experimentan su propia burbuja. “El problema es enorme, pero el Gobierno federal, debido a la presión del lobby inmobiliario, no ha hecho nada y por eso en Berlín han decidido actuar”, interpreta Kühn, quien explica que la situación es especialmente grave en Alemania, porque desde los años noventa se privatizaron millones de viviendas. “Es evidente que hay que regular e invertir más en vivienda social”, piensa el representante del partido estrella de la política alemana.

Reiner Wild, al frente de la gran asociación de inquilinos, que cuenta con 170.000 socios, explica que “en los últimos años ha habido subidas muy fuertes” y que otras medidas como el freno de la alquiler no han acabado de funcionar. La opción de congelar los alquileres durante cinco años “es una buena solución”. Wild explica que sin embargo, desde que se anunciaron los planes de congelación han recibido cientos de quejas de inquilinos a los que les han aplicado una subida in extremis antes de que entrara en vigor la restricción.

Los grandes consorcios inmobiliarios mientras, tratan de adaptarse a unos cambios que prevén que han venido para quedarse. Deutsche Wohnen ha optado preventivamente por la autoregulación. A partir de julio, la subida de sus alquileres se limitará de manera que no exceda el 30% de los ingresos netos del arrendatario, según anunció la compañía el pasado fin de semana. Este compromiso voluntario se aplicará incluso en el caso de que la ley permita subidas mayores. Michael Zahn, el CEO de Deutsche Wohnen no ocultaba sin embargo su malestar ante la congelación de los alquileres en una entrevista en el Tagesspiegel. “El techo del alquiler supone el caos y siembra la discordia”, dijo Zahn, quien no obstante, considera factible consensuar un texto final que consideren más aceptable.

Eficiencia energética

Vonovia, otra gran empresa del sector, que posee 400.000 apartamentos, el 10% de ellos en Berlín ha asegurado esta semana que sus beneficios no se verán afectados apenas por la medida, pero advirtió que las limitaciones que afectan a las renovaciones implicarán que Vonovia no llevará a cabo mejoras necesarias, como por ejemplo de eficiencia energética, porque supondrían un incremento mayor de los 50 céntimos que prevé la normativa. En un acto en Múnich el pasado lunes, el director ejecutivo de la compañía, Rolf Buch, aceptó sin embargo que la congelación de rentas no le parecía la peor de las opciones. "No queremos ciudades como Londres", aseguró en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

Y mientras las inmobiliarias buscan su encaje en la nueva realidad, los activistas se frotan los ojos para asegurarse de que no todo ha sido un sueño. “Los políticos nos decían que no se podía hacer nada. Como mucho, nos ofrecían asesoría gratis para afectados, hasta que las encuestas empezaron a mostrar que la mayoría de los berlineses estaba con nosotros”, reflexiona ahora Roos sentado en el patio de su casa, junto a una caseta de obra. “Ha sido un éxito increíble, pero es normal, porque es algo que afecta a todo el mundo”.