El referéndum que antes de nacer ya agita el debate del alquiler en Berlín

Rouzbeh Taheri llega tarde a la cita en el Südblock, uno de los lugares para ver y dejarse ver del mundillo alternativo berlinés. Viene de explicarle a unos políticos llegados de la otra punta del país cómo marcha la campaña en contra de la subida de los alquileres y a favor de la expropiación, que ha logrado poner patas arriba la política alemana. “No nos esperábamos que nuestra lucha en Berlín acabara convertida en un debate nacional”, reconoce Taheri, cabeza visible de la iniciativa.

Bajo el lema “La locura de los alquileres”, una multitudinaria manifestación marcó a principios de abril el pistoletazo de salida de la recogida de miles de firmas, con la que los activistas aspiran a conseguir que se organice un referéndum en el que se vote su propuesta: que se expropien viviendas a empresas que posean más de 3.000 pisos en Berlín. Desde entonces, uno por uno los partidos políticos se han visto obligados a pronunciarse a favor o en contra del referéndum y a debatir sobre los estragos de la especulación.

Es evidente que la iniciativa ha tocado nervio porque hay un mar de fondo muy grueso. Berlín fue durante décadas una ciudad asequible, pero ya no. La capital alemana, a tiro de vuelo de bajo coste, está de moda y se ha llenado de turistas, desempleados del sur de Europa, refugiados y también de inversores que compran al olor de un mercado inmobiliario que bulle, que intuyen que solo podría experimentar un empuje hacia arriba. Una demanda desorbitada y una oferta incapaz de seguirle el paso ha hecho que Berlín se haya vuelto irreconocible, según repiten los viejos del lugar. Lamentan que la capital pierda, a pasos agigantados, su identidad de ciudad “pobre pero sexi”, en palabras de un conocido exalcalde.

Activistas y políticos coinciden en que el reto ahora es frenar una escala de precios que parece no tener fin. Los precios se han duplicado en diez años, según los cálculos de los especialistas. El precio de venta creció en 2017 un 20,5% más que en ninguna otra ciudad, según los datos de Knight Frank. “Queremos evitar que esto acabe siendo una ciudad como Londres, en la que una persona con un sueldo normal no pueda pagar un piso”, explicaba recientemente a este diario Matthias Kollatz-Ahnen, ministro regional de Finanzas de la ciudad-estado de Berlín y para quien la prioridad pasa por la construcción de viviendas sociales. El objetivo, dice, es contar con 10.000 nuevas unidades al año.

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“El problema es que viene gente de todo el mundo, [unas 40.000 personas nuevas cada año]. La demanda es muy alta y muchos propietarios no respetan el freno del alquiler, que fija un tope, pero que no acaba de surtir efecto”, explica Reiner Wild, presidente de la poderosa Asociación de Inquilinos de Berlín, con 170.000 socios en la ciudad. Wild calcula que desde principios de los años noventa, unos 200.000 pisos de propiedad pública han sido vendidos a entidades privadas.

El propio Taheri, que esta semana ha desfilado por los platós de mayor audiencia, tomó conciencia de la gravedad de la situación hace siete años, cuando le subieron el alquiler de 500 a 590 euros debido a una “modernización energética”. Es decir, una supuesta mejora y una de las vías utilizadas por los propietarios para subir el precio y sortear las normas con las que tratan de acotar la subida. “Se trata de devolver las viviendas a la gente”, defiende.

La campaña para pedir las expropiaciones tiene su soporte legal en el artículo 15 de la Constitución alemana que dice que “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva (...) por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”.

La iniciativa ciudadana camina sola a estas alturas. Cada barrio tiene su estructura descentralizada y organiza eventos y recoge firmas en la calle, en panaderías, asociaciones o en los grupos de WhatsApp de los padres del colegio. 

También el alquiler

Pero el problema no se limita a la capital. “En toda Alemania hay mucha gente que tiene miedo a que le suban el alquiler y le acaben echando de su casa”, asegura Taheri. Junto a Berlín, Múnich, Hamburgo o Düsseldorf son algunas de las ciudades más afectadas por las subidas.

Frente a la ebullición ciudadana, los detractores de la revuelta argumentan que desincentivaría la inversión y que la solución pasa por la construcción de nuevas viviendas. Creen además que el Gobierno de Berlín nunca podría pagar los 36.000 millones de euros que se calcula que costarían las expropiaciones. “Es evidente que hacen falta nuevos apartamentos, pero no creo que la expropiación sea buena idea”, sostiene Harald Simons, de la Universidad de Leipzig y considerado el sabio inmobiliario de la capital. “Las empresas de las que habla el referéndum representan un 15% del mercado. No tienen el poder para fijar el precio de los alquileres”.

“Él piensa que la demanda ya ha empezado a bajar y que la oferta va subiendo lentamente. Explica también que Berlín nunca podrá ser Londres, porque el modelo territorial es muy descentralizado y al contrario que en Reino Unido, en Alemania hay decenas de ciudades de tamaño grande y medianas que siguen siendo muy atractivas para vivir y trabajar”, señala.

Simons no cree que al final vaya a haber expropiaciones, pero sí que la presión hará que se aprueben normas más estrictas para frenar la subida de los alquileres. Pase lo que pase, “el proceso acabará en los tribunales, lo que podría dilatar todo durante años”, vaticina este economista.

El debate ha irrumpido en la agenda política nacional. La propia canciller, Angela Merkel, se ha pronunciado ante el Parlamento para advertir que “expropiar no es el camino correcto”. Los socialdemócratas, socios de los conservadores en la gran coalición de Gobierno, son también contrarios a la expropiación. Defienden la construcción de nuevas viviendas y congelar los alquileres. Se desmarcó de la oposición frontal a la expropiación Robert Habeck, colíder de Los Verdes, quien no cerró la puerta en casos excepcionales, lo que despertó la ira de los conservadores, que dicen que es razón suficiente para descartar una posible alianza política en el futuro. Die Linke, el partido de la izquierda, es el único que apoya oficialmente una iniciativa que apenas ha echado a andar.