Motín vecinal contra la especulación en la avenida de Karl Marx

En la esquina de la avenida Karl Marx con la de la Comuna de París hay una palabra que se repite con insistente frecuencia: renacionalización. Esto no es 1968, ni la ensoñación de ningún régimen totalitario. Esto es Berlín, la capital de la gran economía europea, en la que cientos de vecinos batallan contra la especulación inmobiliaria que podría acabar echándoles de sus casas.

En una cafetería en los bajos de este templo del clasicismo socialista, Norbert Bogedein saca un mapa con los bloques en disputa, marcados en distintos colores, y explica el proceso con minuciosidad notarial. Bogedein es un antiguo vendedor de seguros jubilado que ahora ejerce de presidente de la asociación de vecinos que ha puesto en jaque a Deutsche Wohnen, una gran empresa inmobiliaria propietaria de 163.100 viviendas.

Los inquilinos de unos 700 apartamentos de la emblemática Karl-Marx-Allee se han propuesto evitar que sus apartamentos pasen a manos de la gran inmobiliaria y su alquiler se dispare. Su presión ha surtido efecto y la ciudad-Estado de Berlín ha aceptado comprar los apartamentos para evitar una nueva transacción especulativa, en una ciudad que padece como pocas una vertiginosa subida del precio de la vivienda. “Queremos mantener la proporción de vivienda pública para poder tener un impacto en el precio de los alquileres. No queremos ser como Londres, donde la gente con un sueldo normal no puede pagar un piso”, explica a este diario Matthias Kollatz-Ahnen, ministro regional de Finanzas del Gobierno de Berlín. La consultora Knight Frank situó el año pasado a Berlín como la ciudad en la que más había subido el precio de la vivienda.

La compraventa, todavía en suspenso en los tribunales, es el resultado de una imaginativa y alambicada operación legal. La batalla jurídica de un caso único como el de la Karl-Marx-Allee encierra, sin embargo, un dilema político de gran envergadura: cómo se organizan los centros de las grandes ciudades y quién puede permitirse vivir en ellos. Y sobre todo, qué papel deben jugar las autoridades en todo esto.

Bogedein, el jubilado convertido en activista, cuenta que fue el otoño del año pasado, cuando empezaron a correr los rumores desatados por los rellanos de la gran avenida de que la empresa propietaria quería vender a Deutsche Wohnen. “Los inquilinos rápidamente se dieron cuenta de que esto era importante, que había que hacer algo”. Lo que fuera para evitar que sus casas acabaran en manos de una empresa con fama en Berlín de exprimir a sus inquilinos.

Lanzaron una campaña de peticiones masiva con la que inundaron a políticos locales, para que nadie pudiera esgrimir que no sabían nada. Organizaron grupos de trabajo –jurista, cartelería, redes sociales, relaciones con los políticos, recopiladores de ideas…–. De los edificios colgaron grandes pancartas en contra de la venta. En cada bloque lograron reclutar a entre 20 y 30 activistas. De todas las edades y de todos los colores políticos, pero con un interés común.

Los inquilinos y las autoridades llegaron a la conclusión de que, al menos, en dos de los bloques podían ejercer el derecho de adquisición preferente que contempla la ley de arrendamientos que a principios de los noventa reguló la salida al mercado de viviendas públicas. Aprovecharon el texto para diseñar una pirueta legal. “Con la ayuda de los políticos y de un 50% de los inquilinos –316 viviendas –, decidimos comprar los apartamentos y acto seguido vendérselos a una empresa municipal de vivienda”, explica Bogedein.

Kollatz-Ahnen, el senador de Finanzas, detalla que han llevado a los tribunales la transacción para que les ratifique que el derecho histórico de adquisición preferente no se respetó y que invalide la compra de Deutsche Wohnen, ahora en suspenso. Pero asegura también que en cualquier caso, otro de los bloques de apartamentos goza de una protección municipal que les permitiría la compra. Dice, además, que este caso es especial porque se trata de edificios emblemáticos. Forman una impresionante hilera en la antigua Stalinallee, en el corazón de Berlín; un ejemplo único de la arquitectura rusa de Berlín del Este.

“Entendemos que Deutsche Wohnen es una empresa que cotiza y que tiene que ofrecer beneficios a sus accionistas. Pero nosotros queremos que sean viviendas accesibles. No queremos que solo los ricos puedan vivir en ellas”, asegura en la cafetería Bogedein, de 67 años e inquilino en la Karl-Marx-Allee desde 1996. Explica que ahora pagan entre 5,6 y 14 euros por metro cuadrado por los pisos. “Hace tiempo que en Berlín los políticos son conscientes de que hay que estabilizar el precio del mercado inmobiliario y de que no basta con construir viviendas asequibles”, piensa Bogedein, “Es un momento político muy importante. Los grandes partidos pierden votos y dicen que quieren escuchar a la gente y nosotros hemos hecho el suficiente ruido como para que no nos puedan obviar”, añade.

A mediados de enero, Michael Müller, el alcalde de la ciudad-Estado de Berlín gobernada por los socialdemócratas, Verdes y La Izquierda, confirmó en conferencia de prensa que pensaban seguir adelante con los planes de renacionalización. “Esta es un gran área de apartamentos de la que nos gustaría ser de nuevo propietarios”. En el departamento de Desarrollo urbano y vivienda de Berlín explican que en la Karl-Marx-Allee, más de 700 apartamentos fueron privatizados en los años noventa. “Berlín vendió viviendas de propiedad municipal a empresas privadas. Ahora sabemos que fue un error”, sostiene una portavoz en un correo electrónico. “Por eso, Berlín ahora trata de ampliar su parque de viviendas y de recomunalizar donde sea posible”, añade.

Preguntada Deutsche Wohnen, la empresa compradora, remite a sendos comunicados en los que se asegura que están abiertos al diálogo con las autoridades y que garantizan a los inquilinos que mantendrán sus condiciones. En uno de los comunicados, sin embargo, Michael Zahn, el presidente de la compañía, deja entrever las tensiones que ha desatado el proceso. “Es una lástima que los políticos de Berlín no hayan respondido a nuestra oferta para conversar y calmar la situación en la Karl-Marx-Allee. La acción legal aparentemente solo sirve para ganar tiempo”.

Reiner Wild, presidente de la poderosa Asociación de inquilinos de Berlín, con 170.000 socios en la ciudad, sostiene sin embargo que Deutsche Wohnen no respeta las medidas contra la subida de alquileres y son famosos por no reparar las averías en sus pisos. “Tenemos muchos problemas por ejemplo con las calefacciones”, asegura. El gran problema de fondo, sostiene, es que Berlín no deja de atraer gente de todo el mundo, mientras los precios siguen subiendo. “Muchos propietarios no respetan el freno del alquiler —no pueden subir más de un 10% de la renta media de la zona— , pero los inquilinos no tienen seguro legal y les da miedo perder en un juicio”.

Mientras, los inquilinos de la Karl-Marx-Allee siguen informándose y preparándose ante los posibles escenarios. Los miércoles, por la noche, se reunieron convocados por la asociación de Wild, que les asesora en el proceso. Más de un centenar de personas de todas las edades escuchaban con atención y tratan de digerir la maraña legal que les exponen, conscientes de que es un trago necesario para preservar el futuro de sus apartamentos y en parte también, el de su ciudad.