¿Precios de alquiler por decreto?
La vivienda es una mercancía además de un derecho, como en todo el mundo avanzado
Primero fue Podemos quien quiso topar el aumento del precio de la vivienda en alquiler.
Lo intentó cuando el decreto ley 7/2019 (1/3), cuya medida estrella fue aumentar el plazo de los contratos desde tres a cinco años, y hasta siete. No prosperó.
Este miércoles lo persiguió el Govern de la Generalitat, con un decreto ley elaborado en la semana de... las elecciones municipales.
De forma al tiempo protectora y populista. Jamás le interesó el tema. Como alcalde de Girona, Carles Puigdemont no inició una sola VPO. La única gran medida de Quim Torra en un año no logra un aliado: para unos excesiva, para otros corta, para todos inadecuada, capotó este miércoles.
La vivienda de alquiler es un drama: en Barcelona el precio medio ha subido un 40% en cinco años y el 65% de los desahucios es de inquilinos.
Topar por ley el alza de precios es admisible como última medida. Pero mella la competencia —desincentiva inversiones, aprieta aún más la oferta—: así que debe extremarse la cautela.
La medida más radical debe justificarse a fondo por razón de interés general; evitar que sus instrumentos perjudiquen más que beneficien; y usar los que menos distorsionen.
Por esas razones, la Autoritat Catalana de la Competència desautorizó el decreto el 11/6 pues provocaría, como sucedió en Estocolmo, “una reducción adicional de la oferta; el objetivo debe ser aumentarla”, dictaminó.
El Consejo de Garantías Estatutarias hizo lo mismo el día 17, por razones jurídicas: el texto invadía competencias centrales en ¡10 de sus 14 artículos!
La vivienda es una mercancía además de un derecho, como en todo el mundo avanzado. Así, lo mejor que puede esperarse socialmente de la intervención pública es que actúe sobre la oferta (la demanda es rígida). Con iniciativas que introduzcan nuevas lógicas, contrarias a la especulación y compensadoras del lucro como motivo exclusivo.
Estructuralmente, la creación de un parque de alquiler potente. Requiere años (Generalitat y otras autonomías: ¡empiecen ya!) y hay urgencia.
Antes de los topes, agótense todas las otras medidas. Como un Pacte Nacional per l'Habitatge que indexe las alzas a la inflación (con incentivos), firmado a voluntad por las familias propietarias.
Poseen el 98,4% de los pisos en Barcelona y el 60,4% de los arrendados. Su influencia contrarrestaría en parte la de los minoritarios fondos buitres.
Una sociedad tan mutualista, concertada, solidaria, cooperativista y amante del tercer sector —y que se entusiasma incluso por causas nada diáfanas—, merece que la traten de adulta.
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