El Govern fracasa en su intento de limitar el precio del alquiler

El decreto ley con que el Govern intentaba poner coto a los precios del alquiler no ha durado ni un mes. La oposición, en bloque, votó ayer negativamente a su convalidación en el Parlament. Las razones esgrimidas por los grupos parlamentario fueron variadas aunque todos coincidieron en criticar la falta de diálogo del departamento de Justicia con l las entidades que promueven el derecho a la vivienda y los partidos antes de redactar la norma. PSC, Ciudadanos y PP criticaron que se desoiga el dictamen contrario del Consejo de Garantías Estatutarias.

La convalidación del texto se hundió por 69 votos en contra y 64 a favor de Junts per Catalunya y Esquerra, los dos socios que conforman el Govern. La consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), defendió la reforma, amparada en el Código Civil catalán, para establecer ciertas zonas “tensas” de mercado, en las que el precio del alquiler no pudiera subir más de un 10% sobre los precios que fija el índice oficial de referencia que realiza el Incasòl basándose en las fianzas de los propietarios.

Capella intentó seducir hasta el último minuto a los comunes y anticapitalistas para que, al menos, se abstuvieran en la votación y se abrió a que se tramitara como un proyecto de ley. Con este mecanismo se pueden proponer modificaciones. Una idea que rechazaron ambos. “El plato no se presenta cocinado y después se espera que te lo arreglen en el trámite parlamentario”, dijo la diputada de los comunes Susanna Segovia.

Ante la negativa, la consejera optó por subir el tono. “Si tumban el decreto se están poniendo al lado del Banco de España, de Foment, de la Cámara de la Propiedad, del PSC, del PP y de Ciudadanos. Quien los ha visto y quien los ve”, les espetó. Desde Junts per Catalunya redobló la presión el secretario de la Mesa Eusebi Campdepadròs que culpó al resto de formaciones de actuar por puro “tacticismo político”.

Esas críticas no sentaron bien en Catalunya en Comú y la CUP, ambos partidarios de limitar los precios, y que criticaron que desde un principio no se contara con ellos ni con entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para redactar el decreto. “Ustedes intentan poner al Sindicat de Llogaters al lado de los fondos buitres. No sé si esa es la mejor manera que tienen de convencer de las bondades de su decreto”, criticó Segovia. “Lo único que le estamos pidiendo es que hablemos. No les gusta que les confrontemos sus políticas”, añadió la diputada Maria Sirvient (CUP).

Las críticas también se explayaron en el fondo del decreto. Desde los comunes consideran que se trata de una copia de un sistema de control de alquileres en Alemania que, según Segovia, no funcionó. “El problema del decreto ley es de modelo. Y eso no se cambia por la vía de las enmiendas”, le dijo la diputada de los comunes a Capella.

“Ustedes no han desarrollado ni la evaluación del impacto económico, y esto lo denuncia un organismo de control [la Autoridad Catalana de la Competencia]“, lamentó el representante de Ciudadanos Manuel Rodríguez. Desde el PSC, Rosa María Ibarra criticó que el decreto no tuviera de entrada ningún efecto pues la determinación de las llamadas zonas tensas, la piedra angular de la regularización, la hacen los ayuntamientos con el visto bueno de la Generalitat y no estaban constituidos. La socialista también lamentó que no se moviera un dedo por parte del Govern para enviar una proposición de ley al Congreso sobre este tema, como si se hizo hace poco con la eutanasia.

Capella aguantó el chaparrón sola. Hace poco más de un mes, justo antes de las elecciones municipales, ella y su homólogo de Territorio, Damià Calvet (Junts per Catalunya) comparecieron juntos, de una manera bastante improvisada, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán, para dar cuenta del decreto ley.

La imagen resultó sorprendente, ya que desde Territorio, hasta pocas horas antes, se había criticado fuertemente el texto. Toda la oposición calificó entonces el movimiento de la consejera como de electoralista para favorecer los intereses de ERC en los comicios locales. Un reproche que, también, se volvió a oír ayer.