El Govern se queda sin apoyos para convalidar el decreto de tope al alquiler
La Generalitat se abre a tramitarlo como proyecto de ley para admitir enmiendas
El decreto ley que busca poner un tope al precio de los alquileres, promovido por el Departamento de Justicia, se somete hoy a la convalidación del Parlament. Junts per Catalunya y Esquerra no cuentan con los apoyos suficientes y ayer nada parecía indicar que otro grupo parlamentario se aviniera a aprobarlo. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, abrió la puerta a que la norma sea tramitada como proyecto de ley y se puedan hacer enmiendas. El Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que el Govern carece de competencias para limitar los precios.
Ciudadanos, Socialistes-Units, Catalunya en Comú Podem y la CUP aseguraron ayer que no apoyarán el texto y pidieron su retirada del orden del día. Tanto la formación naranja como el PSC pidieron al Consejo de Garantías Estatutarias que evaluara si la Generalitat tenía competencias para regular la limitación de los precios de alquiler y ese órgano consultivo les dio la razón en sus dudas sobre la legalidad de la normativa.
El Govern, sin embargo, insistió ayer en la necesidad de aprobarlo. Lo hizo por varios lados. Por un lado, Budó recordó que el texto daba cumplimiento a una moción promovida por los comunes y se abrió a que se tramite de una manera distinta para que los grupos puedan retocar el contenido a través de enmiendas.
Un llamamiento similar hizo el consejero de Territorio, Damià Calvet. “Los grupos puedan instar, si es posible, a que se pueda tramitar vía ley”, sugirió a yer el consejero. En una entrevista en TV3, la número dos de Justicia, Patricia Gomà, defendió el texto y cargó contra algunos de los argumentos del Consejo de Garantías o de la Autoridad Catalana de la Competencia: “No hay una unidad de mercado porque los arrendamientos no son lo mismo en Barcelona que en Soria”, dijo.
La norma prevé que las ciudades puedan determinar zonas “tensas”, donde las rentas no podrán subir más de un 10% sobre los precios que fija el índice oficial de referencia, basado en las fianzas depositadas en el Incasòl.
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