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Perito contra perito: posturas enfrentadas en el juicio de Bankia

La segunda semana de periciales añade discrepancias entre los expertos independientes y los contratados por los acusados

Tres peritos de BFA-Bankia, ayer durante el juicio en la Audiencia Nacional. Imagen tomada de la señal institucional.
Tres peritos de BFA-Bankia, ayer durante el juicio en la Audiencia Nacional. Imagen tomada de la señal institucional.

Lo resumió bastante bien la presidenta del tribunal que juzga la salida a Bolsa de Bankia, Ángela Murillo: “No van a ponerse de acuerdo ustedes jamás”. Malas noticias para los que pensaban que la economía es una ciencia exacta y no una social: los mayores expertos en una cuestión pueden discrepar —y lo hacen, algunos muy vehementemente— en la interpretación de cosas tan poco metafísicas como la normativa contable. El juicio de Bankia está siendo buen ejemplo de ello. En la segunda semana de prueba pericial y superadas ampliamente las 30 horas, los expertos aún siguen dando vueltas a uno de los tres bloques temáticos en los que se ha dividido esta parte del juicio: la creación de Bankia y BFA tras la fusión de Caja Madrid con otras seis cajas de ahorro.

En estas sesiones se discute todo: si estaba vigente tal o cual norma contable, si los peritos del Banco de España analizaron toda la documentación o se dejaron alguna, el currículum profesional de los expertos... Los abogados, especialmente el de BFA, han llegado a pedir a sus peritos que expliquen, como si estuvieran en la clase de primero de contabilidad, qué es la pérdida incurrida y la pérdida esperada y qué diferencia hay entre cargar pérdidas contra reservas o contra resultados en las cuentas de una empresa. Preguntas que sorprenden porque estos términos se han venido repitiendo machaconamente durante los siete meses de juicio. Pero los abogados defensores saben que la hora de la verdad es esta, que es ahora cuando tienen que desmontar a los peritos indepedientes. Porque como también resumió muy efectivamente Murillo: “Ustedes digan lo que quieran que ya elegirá el tribunal lo que más le convenga”.

Frente a Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, inspectores del Banco de España cedidos para elaborar los informes con los que el juez de instrucción Fernando Andreu investigó la causa, se sientan nada menos que 10 catedráticos de universidad contratados por BFA, Bankia, Deloitte y Rodrigo Rato. A todos ellos les hicieron los acusados el encargo de refutar los seis informes de los peritos, que fueron determinantes para provocar la imputación del antiguo consejo de administración de Bankia presidido por Rodrigo Rato. El interrogatorio ha sido, además de repetitivo, muy accidentado, porque los catedráticos han estado interrumpiendo constantemente a los dos peritos independientes.

Si hubiera que ir a la esencia de estas más de 30 horas, probablemente sería si los administradores y los auditores de Bankia sabían que los préstamos de las cajas estaba tan deteriorados como luego supimos que estaban. Si al cierre de las cuentas de 2010 sabían y, en ese caso, encubrieron la mala situación de los activos de las entidades que dieron lugar a Bankia. Porque es eso lo que se juzga: si estafaron a los inversores que en el verano siguiente apostaron su dinero a que aquel proyecto era sólido y sus cuentas, transparentes.

En las próximas sesiones los peritos de uno y otro lado entrarán en los otros bloques: la salida a Bolsa, en 2011, y la reformulación de las cuentas que hizo el nuevo equipo que sustituyó a Rato en 2012. En vista del ritmo de las cuatro jornadas precedentes, el resto de la pericial se puede alargar hasta finales de julio o hasta septiembre (el mes de agosto es inhábil). Será al cuando sepamos si la fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, hace realidad el cambio de calificación de su escrito inicial, que sólo se dirige contra Rato y los otros tres exadministradores del banco, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú por estafa a los inversores, y añade un delito de falsedad contable que afectaría a la treintena de exdirectivos del grupo financiero y al socio auditor, que se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel solicitadas por las acusaciones particulares y populares. 

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