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Los peritos mantienen que Bankia conocía y ocultó los deterioros de Banco de Valencia

Los expertos independientes se enfrentan a un careo con una decena de catedráticos pagados por la entidad, Rodrigo Rato y Deloitte

Elena G. Sevillano
En primera fila, los peritos judiciales del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets (derecha) y en segunda fila, José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia, en la Audiencia Nacional.
En primera fila, los peritos judiciales del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets (derecha) y en segunda fila, José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia, en la Audiencia Nacional.E. G. S.

Los problemas de Bankia, la entidad que acabó rescatada y con una factura de 22.424 millones de euros de dinero público, empezaron mucho antes de que en julio de 2011 un eufórico Rodrigo Rato hiciera sonar la campana de la Bolsa de Madrid. Esos problemas, en forma de lo que en contabilidad se denomina muy explícitamente deterioros, se arrastraban desde la misma constitución de la entidad y de su matriz, BFA. Y aún más allá, según han tratado de explicar los dos peritos judiciales del Banco de España cedidos a la causa que investiga si hubo engaño en la salida a Bolsa de la entidad.

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En la segunda jornada dedicada a los informes periciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Noguera han asegurado que el banco nació con pérdidas ocultas en las siete cajas que lo formaron y que era imposible que en Bankia no conocieran los deterioros de los activos inmobiliarios del Banco de Valencia. El mayor accionista del Banco de Valencia, hasta que fue intervenido por el FROB en 2013 era Bancaja, una de las siete cajas que dieron lugar a BFA-Bankia. Los peritos y la fiscal Anticorrupción Carmen Launa creen que los deterioros que arrastraban los activos del ladrillo de Bancaja, especialmente su filial inmobiliaria Bancaja Hábitat, afectaron a Bankia y a su matriz. No solo eso: creen que esas pérdidas se ocultaron y que por tanto contribuyeron a alterar la imagen de la entidad.

Mientras Busquets y Sánchez Noguera trataban de desgranar por qué llegaron a esa conclusión en los informes que les encargó el juez instructor, la decena de peritos de parte pagados por los acusados intervenían para criticar la documentación que consultaron y las conclusiones a las que llegaron, deteniéndose en todo tipo de tecnicismos. El formato escogido para esta parte del juicio oral, de careo entre los expertos, pone en bandeja las interrupciones constantes, ya que la mayoría de los peritos contratados por Bankia, Deloitte y Rodrigo Rato intervienen para contradecir a los peritos independientes cada vez que lo consideran necesario.

Los inspectores del Banco de España han asegurado que a 31 de diciembre de 2010 había activos no valorados y deterioros no reconocidos por operaciones pendientes de reclasificar de normal a dudosos. Y que esos déficits no se habían contabilizado en las cuentas de 2010, con las que Bancaja se integró en BFA-Bankia. Según Sánchez Nogueras, no se puede sostener que no había información sobre Banco de Valencia porque, en primer lugar, había una inspección del Banco de España abierta desde 2009, y además, "17 años antes esta entidad se integraba" en los balances consolidados de Bancaja. "No se puede argumentar que no se conocía ese deterioro", añadió el perito.

La sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dirime desde noviembre pasado si Rodrigo Rato y otros tres exadministradores dieron información falsa a los inversores, como cree la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones particulares y populares van más allá: creen que 34 personas (entre ellas, tres personas jurídicas: Bankia, BFA y el auditor Deloitte) cometieron otros delitos, de falsedad contable y administración desleal. La fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, anunció al inicio del juicio oral que podría cambiar su acusación para incluir también el delito de falsedad contable.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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