El número de funcionarios estatales cae al mínimo en democracia

La Administración pública del Estado nunca ha tenido en democracia menos empleados públicos en nómina. La transferencia de competencias a las comunidades autónomas en 2002 y los recortes de la crisis, que se han prolongado durante casi una década, han dejado la plantilla de la Administración estatal muy mermada. Desde 2011, cuando se alcanzó el máximo en casi 20 años, el número de efectivos públicos se han reducido un 14% hasta los 507.830 empleados. Las comunidades, por su parte, están recuperando el empleo perdido en la Gran Recesión. De las 17 autonomías, 11 ya cuentan con más funcionarios que nunca.

Durante los años de plomo de la Gran Recesión las plantillas a cargo de todas las Administraciones públicas españolas encogieron como las noches en verano. Apenas se aprobaron convocatorias públicas y las jubilaciones apenas se cubrieron. Los empleados públicos tuvieron que afrontar más carga de trabajo, vieron como su sueldo disminuía y perdían la paga extraordinaria de la Navidad de 2012.

Aunque poco a poco han ido recuperando los derechos perdidos durante la amarga época de estrecheces, los efectivos de la Administración pública estatal son menos que nunca en democracia, según la estadística divulgada este lunes por el Ministerio de Hacienda. A inicios de 2019, el sector público en España contaba con 2.578.388 empleados públicos en nómina, un 0,7% más que el año anterior. Esta estadística oficial contabiliza los funcionarios de carrera, personal estatutario de sanidad, interinos, eventuales y personal laboral que tiene contratada cada administración. A pesar de la mejora de la plantilla pública aún faltan 117.640 funcionarios para alcanzar el máximo de 2010.

Menos que la media europea

Para ver si España tiene muchos o pocos funcionarios hay que mirar a los países de nuestro entorno. El porcentaje de trabajadores públicos es del 15% en España similar al de Portugal e inferior al 29% en Suecia, el 22% de Francia. Otros países como Italia (14%) o Alemania (10%) cuentan con menos empleados públicos. La media comunitaria es del 16%.

De los tres grandes sectores públicos (Estado central, comunidades y Ayuntamientos), el de la Administración pública del Estado es el que cuenta con menos empleados: 507.830 trabajadores, el menor número desde 1998, cuando arranca la serie histórica. Ese año disponía de casi 900.000 funcionarios en nómina porque entonces el Estado aún no había transferido la mayoría de las competencias en sanidad y educación a las comunidades autónomas. Y aunque en 2002, la plantilla estatal sufrió un tremendo bajón por este motivo, pronto recuperó efectivos hasta marcar en 2011, con 592.813 empleados, el máximo después de la entrega de competencias.

La plantilla de la Administración pública estatal incluye a los trabajadores de la Administración general del Estado, los empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y los empleados del sector público estatal.

El Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas publicado este lunes permite dibujar la historia clínica de cada administración en los últimos años. Aunque la crisis comenzó oficialmente en septiembre de 2008, con la célebre caída de Lehman Brothers, las administraciones públicas no comenzaron su ajuste de personal hasta finales de 2011.

Plantillas envejecidas y más carga de trabajo

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió la veda al limitar la tasa de reposición —las sustituciones por cada baja— al 30% en 2009. Es decir, que si un año se jubilaban 100 funcionarios solo eran reemplazados por 30 nuevos empleados. Rajoy también restringió la tasa de reposición durante sus seis años de mandato. De hecho, hasta 2016 eliminó las reposiciones. No se sustituían los empleados que se jubilaban salvo los de sectores esenciales.

El resultado de prolongar este mecanismo de ajuste durante 10 años ha derivado en una plantilla envejecida, con más carga de trabajo y abocada a una gran renovación o restructuración. En los últimos 15 años la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado ha pasado de 46 años en 2004 a 52 años en 2019, según datos oficiales. El 15% del personal funcionario del estado ya tiene más de 60 años y solo el 10% tiene menos de 40 años. Según datos de la secretaria de Estado de Función Pública en 10 años se jubilará el 51,2% de los funcionarios de la Administración del Estado.

Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó a finales de marzo la mayor oferta de empleo público de la última década con 33.793 plazas de oposiciones. “Es la primera medida que se adopta para afrontar el envejecimiento de las plantillas, con una media de edad hoy de 52 años en la Administración General del Estado y con unas previsiones de jubilación de la mitad de los empleados públicos (casi 70.000) en 10 años”, explica una nota publicada este lunes por la secretaria de Estado que dirige José Antonio Benedicto.

Oferta de empleo público

El grueso de esta oferta de empleo es para cubrir plazas vacantes de trabajadores que se han jubilado o han causado baja en los últimos años. Se trata de plazas para elevar la tasa de reposición al 100%, con lo cual apenas se crean nuevos puestos de trabajo.

Más allá de los empleados de la Administración estatal, las comunidades autónomas son las únicas que ya están recuperando el empleo público perdido durante la crisis. Los Gobiernos regionales tenían contratadas a 1.339.111 personas, un 1% más que un año antes. De hecho, 11 comunidades ya cuentan con más funcionarios que en 2012, cuando las plantillas públicas de estas administraciones eran más voluminosas. Casi ocho de cada 10 trabajadores públicos contratados por las Administraciones regionales son médicos, enfermeras, auxiliares médicos, celadores, profesores y docentes.

Baleares (5,06%), Cataluña (5,19%) y Madrid (5,29%) son las autonomías con menor proporción de empleados públicos por ocupados totales. Esta circunstancia evidencia un tipo de gestión con más servicios públicos privatizados. En el extremo opuesto, sobresale Extremadura, la comunidad con una mayor proporción de trabajadores públicos, porque apenas tiene hospitales o colegios privatizados o privados.

El sector que más ha saneado su plantilla durante la crisis ha sido el de los Ayuntamientos. En 2010 tenía 657.905 contratados; casi una década después, a principios de este año, contaban con 575.405 funcionarios, lo que supone un ajuste del 13%. Una ley de 2012 impuso ajustes draconianos en los presupuestos municipales y los alcaldes apostaron por reducir la nómina de personal.