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Trabajo pide al Banco de España que reconozca “su error” sobre el salario mínimo

"Los malos augurios no se corresponden con la realidad y producen alarma", ha criticado la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, exigió este martes al Banco de España que rectifique. “Lo menos que podría hacer es asumir su error”, reclamó a la institución gobernada por Pablo Hernández de Cos. “Los datos son mostrencos”; “malos augurios”; “alarma inconsistente”, fueron las expresiones que, al presentar los datos de paro y Seguridad Social, utilizó Valdeolivas sobre el pronóstico que hizo el regulador de que la subida del SMI tendría un impacto negativo en el empleo. Las cifras de afiliación están a un paso del récord.

La secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas, durante su comparecencia para presentar los datos de la Seguridad Social. UGT exige al Banco de España que pida "perdón" por la alarma que creó con el SMI.

Van ya cinco ruedas de prensa de presentación de datos de Seguridad Social y paro registrado en 2019. En casi todas, los responsables de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y de Seguridad Social, Octavio Granado, han tenido que responder a preguntas sobre si se notaba o no la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional. La respuesta, hasta ahora, había sido casi protocolaria, de guante blanco: se limitaban a decir que con sus datos no se notaba ningún efecto perjudicial sobre el empleo por el incremento hasta los 900 euros mensuales. Pero ayer Valdeolivas cambió el tono.

Hace unas semanas, el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, rectificó sus previsiones negativas sobre cómo iba a impactar en el empleo la muy importante subida del SMI —una pérdida de 40.000 a 120.000 puestos de trabajo—. “Nos pasamos de negativos. Han pasado cuatro meses y no encontramos nada. Pero es verdad que requiere análisis más ampliados en el tiempo”, apuntó Escrivá, en línea con lo que viene defendiendo el Gobierno. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha repetido en varias ocasiones que el impacto en la actividad sería neutro.

El cambio de posición de la Autoridad Fiscal incluso sirvió de munición a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la pasada campaña de las elecciones autonómicas y municipales. “A ver si piden perdón todos esos profetas del desastre”, clamó en un mitin en Pontevedra la ministra. No puso nombre a “esos profetas”.

Pero este martes lo hizo Valdeolivas: “No digo yo que pidan perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error”. “Lo menos que podría hacer el Banco de España es asumir su error”, remachó la secretaria de Estado, exultante por los datos divulgados ayer, que muestran que España todavía crea empleo a un ritmo alto, si bien menor que en mayo del año pasado.

El choque entre el Gobierno y el Banco de España por la subida del salario mínimo, sin llegar al extremo de ayer, está presente en el debate público desde que en noviembre del año pasado el gobernador afirmase que la subida del SMI podría costar un 0,8% del empleo, esto es: unos 125.000 puestos de trabajo. Entonces dijo ante el Congreso: “El incremento del salario mínimo en cuantías reducidas tiene poco efecto. Pero tenemos pocas experiencias de subidas altas. Ninguna de un 22%. Y este impacto limitado se derivaba de que el colectivo afectado era pequeño. Los efectos podrían incluso no ser lineales. No vayamos a lograr lo contrario de lo que pretendíamos y reduzcamos el empleo de aquellos a los que se quería ayudar, los jóvenes”.

En aquel momento esta postura encontró el respaldo de otras instituciones como la Autoridad Fiscal. Pero hace unas semanas Escrivá rectificó. No es la primera vez que la Autoridad Fiscal y el Banco de España discrepan sobre un asunto políticamente explosivo. Ya lo hicieron sobre las pensiones el año anterior, cuando, en referencia a predicciones como las que maneja el banco, Escrivá declaró en el Congreso: “Cuando uno va entrando en qué hay detrás de cada hipótesis, te das cuenta de que la incertidumbre (de los resultados) es considerable, y cuando ocurre esto me parece que no hay derecho de transmitir esta certidumbre, esta soberbia gnóstica con la que decimos esto va a ser la ruina. Porque esto no es verdad, no es verdad. No es verdad y con esto al final afectamos a una parte de la población que ya por su edad está inquieta”.

Según los cálculos del Banco de España, el 12,7% de los ocupados con sueldos que antes estaban por debajo de los 900 euros podría llegar a perder su trabajo. Lo que le sucediese a este colectivo tenía que diferenciarse del comportamiento general del mercado laboral, apuntaban. Recientemente, miembros del Banco de España fueron preguntados por la falta de datos que corroboren estas predicciones. Ante esto, explicaron que todavía es pronto, y argumentaron que el cálculo se elaboró con datos individuales de la Seguridad Social. En ellos observaron qué había pasado con las probabilidades de perder el empleo en personas con sueldos por debajo del SMI después de las subidas aplicadas en 2017, del 8%, y 2018, del 4%. Y de la extrapolación de esas cifras obtuvieron esos 125.000 puestos de trabajo que, supuestamente, se destruirían en ese colectivo.

Estas fuentes del Banco de España señalan que el estudio se hizo con una metodología que han difundido en la web y que han publicado en una revista académica que la refrendó. Cuando vuelvan a disponer de esos datos individuales, cosa que tendrán en el verano de 2020, podrán de nuevo hacer el mismo estudio. Solo que esa revisión llegará tarde para la actualización del salario mínimo a comienzos de 2020. En la pasada compaña, el PSOE se comprometió a aumentar “gradualmente el SMI” y hablaba de llegar a corto plazo al 60% del salario medio en España, lo que supone casi 1.000 euros. Este objetivo, que con casi total probabilidad va a continuar en el nuevo Gobierno, también lo comparten los sindicatos, que llevan años reclamando que el suelo legal de los salarios aumente hasta ese nivel, con el argumento de que España se sitúa en la franja baja de la UE.

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