Repartir los organismos y el empleo del Estado

El capitalismo y la democracia necesitan una cura de populismo. No se asusten. Quienes defienden este remedio son economistas de prestigio, nada sospechosos de veleidades nacionalistas o izquierdistas. El populismo del que hablan es económico. Consideran que el populismo político es malo para la economía de mercado y para la democracia, pero defienden una política económica populista, dirigida a generar una prosperidad inclusiva. En esta defensa del populismo económico coinciden tanto economistas liberales como socialdemócratas.

Por un lado, reclaman políticas antimonopolio y de competencia que pongan los mercados al servicio de la sociedad y no al revés, como ha ocurrido en las últimas décadas. Por otro, políticas dirigidas a repartir mejor la riqueza creada por las empresas, como los salarios mínimos. Por cierto, quiero elogiar la valentía y la honestidad intelectual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) española y de su presidente, José Luis Escrivá, al reconocer que el aumento del salario mínimo del Gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido efectos negativos sobre el empleo, rectificando su primera estimación.

Otra propuesta de este nuevo populismo económico es recuperar el dinamismo y la prosperidad de las comunidades territoriales: pequeñas y medianas ciudades y mundo rural. Estas comunidades quedaron devastadas por la desindustrialización, la globalización, las políticas europeas y el abandono de los Gobiernos en las últimas décadas. Lo único que se les dijo es que se buscasen la vida en otros lugares, o que se resignasen al olvido. El Brexit, la elección de Trump, los chalecos amarillos son la reac­ción de estas comunidades a este olvido.

Estos economistas están redescubriendo la importancia de la prosperidad de las comunidades territoriales. Larry Summer, de la Universidad de Harvard y exsecretario del Tesoro con la Administración de Clinton, ha entonado un mea culpa y ha señalado que el deterioro de la prosperidad y de los estilos de vida de las comunidades locales fue esencial en el triunfo de Trump. Por su parte, Raghuran Rajan, de la Universidad de Chicago y exgobernador del Banco Central de la India, acaba de publicar un libro en el que sostiene que las comunidades locales son “el tercer pilar de la prosperidad” y defiende la implicación del Gobierno federal en el resurgir de estas comunidades territoriales. No son los únicos en esta defensa.

En España tenemos también comunidades territoriales, tanto urbanas como rurales, devastadas por la desindustrialización y el olvido político que necesitan una política económica populista. Una forma de implicación del Gobierno central que puede ser muy eficaz sería repartir por todo el territorio nacional algunos organismos reguladores y departamentos de la Administración. Estos organismos estatales desarrollan funciones fundamentales relacionadas con la regulación, la innovación y el crecimiento.

Esas funciones estatales son desarrolladas por funcionarios y empleados públicos de alta cualificación. Esos puestos estatales son un recurso económico público que todos los españoles merecen disfrutar, no sólo los que viven en la capital. Existe un informe oficial no publicado que muestra que la mayoría de altos funcionarios públicos y de las agencias reguladoras proceden de la Comunidad de Madrid y alrededores.

Este objetivo ha llevado a Gobiernos de países desarrollados —que destacan por la calidad de sus políticas y su crecimiento inclusivo— a repartir por toda su geografía nacional esos organismos. Lo hacen en Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Corea del Sur, EE UU o Reino Unido. Una de las propuestas electorales más importantes de López Obrador en México ha sido sacar fuera de la capital algunos ministerios.

Estos organismos estatales tienen un efecto multiplicador con la creación de empleo privado de calidad. Estudios para el Reino Unido y Alemania señalan que por cada 100 puestos de trabajo estatales se crean 55 puestos de trabajo privado directo de calidad y salarios elevados (consultoría, asesoría, ingeniería). El resultado es la creación de hubs (polos) económicos y tecnológicos territoriales en cooperación con universidades y el mundo empresarial local.

Hay otros argumentos favorables. Uno es que reducen el coste de estos organismos para el Estado. Otro es la mejora de la calidad de las políticas regulatorias, al alejarlas del lobby de los negocios de la capital. Y un tercero, fundamental, es que hacen del Estado una institución más inclusiva y mejor vista por los ciudadanos de todos los territorios.

España tiene un grave problema de cohe­sión. El reparto territorial de los organismos y del empleo estatales es parte de la necesaria cura para lograr una prosperidad inclusiva y un Estado más cohesionado.