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México pacta con Uber y Cabify para facilitar el pago del IVA y del impuesto sobre la renta de sus conductores

Los expertos minimizan el impacto fiscal de la nueva medida, que entrará en vigor en 10 días

Un conductor de Uber en Ciudad de México, este febrero.
Un conductor de Uber en Ciudad de México, este febrero. REUTERS

México ha dado un paso hacia la regularización de las aplicaciones digitales de transporte y entrega de comida a domicilio. Estas plataformas retendrán el IVA y el impuesto sobre la renta (ISR) a los conductores que trabajan para ellas, según un acuerdo anunciado este lunes por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con este esquema voluntario, al que se han acogido empresas como Uber, Cabify y Rappi y que se prevé entre en vigor el 1 de junio, los chóferes pagarán un 8% de IVA frente a la tasa general del 16% y entre el 3% y el 9% de ISR frente a una tasa que fluctúa entre el 2% y el 35%, en función de los umbrales de renta. Pese a suponer un avance en la lucha contra la informalidad, el impacto sobre la recaudación tributaria será tenue, según los expertos consultados. 

La medida es voluntaria y algunas plataformas, como la china Didi, han optado por descolgarse. A medio plazo, está previsto que el piloto se convierta en una norma obligatoria para todo el sector, según afirma el principal actor del mercado, Uber. "La idea es que a partir de fines de este año [el Ejecutivo] lo eleve al Congreso para que se convierta en ley en 2020", señala a este diario el responsable fiscal de la firma estadounidense en México, Víctor Díaz Infante. En el último año, México se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre Uber y Didi por el tamaño del mercado y los problemas de movilidad de sus ciudades. A esa competencia se ha sumado, en los últimos meses, Beat, propiedad de Mercedes Benz.

El acuerdo alcanza a cientos de miles de conductores tan solo Uber, por mucho el líder del sector, cuenta con 250.000 conductores en 41 ciudades del país norteamericano. Las plataformas calcularán y retendrán los impuestos para luego entregárselos a las autoridades tributarias. Un esquema que, según la Secretaría de Hacienda, no contradice la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no subir impuestos durante los primeros tres años de mandato, al tratarse de cargas impositivas ya existentes. En los casos de Uber y Cabify, los conductores ya pagaban las tasas generales de ISR y de IVA, pero no había retención previa y tenían que hacer declaraciones mensuales, en vez de una anual como ocurrirá a partir de ahora. 

Dudas sobre el impacto recaudatorio 

Aunque el Gobierno ha apuntado a los beneficios fiscales que la medida puede traer, los expertos consultados minimizan el impacto. "El número de conductores es pequeño y el monto también, por lo que recaudatoriamente no tiene importancia", explica Rodolfo de la Torre, economista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.  Es decir, se trata de un grano de arena en un país que tiene una sector informal que emplea a casi dos terceras partes de los trabajadores y que está a la cola de las economías industrializadas en recaudación, con una presión fiscal del 16% del PIB frente al 34% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ante estas cifras, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), califica de "menor" la repercusión de la nueva medida. "El problema de la recaudación en México no se va a resolver por esto. El Gobierno va tener más ingresos pero el problema de fondo es la informalidad", dice.

En cuanto al impacto sobre el sector, el economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Alexander Elbittar cree que supondrá "un golpe fuerte". "En la medida en que pones impuestos, puede haber menos interesados en prestar esos servicios y afectar al usuario a través de mayores tiempos de espera", asegura.

Sin embargo, al no incluir a todos los operadores del sector, la efectividad del acuerdo será solamente parcial. La ausencia más notable es Didi, el gigante asiático de la movilidad. Desde su desembarco en la capital mexicana hace medio año, ha logrado expandirse a otras 19 ciudades del país gracias a su política de precios más bajos que los de sus competidores. La Secretaría (Ministerio) de Hacienda ha señalado que aquellas aplicaciones que no se unan al acuerdo estarán operando en la informalidad, por lo que ha hecho "un nuevo llamado" a que se sumen a la iniciativa. La compañía china ha justificado que siempre han trabajado "en total cumplimiento con las regulaciones" y que el problema radica en la irregularidad tributaria de los conductores, no de la empresa. "Alentamos a nuestros socios conductores a hacer lo mismo [cumplir con la normativa], incluyendo, por supuesto, el pago oportuno de los impuestos correspondientes", subrayan fuentes de la compañía.

La negativa de Didi "tiene sentido", según Elbittar. "Acaban de llegar al mercado mexicano y todavía no tiene una masa crítica de usuarios", asegura. Además, el hecho de no acogerse al acuerdo con Hacienda puede ayudarles a recortar distancias con las otras plataformas. Cuando la compañía china ingresó al mercado mexicano, la estrategia de prometedores sueldos y promociones llevó a muchos chóferes a migrar a Didi. Una tendencia que podría terminar de asentarse ante la disparidad tributaria. "Muchos conductores de Uber pueden estar dispuestos a irse a Didi", dice el profesor del CIDE.

Frente a este escenario, Díaz Infante, de Uber, confía en que los beneficios de "trabajar en la formalidad", como el acceso al seguro social o a créditos públicos, eviten una migración masiva. Además, las negociaciones entre el Gobierno federal y las plataformas para incrementar los beneficios a los conductores siguen abiertas, asegura el director general de Cabify en México, Ramón Escobar. El ejecutivo de la empresa española subraya la necesidad de regularizar la actividad del sector: "Esto le da peso, reconocimiento".

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