El Santander propone a los sindicatos 3.713 despidos y el cierre de una de cada cuatro oficinas en España

La digitalización y la caída de márgenes por los tipos negativos son las razones que esgrimen los bancos para seguir reduciendo plantilla. El Santander ha planteado este martes a los sindicatos el cierre de unas 1.150 oficinas, el 26,4% del total que tiene en España, que son 4.366 hasta diciembre pasado, según la entidad. También propone la salida de 3.713 empleados, lo que supone alrededor del 11% del total, que asciende a 32.313 personas hasta el cierre del año pasado. Entre las oficinas, 929 de las cerradas serán universales, 200 pasarán a ser de agentes y 21 de las clausuradas son de banca privada. Estas son las pretensiones del banco, que se sitúan en la parte alta de las cifras que se manejaban hasta el momento.

Ahora se abren las conversaciones con los representantes sindicales para negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) que se pretende cerrar este mismo año. El consejero delegado de la compañía, José Antonio Álvarez, afirmó la semana pasada que van “con el mejor ánimo para que el proceso dure el menor tiempo posible”, dijo en la presentación de los resultados del primer trimestre, en el que la entidad ganó un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior. 

El proceso, según explicó CC OO, afectará principalmente a la red comercial, a sus estructuras de apoyo y los servicios centrales, con objeto de “racionalizar solapamientos, redundancias y duplicidades”, una vez finalizada la integración tecnológica entre el Santander y el Popular, banco que adquirió en junio de 2017 después de que fuera intervenido por las autoridades europeas ante sus problemas de liquidez.

El Santander alimenta la estela del sector bancario. Las entidades tenían 45.707 oficinas en 2008 y, tras la crisis y la digitalización, se han quedado con 26.011 sucursales (segúnlas cifras de cierre de 2018 que recoge el Banco de España), lo que significa que han prescindido en una década del 43% de la red para colocarse en el mismo nivel que había en España en 1981, cuando todavía no se habían expandido las cajas de ahorro. La reducción de personal ha ido en paralelo: de los 270.855 trabajadores con los que contaban las entidades en España el año 2008 se ha pasado a 187.472 empleados en 2017, última cifra disponible. A eso hay que sumar los recortes del año pasado y los que las entidades preparan este año.

Este ERE del grupo Santander se suma al que cerró la entidad ya en febrero de 2018, tras la adquisición del Popular, cuando despidió a 1.100 empleados, el 70% de ellos pertenecientes a la entidad adquirida. Los sindicatos confían en que el banco respetará el Protocolo de Fusión firmado el pasado mes de noviembre tras la absorción del Popular a la hora de ejecutar el ERE, que recoge que la entidad se compromete a no recurrir a los artículos de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y despido colectivo del Estatuto de los Trabajadores sin previo proceso de diálogo y participación sindical.

La noticia llega menos de una semana después de que CaixaBank cerrara un acuerdo para un ERE para 2.023 trabajadores, con un coste total de 890 millones. Esto supone un gasto de entre 400.000 y 500.000 euros por afectado, un factor que servirá de presión para las condiciones de los empleados del Santander, que todavía se desconocen. CaixaBank inició el proceso tras decidir que cerraría 800 oficinas en España.  

Un proceso negociado

El Santander renuncia de forma expresa a la toma de medidas traumáticas en procesos de reorganización por la absorción del Popular. “La diferencia entre este ERE y el de otros bancos es que nosotros hemos firmado un protocolo de fusión; el escenario que descontamos es que se respete”, indicaron fuentes sindicales, que aseguran que el Santander “siempre ha sido flexible” en el marco de las relaciones e interlocuciones con los representantes de los trabajadores.

Así, respecto al diseño de las condiciones, los sindicatos esperan que se busque un ajuste parecido al último ERE, aunque reconocen la dificultad, por ejemplo, de fomentar las prejubilaciones, ya que queda “poca masa laboral" con edades avanzadas.

Según el mapa de sucursales, Galicia podría ser unas de las zonas en las que mayor impacto tendrá el ERE, aunque también es probable que la escasez de red del Santander en el norte de España limite la reducción. Así, las oficinas urbanas, como las de Madrid y Barcelona, seguramente serán las más damnificadas dada su elevada concentración.