El Santander se planteó pagar hasta 200 millones por el Banco Popular

El Santander estuvo dispuesto a pagar hasta 200 millones por el Popular, antes de su intervención, según S&P Global Market Intelligence, una división de la agencia de calificación de riesgos de Standard &Poor's.

La firma sostiene que el Santander “pareció anticipar que las autoridades europeas iban a acabar con su rival español, el Banco Popular”, por lo que elaboró un informe interno en el que se planteó ofrecer un máximo de 200 millones por la entidad, “solo semanas antes de que los reguladores tomaran medidas, según documentos vistos por S&P Global Market Intelligence”.

Siempre según esta fuente, el 22 de mayo de 2017 —el banco fue intervenido el 7 de junio— dos altos ejecutivos del banco, José Luis de Mora, director de desarrollo corporativo, y Víctor Matarranz, vicepresidente ejecutivo senior, presentaron el Proyecto Neptuno, que explicaba que “en el caso de un proceso de resolución”, la entidad debería ofrecer entre cero y 200 millones para Neptuno. La nota se refiere también al informe de Deloitte, que la JUR tuvo en cuenta para decidir la resolución ya que de otro modo los inversores "habrían perdido más en un proceso de insolvencia".

Según el documento, la oferta del Santander estaría condicionada a que se liberen bonos por valor de 2.000 millones, como sucedió finalmente. El documento también indica que el Santander tendrá que emitir 7.000 millones de euros a raíz de la adquisición, algo que el Santander anunció el 7 de junio. También dice que Neptuno proporcionaría un retorno de la inversión de más del 13% en el tercer año posterior a la adquisición, como se anunció posteriormente.

La consultora estimó que tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor, y otorgó a la entidad una valoración en el rango de entre 1.300 millones en el mejor escenario y 8.200 millones negativos en el peor.

La versión completa del informe de Deloitte no se ha hecho pública, aunque la consultora ha asegurado que para su elaboración "no había tenido acceso a cierta información crítica", por lo que la valoración debía considerarse "altamente incierta".

El consejero delegado, José Antonio Álvarez, explicó la semana pasada ante la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate a la banca que el problema de una resolución bancaria es que "nunca hay demasiada información ni demasiado tiempo".