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Así se preparan las empresas para el temido control horario que empieza ya

El registro obligatorio de las jornadas puede poner coto a las horas extra impagadas por las empresas, valoradas en 2.900 millones de euros anuales. Las empresas no tienen todavía claros los sistemas

jornada laboral empresas
Los empleados, los sindicatos y la Inspección podrán denunciar a las empresas sin registro.

Este domingo entra en vigor el registro obligatorio de la jornada laboral de los trabajadores españoles. Una norma que ha puesto de uñas a las empresas por temor a que “a partir de ahora nos frían a multas”. Eso dicen algunas de las grandes compañías que han declinado participar en este reportaje. Y es que “el decreto obliga a plantearse las cosas de otra manera. El registro horario significa que nos empieza a preocupar el exceso de presencia en las oficinas y que empieza a gestionarse. Las organizaciones tienen que poner el foco en que el tiempo de trabajo sea efectivo en vez de valorar la permanencia en el puesto”, indica José Antonio González, presidente del Club Dirección de Personas y Organización ESADE Alumni, que cree que la norma “puede poner coto al exceso de horas extraordinarias que se realizan en España y a la extensión de las jornadas en los contratos a tiempo parcial”.

Esos son los principales objetivos planteados por el Gobierno. Un 35% del total de las denuncias por incumplimientos empresariales recibidas por la Inspección de Trabajo en 2018 se referían al tiempo de trabajo, señala el texto, que cifra en 6,4 millones de horas extraordinarias las realizadas cada semana en el país. En los tres primeros meses de este año estos excesos horarios han bajado un 12%. Según Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, no ante la amenaza del registro sino por los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno, por el que la Inspección de Trabajo ha destapado empleo sumergido y precario y lo ha regularizado.

Y lo mismo ha ocurrido con las horas extras no pagadas que, según el INE, han pasado de 2,9 millones a la semana del último trimestre del año pasado a los 2,6 millones de los tres primeros meses de 2019. Una ingente cantidad de tiempo que sería muy onerosa para el empresario, que tendría que pagar cerca de 56 millones de euros semanales por esas horas extras impagadas, o unos 2.900 millones de euros por el año completo. Es la cifra que resulta al multiplicar los excesos de jornada registrados por el INE por el coste laboral medio por hora.

Alarma empresarial

Sin embargo, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, dice: “No comparto que haya horas impagadas, al menos en nuestras empresas, donde tenemos acuerdos de confianza implícitos con los trabajadores”. En su opinión, el registro de jornada genera dificultades para que las pymes se adapten, además de dudas sobre su puesta en marcha, por lo que la organización ha pedido al Gobierno que analice la norma y su efecto real sobre el trabajo. El Ejecutivo ha respondido diciendo que editará una guía práctica este lunes 13. Como la mayoría de las empresas, tilda de arcaico este control horario. Pero no olvidemos que está a la orden del día en los tornos de entrada y salida de la oficina. Y avisa de que va a suponer unos elevados costes para las empresas, tanto en lo que respecta a su implantación como en carga de trabajo.

Las compañías especializadas en proveer estos equipos, preparados para el teletrabajo y el trabajo flexible, les ponen precio. Hay soluciones gratuitas (como la de OpenKM) y herramientas donde el empleado recibe la previsión con su horario y la verifica a diario desde su PC, móvil o tableta o donde ficha su inicio y final de jornada para que sea la empresa quien lo coteje, con geolocalización incluida si se desea, por entre 19 y 39 euros al mes para pymes de hasta 25 empleados y por 500 euros para plantillas con esa misma cifra de trabajadores, explican en Control Laboral, que ha visto duplicada la demanda de estas soluciones modulares desde que se aprobó el decreto en marzo.

En Grupo Spec se ha triplicado, asegura esta firma que vende soluciones en la nube para fichar desde 165 euros al mes y con terminales con lectores ópticos, por wifi o huella digital desde 205. Para una plantilla de 250 personas la instalación de varios terminales (1.200 euros cada uno), la factura sumaría entre 5.000 y 7.000 euros. Los pedidos son fundamentalmente de pymes, puesto que las grandes corporaciones ya tienen sistemas de fichaje, señalan en Spec, donde han visto cómo empresas de soluciones de recursos humanos, como Wolters Kluwer o Sage, empezaban a ofrecer estos servicios al calor de la demanda.

El problema no son los costes de implantación, porque no son altos, asegura el responsable del departamento laboral de Baker & Mckenzie, David Díaz, sino que las empresas están desorientadas porque la norma es muy sucinta y tienen miedo a la inspección laboral. “Pero la mayor contingencia viene de que con el registro hay pruebas por escrito de que se hacen horas extra, ante las que cualquier trabajador, representante laboral o la Inspección pueden demandar a la empresa”. “El decreto facilita notablemente la vía de reclamación”, apoya José Antonio González.

Las multas pueden llegar hasta 6.250 euros, una cifra irrisoria, según fuentes de la Inspección de Trabajo, donde aplauden el registro diario “porque hay sectores que siempre se nos escapan ante la imposibilidad de control vía cuadrantes horarios, como los bancos. Y hoy, con el registro, tenemos el arma necesaria para evitarlo”. “A partir de ahora vamos a actuar para luchar contra las horas extra no pagadas en banca y en actividades con jornadas escandalosas, como el comercio, la hotelería y la seguridad”, añaden. Estas fuentes advierten de que si se abren actas de liquidación, además de la multa, la empresa que defraude tendrá que pagar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social impagados. Algo que afectará sobre todo a las pymes, porque la mayoría de las grandes ya utilizan sistemas para fichar.

Compañías como Iberdrola, Telefónica, Leroy Merlin o Bankia están o han negociado con los representantes de sus trabajadores la inclusión de su sistema de registro en el convenio colectivo. Otras como El Corte Inglés esperan a la negociación sectorial para ello.

“Es importante que la Inspección luche contra las horas extra como ha hecho con los contratos temporales. Y que penalice a las empresas que no hayan implantado el sistema o no hayan abierto el periodo de negociación con los agentes sociales. Posibilitará más empleo y nos llevará a ser más productivos y competitivos”, estima Pino. De momento, los empleados de las empresas que han puesto el registro antes del 12 de mayo ya llegan más pronto a casa.

¿Qué están haciendo las compañías?

Iberdrola. Ha firmado un acuerdo con la representación social para que en el próximo convenio, que se negociará en 2021, quede reflejado el registro mediante sistemas informáticos (70% de la plantilla) y otro tipo de sistemas (30% de la plantilla). "No supone cambios sustanciales sobre lo que veníamos haciendo hasta ahora", sostienen en la eléctrica, donde las políticas de conciliación y trabajo a distancia permanecerán tan activas como hasta ahora.

Telefónica. Según la directora de relaciones laborales de la operadora, Tatiana Espinosa de los Monteros, el registro horario supone un retroceso ante los nuevos modelos de trabajo flexibles y deslocalizados actuales. La compañía ha hecho el preceptivo procedimiento de consulta con los representantes de los trabajadores para definir los pasos a dar para implantarlo, si bien “en la práctica totalidad de los centros de trabajo hay mecanismos de registro de entrada y salida”, asegura. Ambas partes se han dado un tiempo para estudiar los casos de comerciales e instaladores, por ejemplo.

Bankia. Una de las entidades a las que se echa la culpa de que el registro horario se haya hecho obligatorio por ley tras la sentencia de la Audiencia Nacional de 2017, que le llevó a introducir un sistema piloto de control horario que luego desterró, al ser revocada la sentencia por el Tribunal Supremo, negocia también con los sindicatos la fórmula para ponerlo en funcionamiento. La entidad cree que se retomará el citado sistema piloto.

El Corte Inglés. Actualmente toda la plantilla pasa por los tornos para fichar. La compañía pretende implementar las medidas que salgan de las negociaciones sectoriales para cumplir con el registro. Le preocupa especialmente la situación de los mandos y la carga administrativa que supondrá.

Leroy Merlin. La firma de bricolaje cuenta con un sistema tecnológico por huella digital que controla la entrada y salida de su plantilla, así como sus descansos. Le afecta la entrada en vigor del registro, según el director de gestión de recursos humanos, Emilio Ruiz-Roso, "porque nos obliga a negociar el sistema con los sindicatos. Probablemente validaremos el modelo actual".

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