Más mujeres para combatir la corrupción

Una vez terminada la XII Legislatura, cuyo tramo final ha estado marcado por el primer Gobierno español paritario, y en el intenso año electoral en el que nos encontramos, vuelve abrirse un debate recurrente cada vez que se aproximan unos comicios: ¿qué pasa con las cuotas de género?

Las comúnmente denominadas cuotas electorales de género -que son un requisito para la formación de listas electorales en nuestro país desde la Ley 3/2007- son solamente un medio, no el fin en sí mismo; y el auténtico fin de la paridad electoral no es otro que permitir que las mujeres aporten sus puntos de vista, su sabiduría y sus ideas al proceso de toma de decisiones políticas.

Entre aquellos que se oponen a este mecanismo se extiende la creencia de que los candidatos deberían ser los más capaces y preparados para representar a sus electores, independientemente de si son hombres o son mujeres. Ahora bien, ¿de verdad creemos que cada uno de los representantes políticos que conforman el Congreso de los Diputados son realmente las personas más preparadas?

En su lugar, reflexionemos sobre los aspectos positivos que las mujeres aportan a la democracia. En el ‘Informe sobre la Democracia en España 2018’, recientemente publicado por Fundación Alternativas, Pablo Fernández-Vázquez y Miguel Pereira evalúan empíricamente cómo la presencia de mujeres en los Gobiernos locales constituye un factor que reduce los niveles de corrupción; no solo a corto, sino también a medio plazo.

Para corroborar esta relación causal y su dirección, comparan las acusaciones formales de corrupción a los miembros de distintos gobiernos locales, y los niveles de expansión urbanística -como indicador indirecto de la corrupción, pues su medición de manera directa es difícil al tratarse de un fenómeno clandestino- en municipios con población justo por encima y justo por debajo del límite a partir del cual las cuotas de género son obligatorias. De esta manera observan que aquellos municipios donde las listas electorales son paritarias presentan una menor tendencia a la corrupción.

Si realizamos una interpretación positiva podemos avalar la idea de que las mujeres en cargos políticos tienden a actuar más honradamente y a utilizar el poder de forma proactiva y constructiva. Aunque lo idóneo sería su inclusión en las listas sin necesidad de mandatos legales, aprovechemos la existencia de este mecanismo para conseguir gobiernos e instituciones más transparentes, íntegras e igualitarias.

El aumento de los escaños ocupados por mujeres significa un paso muy importante para el empoderamiento femenino. Mediante las cuotas se hizo posible la representación parlamentaria de la mitad de la población -pues las mujeres no somos un grupo o minoría-. Además, la imagen de un hemiciclo paritario y la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad ofrece referentes femeninos de todas las ideologías -no olvidemos que el feminismo es un fenómeno transversal- a las futuras generaciones de mujeres, al mismo tiempo que tienen cierto efecto transmisor hacia el comportamiento del resto de poderes y entidades. Así ha ocurrido, por ejemplo, en este último Gobierno de Pedro Sánchez formado por once ministras.

La imagen de un hemiciclo paritario y la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad ofrece referentes femeninos de todas las ideologías

Si bien es cierto que la regulación legal de las cuotas ha permitido el acceso en condiciones de igualdad a las Cámaras, es fundamental que este comportamiento se contagie a otros ámbitos, especialmente en los puestos de dirección, como pueden ser el poder judicial, el poder económico o las empresas y organismos públicos, a todos los niveles de gobierno. A pesar de los avances, el techo de cristal todavía no se ha roto.

Más allá del número, reparemos en esta oportunidad para que los valores que tradicionalmente se han considerado femeninos pasen a ser asuntos del espacio público: que se sitúe en el centro de la política la crisis de cuidados y la reorganización de la división del trabajo, comprendiendo la lógica de la cooperación y la atención a menores y dependientes como una tarea que nos atañe a todos.

Por supuesto, la clave de la igualdad de género reside en trabajar en materia socioeconómica, así como en programas educativos y en el mundo de la cultura en su conjunto, siempre teniendo claro el objetivo de reformar las estructuras de poder. Pero mientras tanto no retrocedamos en este lento y progresivo camino hacia la igualdad, ni pongamos en duda la capacidad de las cuotas electorales para el desarrollo político y social.

* Ana Lascorz es analista política de la Fundación Alternativas