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El gasto público avanzó en 2018 al mayor ritmo desde 2009, año en el que en medio de la recesión y animado por el G20 el Gobierno de Zapatero intentó contrarrestar el desplome de la actividad con estímulos fiscales. Entre 2012 y 2017, bajo el Gobierno del PP, los desembolsos de las Administraciones o bien se recortaron o bien experimentaron crecimientos raquíticos. Pero en 2018 se ha dado un claro cambio de tendencia. El gasto público aumentó en 22.515 millones de euros, un incremento por debajo de los anotados entre 2007 y 2009, cuando los desembolsos subían a ritmos superiores a los 35.000 millones, pero solo ligeramente por debajo de los registrados en 2004 y 2005, años en los que sin embargo el PIB nominal crecía al 6% o 7%, casi el doble que ahora.

Es más, el año pasado el gasto alcanzó un máximo histórico al tocar los 500.641 millones de euros, superando el anterior pico registrado en 2012 con 500.177 millones. Es decir, se han recuperado los niveles en euros.

No obstante, en porcentaje de PIB se sitúa en el 41,4%, y por tanto en relación con la riqueza del país sigue muy lejos del 48,1% que se contabilizó en 2012, en parte porque entonces el PIB caía hundiendo el denominador. De hecho, todavía se encuentra a gran distancia de la media de la UE, en el 45,8% del PIB, y de la zona euro, en el 47%, según cifras de Eurostat de 2017.

El medio billón de euros tampoco representa lo mismo que en 2012 en cuanto a poder de compra. Entre ese año y 2018 la inflación fue del 7,2% y, en consecuencia, ese gasto en realidad resulta un 7,2% menor.

Además, la composición es muy distinta, al haber ganado peso los capítulos de pensiones y funcionarios, y en cambio destinarse una menor proporción a inversiones, I+D o el resto de políticas sociales.

En 2018, el gasto creció un 4,7%, por encima de lo que aumentó el PIB incluyendo la inflación, un 3,6%. Lo cual significa que los desembolsos de la Administración están engordando más allá de lo que mejora la capacidad económica, lo que podría empeorar el agujero presupuestario. Sin embargo, el aumento se ha visto acompañado por una recaudación que se disparó un 6%, casi duplicando lo que creció la economía. A su vez, eso ha permitido que se redujese el desfase presupuestario entre ingresos y gastos. El déficit público bajó desde el 3,1% del PIB de 2017 —que en euros fueron 35.903 millones— hasta el 2,6% con el que se cerró en 2018 —31.805 millones—.

No obstante, organismos como la Comisión Europea critican que la mejora de los ingresos se deba exclusivamente al ciclo económico, y no a reformas que aseguren que la recaudación sea estructuralmente más alta. En consecuencia, de producirse una recaída de la economía, puede correrse el riesgo de que se repita lo ocurrido al inicio de la crisis, cuando los ingresos se desplomaron en 66.000 millones de euros en solo dos años.

Y estos no se restablecieron hasta 2017, cuando se obtuvieron 442.223 millones, solo 382 millones menos que en 2007. El año pasado ya se logró el récord al recaudarse 468.836 millones. Sin embargo, en relación al PIB los ingresos están en el 38,8%, por debajo del 41% registrado en 2007. Y distan mucho del 44,8% recaudado en la UE y del 46,1% de la zona euro.

Un tercio de los 22.515 millones que ha aumentado el gasto se debe a las transferencias sociales, que suben en 7.382 millones por las pensiones. Estas se elevan por dos motivos: la revalorización que pactaron PP y PNV. Y la incorporación de un mayor número de pensionistas, que además cobran prestaciones más altas por haber cotizado más.

La partida de personal engorda en 3.972 millones, un 3,2%. Si bien la revalorización que acordó el Gobierno de Rajoy fue hasta el 2%. De modo que un tercio del incremento es por contrataciones. En este sentido, destacan las alzas de Baleares, Valencia, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha. Una parte de estos gastos, la mejora de pensiones y sueldos de funcionarios por valor de 6.000 millones, ya la había aprobado el Ejecutivo popular.

La inversión suma 2.981 millones, un 13% más coincidiendo con la proximidad de las elecciones. Los consumos escalan en 1.817 millones, un 3,1%. Los intereses repuntan en 498 millones, un 1,7%. Y otros empleos engordan en 4.996 millones, entre los que se incluyen unos 2.000 millones en provisiones por las autopistas quebradas. También se ha adelantado, entre otros, el pago de créditos fiscales a empresas por valor de 1.000 millones. Dado que en 2018 la Comisión solo quería que se bajase del 3% de déficit para que España saliese del procedimiento de tutela, cabe preguntarse si el Gobierno concentró estos gastos el año pasado a fin de generar margen con el que tener más fácil recortar el déficit este año.

Junto a la caída del ahorro, el alza del gasto público explica en buena medida que la economía española esté resistiendo mejor que otras la ralentización global.