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Euskadi tiembla ante la posibilidad de perder el control de Euskaltel

No es la primera firma que impulsada desde el sector público acaba desvinculada o con lazos testimoniales

Una de las oficinas de Euskaltel en el casco antiguo de Bilbao.
Una de las oficinas de Euskaltel en el casco antiguo de Bilbao.

Llueve sobre mojado. La irrupción del fondo británico Zegona como accionista mayoritario de Euskaltel ha hecho saltar todas las alarmas en Euskadi. El recuerdo de pérdidas como el BBVA que ha limitado su arraigo a Euskadi a la sede social, las recientes compras de ITP por parte de Rolls Royce, de Gamesa por Siemens, o la más antigua compra de Petronor por Repsol -aunque sus centros industriales sigan amarrados a Euskadi-, y otras más dolorosas como las de Guascor a la multinacional norteamericana Dresser-Rand, o Sidenor a la brasileña Gerdadu, -aunque finalmente volvió a manos locales en 2016- han hecho revivir los temores de perder el arraigo de Euskaltel a Euskadi y su centro de decisión. El Gobierno vasco estudia con otros accionistas de referencia recuperar el control accionarial para evitar que la compañía que nació como una apuesta de país y con fuertes inversiones públicas, acabe en manos de un tercero.

La guerra por el control de la compañía parece ya larga, y sin embargo no ha hecho sino comenzar. El fondo británico ha pasado a tener el 20,94% de la empresa, desbancando a la entidad financiera que surgió de la fusión de las cajas de ahorro vascas, Kutxabank, con el 19,8%, y han saltado todas las alarmas. Sin embargo, como le han recordado al Ejecutivo vasco todos los partidos de la oposición, tanto el Gobierno autonómico como la propia Kutxabank e Iberdrola, se lo empezaron a poner en bandeja con desinversiones progresivas que le han facilitado el camino. En 2012 la foto accionarial era: Kutxabank con el 68%, Iberdrola (11,85%), Endesa (10,64%), Gobierno vasco (7,5%) y el grupo cooperativo Mondragón el 2,13%. Tres años después, justo antes de salir a bolsa, el 1 de julio de 2015, Kutxabank tenía el 49,9% de la compañía, el fondo de inversión Trilantic e Investindustrial el 48,1% e Iberdrola el restante 2%.

El contrataque se está gestando. El Gobierno vasco de la mano de la BBK, el accionista mayoritario de Kutxabank podría superar a Zegona si invierte los 70 millones que tiene en un fondo. De momento solo es una advertencia que cuenta con el placet del lehendakari, Íñigo Urkullu, que esta semana ha dicho que estarán atentos a cualquier movimiento que ponga en peligro el empleo o el arraigo de Euskaltel a Euskadi. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se ha mostrado favorable incluso a entrar en el accionariado si hay movimientos para diluir la presencia de la operadora de telecomunicaciones en Euskadi. Pero no será tan fácil. Zegona cuenta con el visto bueno de otros dos socios de Euskaltel, Artemis y Capital Income, con el 3,75% y el 5% respectivamente. Es decir se acerca al 30% de la compañía vasca, aunque lejos del 51% que le daría el control necesario.

Como en los casos de Guascor o de Sidenor, en los que el sector público prácticamente reflotó las firmas para acabar cediendo sus centros de decisión fuera del País Vasco, el éxito inicial de Euskaltel fue la capacidad de competir debido a su red de cable y el apoyo del sector público en los momentos críticos. En 2012, la firma atravesó uno de ellos. Un tribunal de París le condenó en un laudo ratificado por el Tribunal Superior del País Vasco a indemnizar a Orange con 222 millones de euros, cuando los ingresos un año antes habían sido de 333 millones, por romper la alianza entre ambas.

Era un momento complicado. Euskaltel ya estaba abierto a la entrada de nuevos socios y prácticamente diseñando su salida a bolsa, que se produciría tres años después. El crédito se lo concedió Kutxabank. En el mismo Consejo de Administración aprobaron la compra al Gobierno vasco de su principal activo para salir al mercado, 455 kilómetros de canalización de red troncal en las tres capitales vascas, más de 650 kilómetros de la red capilar en los principales municipios de Euskadi, incluidos unos 500 kilómetros de cable de fibra óptica. Una operación autorizada por el Parlamento vasco con los votos en 2012 del PNV, PSE y PP por 68 millones de euros.

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