La Audiencia Nacional pone coto a los contratos de trabajo ‘a dedo’ en RTVE

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La Audiencia Nacional obliga a RTVE a tener una relación de puestos de trabajo y considera que la corporación estatal debe regirse por los mismos principios que el empleo público, que básicamente  son: igualdad, publicidad, mérito y capacidad. La sentencia es consecuencia de una demanda interpuesta por el sindicato CGT, que reclamaba tener los datos de empleo en la corporación para  poder elaborar una radiografía real de la plantilla y, al mismo tiempo, tener instrumentos para saber cómo se retribuyen los puestos.

Esta sentencia pone coto a la opacidad con la que se ha actuado en RTVE en cuanto a la contratación de periodistas. Esta falta de control, según el sindicato, dio lugar a la creación, durante la etapa del anterior equipo de gestión encabezado por José Antonio Sánchez, de una "Redacción paralela" en TVE formada por profesionales de fuera de la casa para desarrollar tareas informativas, pese a que la corporación cuenta con una plantilla de alrededor de 6.400 personas. Periodistas externos se hicieron cargo de las áreas informativas más importantes, relegando a los miembros de la plantilla a puestos de menor relieve.

La sentencia sostiene que "está sin duda justificado que así sea pues de otro modo se abriría una ingente posibilidad de contratación discrecional de personal, con todos los riesgos que ello conlleva, en sociedades que por mucho que actúen sujetas al derecho privado (...) están participadas total o mayoritariamente por la Administración, es decir, que han sido constituidas con recursos públicos".

CGT considera que esta sentencia, contra la que cabe recurso, es un paso adelante para lograr una mayor transparencia en RTVE y ofrece una base jurídica para "denunciar la contratación a dedo, sea de trabajadores o de directivos". Señala también que la misma opacidad y discrecionalidad que ha marcado la contratación de periodistas se ha extendido a toda la política de personal, desde el acceso al banco de datos de becarios hasta los traslados mediante adscripciones temporales (de facto indefinidas) no reguladas en convenio. Altos cargos contratados por la anterior presidencia de RTVE obtuvieron la fijeza recurriendo a los tribunales gracias a unas prácticas que, según los sindicatos, eran claramente fraudulentas.

La Audiencia Nacional sostiene que todo el sector público está obligado a aplicar determinadas normas, como las relativas a un código de conducta o unos principios rectores de acceso  al empleo público y personas con discapacidad

Por su lado, RTVE anunció a través de un comunicado, que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.