RTVE: queda mucho por hacer

Hace días este medio publicó un artículo del catedrático de Comunicación Enrique Bustamante, titulado ‘RTVE en momentos decisivos: la democratización y consolidación del servicio público’, en el que se vertían afirmaciones que creo necesario replicar. Me limitaré a lo esencial. La primera, se refiere al juicio personal que hace sobre los que han sido miembros del Consejo de RTVE en los últimos 38 años. Critica que se haya elegido a “los consejeros y al director general de entre los militantes más fieles de los partidos en el Gobierno y en la oposición, generalmente coincidentes con los que menos sabían de ese campo…”.

Esta afirmación, de quien ha sido secretario del Comité de Expertos que evaluó a los candidatos a la Presidencia y Consejo de Administración de la CRTVE, es -en el mejor de los casos- imprudente y muestra un profundo desconocimiento de quienes han ocupado este cargo. En mi caso, he sido consejero durante18 años -siempre elegido por 2/3 del Congreso o el Senado-, tengo una antigüedad en RTVE de 35 años, en los que he desarrollado todo tipo de funciones profesionales y he dirigido el equipo técnico que, entre otras cosas, elaboró leyes como la Ley General de Comunicación Audiovisual, la de Financiación, o el Mandato marco, y sostuve la posición española ante la Comisión Europea y el TJUE.

Es un juicio que deslegitima a las Cortes Generales -quienes finalmente elijen al presidente y a los consejeros- y al propio Comité de Expertos, cuyos miembros han sido seleccionados por los grupos parlamentarios en un reparto por cuotas. Dos de los expertos -incluido su presidente- han sido consejeros de RTVE, y una directora general elegida directamente por el Gobierno y consejera en RTV Madrid. El propio profesor Bustamante formó parte de un ‘Grupo de Sabios’ elegidos por un partido, el PSOE, para elaborar un informe sobre RTVE en vísperas de las elecciones generales de 2004. En todos estos casos ¿se eligieron a los “militantes más fieles”, “entre los que menos sabían”? Con esta opinión quizás debería haber rechazado formar parte del Comité porque se puede cuestionar la imparcialidad de su criterio.

En segundo lugar, cuando se habla de “selección transparente en función de los méritos y la capacidad” de “expertos de todas las ideologías” hay que recordar que el tema ideológico ni puede ni debe ser evaluado, y que se han presentado más de una veintena de recursos que cuestionan la legalidad y la ausencia de justificación razonada de sus decisiones que, en ocasiones, han excedido ampliamente los límites establecidos por las normas y la jurisprudencia para la discrecionalidad técnica en los procesos de selección. El concurso de méritos es un procedimiento administrativo sometido a las garantías que establece la ley.

En tercer lugar, sobre las alusiones al modelo de la BBC en la elección de presidente y consejeros, decir que este proceso, aunque pueda parecer lo contrario, hará del modelo español, cuando funcione correctamente, un referente público europeo por encima del desarrollado para la BBC, en el que la evaluación de candidatos se hace por empresas consultoras privadas de recursos humanos. En 2016 y 2017, Odgers Berndtson.

En lo referente al modelo alemán, ciertamente, la organización y gobernanza de Alemania y España de sus servicios públicos de radiodifusión es distinta, porque distinta es su realidad nacional, pero tienen un elemento común: su misión y su financiación tienen que ser compatibles con el Tratado de la UE. Si bien Alemania tiene asentados los criterios de la Comisión (no compete a los servicios públicos de radiodifusión, incluidos sus órganos internos de control, decidir sobre el alcance de sus actividades y existe una clara diferencia entre la encomienda y la independencia editorial, que sí compete a los servicios públicos de radiodifusión), en España la imprecisión es mayor. Un riesgo elevado, ya que su incumplimiento puede conllevar la consideración de la financiación pública de RTVE como ayudas de Estado incompatibles con el Tratado de la UE.

Tras las elecciones europeas será necesario revisar la normativa del servicio público de radiodifusión para adaptarlo a la realidad del consumo de los servicios audiovisuales

Al obviar el modelo europeo se olvida la necesidad de que, tras las elecciones europeas del 26 de mayo, se revise el marco normativo del servicio público de radiodifusión para adaptarlo a la realidad del consumo de los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información de 2019, y a la lucha contra la desinformación. Actualización que debe alcanzar a la normativa nacional sobre RTVE que tiene una antigüedad superior a 10 años.

También queda pendiente lo relativo a RTVE como SME. La estructura de capital, los flujos de caja, las inversiones aplazadas, las infraestructuras, el rejuvenecimiento de la plantilla –en 2020 el 68% tendrá más de 50 años– o la negociación colectiva son problemas estructurales, derivados de la ‘infracompensación’ del servicio público prestado entre 2012 y 2018.

En cuarto lugar, no creo que el Proyecto de Presupuestos Generales 2019 sea “un signo positivo provisional”. El incremento del 9,5% de la aportación estatal vía PGE no sólo es “claramente insuficiente”, es preocupante. El resto de los ingresos no tienen un crecimiento análogo, no se abordan nuevos escenarios para garantizar la suficiencia financiera (derivados, por ejemplo, de la publicidad digital y de los nuevos servicios audiovisuales), ni lo relativo a inversiones o la fijación de un límite presupuestario máximo y mínimo acorde con las obligaciones encomendadas.

No se establece un tratamiento específico del IVA soportado por la CRTVE. Un “problema” con una dimensión patrimonial en las cuentas anuales 2017 de 297,8 millones de euros y con un efecto de tesorería de 145,3 millones de euros, que se agravará en las cuentas de 2018. Finalmente, no contempla un escenario de nuevos ingresos derivados de la Tasa por Reserva de Espectro Radioeléctrico por la subasta de las frecuencias 5G. Dicho esto, el trámite parlamentario puede propiciar que algunas de estas materias se incorporen vía enmienda.

Dos conclusiones: Primera: solución cuanto antes del concurso, sí. Una Presidencia Única Transitoria no es la situación ideal y, por definición, va perdiendo legitimidad conforme pasa el tiempo, pero un concurso público que no respete la legalidad, la transparencia o sea sospechoso de arbitrariedad nace deslegitimado. Segunda: la elección del nuevo presidente y Consejo de Administración no define ningún modelo de Transformación de la CRTVE. El cambio de la Dirección no cambia la Corporación. Queda mucho por hacer.

* Miguel Ángel Sacaluga Luengo es abogado y periodista