La Audiencia Provincial absuelve a la cúpula directiva de Caja Segovia por prejubilaciones millonarias

Más información

Los exdirectivos de Caja Segovia se sentarán en el banquillo por las prejubilaciones

El juez investiga la hipoteca de Caja Segovia para pagar deudas de Bankia

Los responsables de Caja Segovia explican al juez las pensiones millonarias

La Audiencia Provincial de Segovia ha dictado este martes una sentencia absolutoria por un plan de prejubilaciones por encima de 17 millones de euros contra tres exmiembros del consejo de administración y del comité de retribuciones de la Caja de Ahorros de esta provincia, así como para otros tres exdirectivos, por un supuesto delito de apropiación indebida agravado por otro de administración desleal, y otros cinco miembros de la dirección por su condición de responsables a título lucrativo y a la entidad aseguradora Caser.

La sentencia, tras el juicio celebrado entre los meses de enero y febrero, presidido por el magistrado José Miguel García Moreno, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, declara de oficio las costas a excepción de las causadas a Juan Bautista Magaña Busutil, que se imponen expresamente a la Fundación Caja Segovia, que ejerció como acusación particular, para quien las defensas habían pedido hacerse cargo de todas las costas, junto a la acusación popular de Izquierda Unida, por entender que habían actuado de mala fe. La Fiscalía siempre ha mantenido la inocencia de los acusados y la ausencia de cualquier tipo de delito.

En el banquillo se sentaron quien fuera presidente de la entidad, Atilano Soto, así como los exvicepresidentes Elena García Gil y Manuel Agudíez, miembros también del comité de retribuciones, y el exdirector general Manuel Escribano, quien ejercía de secretario general, Antonio Tapias, y el exjefe de recursos humanos, Enrique Quintanilla, para quienes llegaron a pedir entre dos y seis años de cárcel. También figuraban como acusados como partícipes a título lucrativo los miembros del equipo de dirección Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo, Juan Antonio Folgado y la compañía aseguradora Caser.

En el texto, la sentencia recoge que “no ha quedado probado que se hubieran producido notables e injustificados aumentos de retribuciones (…) y tampoco ha sido ofrecida prueba con virtualidad suficiente para concluir que las retribuciones de los directivos de Caja Segovia y que sirvieron de base para las prejubilaciones fueran desproporcionadas”.

Asimismo añade que “no ha sido ofrecida ninguna prueba de la que se desprenda que sus respectivos importes fueran ilegales o alegales, ni siquiera desproporcionados en relación con las retribuciones de los directivos de otras entidades de similar volumen y, en todo caso, debe tenerse en cuenta que las cuentas anuales de Caja Segovia presentaban siempre beneficios, por lo que si las remuneraciones de los directivos pudieran parecer elevadas en todo caso no recompensarían fallos, y no parece que contrariaran las políticas contenidas en la Recomendación de la Comisión Europea”.

Otro de los argumentos de la Sala es que “no ha sido ofrecida prueba alguna” de la que se desprenda que Caja Segovia recibiera ayudas públicas antes de la integración en el SIP de las siete Cajas que se integraron en el Banco Financiero y de Ahorros del que surgió Bankia, y que “los acusados no ejecutaron inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal con respecto al dinero de la entidad que administraban, ni siquiera puede afirmarse que incurrieran en excesos de sus facultades de administración ni en actos de abuso en el ejercicio de sus competencias”.

El expresidente de la entidad, Atilano Soto, que fue presidente de la Diputación con el PP, partido del que se encontraba apartado, ha mostrado su satisfacción tras el fallo y ha asegurado que la “causa ha sido una cierta persecución, una acusación realmente temeraria que nos ha dejado con una postración social muy importante durante un largo tiempo que, por fin, ha sido liberada gracias a la sentencia”. Según Soto, el plan de prejubilaciones tenía por objetivo “fortalecer los talentos de la Caja”, para que continuaran otros cinco años y hubiera salidas ordenadas, con el fin de que se pudiera desarrollar un plan estratégico, que luego no se puso en marcha.

Según Soto, las prejubilaciones se habían aprobado por el conjunto del consejo de administración con el visto bueno de la comisión de control y del comité de auditoria, además de que lo conocían desde la Junta de Castilla y León al Banco de España o la CNMV. Sobre este aspecto el expresidente se ha preguntado: “¿Qué faltaba, algún angelito del cielo que tuviera que poner la mano a favor de nuestra autenticidad y verdad?”.