El juez investiga la hipoteca de Caja Segovia para pagar deudas de Bankia

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia, Jesús Martínez Puras, ha empezado este miércoles a tomar declaraciones a los miembros del consejo de Caja de Ahorros de Segovia con el fin de averiguar si existe delito societario por haber hipotecado varios inmuebles, entre ellos el histórico Torreón de Lozoya, para hacer frente al pago de una deuda tributaria de 6,8 millones de Bankia. Esta deuda surgió de una operación inmobiliaria de la sociedad Navicoas-Asturias, en la que participaba la entidad de ahorro, pero que presuntamente correspondía a Bankia.

El polémico caso, donde se ha visto implicada la joya de la corona de lo que fue la obra social y cultural de Caja Segovia, como es el torreón medieval situado en pleno casco histórico, ha sido motivo de protestas ciudadanas. El rechazo social se vio alentado por otras decisiones polémicas, como el pago de millonarias prejubilaciones a los exdirectivos, un hecho que investiga otro juzgado, mientras que la fundación en la que ha quedado convertida la entidad ha tenido que ceder a los Ayuntamientos sus centros sociales y permanece sin apenas actividad, asfixiada por los intereses del crédito.

En el auto de imputación, Martínez Puras sostiene que el consejo celebrado el 17 de julio de 2012 adoptó un acuerdo para solicitar el préstamo hipotecario al Banco Financiero y de Ahorros, del que Bankia es filial, sin una base legal sólida y en grave perjuicio económico para la entidad. Con ello, se pone en duda que actuara en defensa de los intereses de la caja, de sus socios y de sus depositarios.

Además, se achaca a los gestores de Caja Segovia haberla endeudado para solventar la deuda tributaria de una empresa participada que ya estaba declarada en concurso de acreedores, sin que la Agencia Tributaria hubiera dirigido responsabilidad subsidiaria alguna; y por otro lado, no está claro que, según el juez, si se debía responder de esa deuda, no tuviera que hacerlo el Banco Financiero y de Ahorros o Bankia, en vez de tenerlo que hacer la caja.

Riesgo de aumento del pasivo

Los exvicepresidentes de Caja Segovia, Manuel Agudíez (PSOE) y Elena García Gil, que entonces fue vicesecretaria provincial del PP y ahora desempeña un cargo directivo en la Federación Nacional de la Mujer Rural, han sido los primeros en declarar. Ante el juez, han coincidido en que se realizó el pago porque la Agencia Tributaria no dejaba otra opción, ya que si no se aceptaba el acta sancionadora la deuda podría llegar a 75 millones de euros, incluidos intereses. Además, han explicado que el objetivo era reclamárselo después a Bankia, que se negaba a abonarlo argumentando que no era su responsabilidad en base al Sistema Institucional de Protección (SIP). De hecho, la Fundación de Caja Segovia, personada en el caso —en cuya gestora forma parte ahora García Gil— emprenderá acciones legales contra Bankia, cuando esté constituida formalmente, con el fin de que se haga cargo de la deuda y levantar la hipoteca.

Andrés Herzog, que ejerce la acusación particular por UPyD, también personada en el caso, como IU, ha preguntado a los imputados por qué los consejeros asumieron una deuda que no tenía relación directa con Caja Segovia, así como por qué entendieron que había una responsabilidad subsidiaria fiscal, pero no han hallado respuesta. Para el letrado y diputado del partido magenta, este asunto “es un buen ejemplo del daño que ha hecho la politización de las cajas”.

Asimismo, Herzog ha puesto de manifiesto “divisiones” entre los miembros que llegaron al consejo por el PP ya que unos, como García Gil, defienden lo acertado de la decisión, y otros argumentan que no fueron informados correctamente. De hecho, también defienden que el pago de la deuda tributaria únicamente debió realizarse con el propósito oculto de que sus administradores vinculados a esta entidad —Agudíez, secretario de la sociedad, y el jefe de riesgos de la entidad, Óscar Javier Varas— eludieran sus respectivas responsabilidades no solo tributarias y mercantiles, sino también las posibles penales en que pudieron incurrir por la presunta comisión de un delito contra la hacienda pública.