Los responsables de Caja Segovia explican al juez las pensiones millonarias

Los miembros del comité de retribuciones de la extinta Caja de Ahorros de Segovia han comenzado este lunes a prestar declaración ante el juez imputados por un presunto delito de administración desleal. Durante su gestión, los directivos aprobaron supuestamente prejubilaciones y planes de pensiones multimillonarias para ocho directivos que, en su conjunto, superaron los 34,1 millones de euros, según denuncia el abogado Andrés Herzog, de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación particular junto con la Confederación Intersindical de Cajas.

Los primeros en pasar ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y Mercantil han sido los antiguos presidente y vicepresidente de la entidad, Atilano Soto (PP) y Manuel Agudíez (PSOE), que han declarado por separado ya que también formaron parte de la comisión de retribuciones. En los próximos días siguientes, explicarán su versión de los hechos al juez Jesús Marina Reig la secretaria de la comisión, Elena García Gil, que también fue vicesecretaria provincial del PP, y el exdirector y el exsecretario Manuel Escribano y Antonio Tapia, ambos beneficiados por las pensiones. El magistrado decidirá después si toma declaración a todos los miembros del consejo de administración, como le pidieron el fiscal y las acusaciones.

A la vista de las primeras declaraciones, Herzog mantiene la teoría de que los directivos trataban bien a los miembros del consejo de administración a través de “viajes y prebendas” para que, a su vez, éstos les aprobaran las aportaciones pertinentes a sus planes de pensiones. Esto, ha añadido, se decidía sin hacer demasiadas preguntas, hasta el punto de que los debates en el consejo se limitaban a ratificar lo que presentaban estos altos cargos.

En su opinión, Atilano Soto, que ha asegurado que ejercía una presidencia honorífica y sin responsabilidades ejecutivas, ha reconocido que en 2008, cuando se modifica por primera vez el plan de prejubilaciones y se flexibilizan todos los requisitos para poder acceder a él, ya se sabía que Caja Segovia iba a integrarse en una entidad superior —Bankia—, como así fue. Por este motivo la acusación piense que, en vez de rescatar el plan, se aceleraron las dotaciones hasta el punto de que, solo en 2010, alcanzaron los 11 millones de euros para prejubilaciones de ocho personas.

Según Herzog, los directivos, "sabiendo que se les acababa el chollo, en vez de velar por los intereses de la entidad, lo hicieron por los suyos personales, otorgándose cantidades estratosféricas y fuera de lugar para una caja que lo ha perdido todo y con una fundación al borde de la quiebra".

Argumento de la defensa

Para la defensa de la mayoría de los miembros de la comisión, a excepción de García Gil, ejercida por el letrado Luis Rodríguez Ramos, “es absolutamente insostenible" que pueda haber administración fraudulenta, tipificada en el artículo 295 del Código Penal, teniendo en cuenta la jurisprudencia al respecto emitida por el Tribunal Supremo. Por el contrario, piensa que hay “temeridad” en el ejercicio de acciones penales por parte de las acusaciones denunciantes, lo que está originando “graves daños morales y materiales" a sus defendidos.

De hecho, según los letrados, al ser preguntados al respecto por la defensa, Soto explicó que había sido insultado en la calle, cuando acudía al juzgado, y Agudíez rompió a llorar, sin poder articular palabra, por lo que el juez dio por concluida su declaración. Según Rodríguez Ramos, "es absolutamente injusto que a una persona honrada le digan que ha cometido delitos cuando se ha limitado simplemente a cobrar unas dietas por asistir a unas reuniones (…) están sufriendo vejaciones absolutamente injustas porque no han cometido ningún delito y, aclarado todo y agotada la investigación, lo lógico sería que termine en archivo y sobreseimiento".

Por su parte, Herzog ha lamentado que Soto y Agudíez se hayan negado a responder a las acusaciones lo que, en su opinión, les ha impedido preguntar sobre muchas cuestiones, como viajes o si había tarjetas de crédito opacas. Tampoco han explicado cual era el beneficio de abonar estas altas cifras de prejubilaciones para Caja Segovia.

Torreón de Lozoya

Soto y Agudíez, junto a los miembros que estaban en el consejo de administración el 17 de julio de 2012, también deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia, el próximo 5 de febrero. El magistrado ha dictado un auto en el que se imputa formalmente la comisión de un presunto delito societario a todos los consejeros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha informado que la imputación se basa en que el consejo adoptó un acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros, del que Bankia es filial, un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 6.864.611,04 euros. Como garantía, entre los bienes hipotecados, figuran inmuebles emblemáticos de lo que fue obra social, como el torreón medieval de Lozoya, ahora convertida en fundación pero sin apenas personal y actividad, asfixiada por el pago de intereses.

El importe del préstamo se destinó a garantizar el pago de la deuda tributaria atribuida a Navicoas Asturias, donde Caja Segovia participaba en un 50%, por el impuesto de sociedades de 2007. El Juzgado considera que el consejo de administración concertó el préstamo sin una base legal sólida y en grave perjuicio económico de Caja Segovia. Asimismo, de acuerdo con las fuentes judiciales, entiende que el consejo de administración no actuó de la mejor de las formas a la hora de velar por los intereses de la Caja, de sus socios y de sus depositarios.