El auditor de Bankia asegura que Rato le mintió: “Dijo que iban a pasar cosas que no pasaron”
Francisco Celma relata una "conversación privada" en la que el expresidente de Bankia le preguntó cómo iba a ser la opinión de auditoría y le pidió un avance por escrito
Es uno de los misterios del juicio por la salida a Bolsa de Bankia: en qué consiste el documento que se ha mostrado varias veces durante los interrogatorios y que parece ser una opinión favorable del auditor, Deloitte, a las cuentas de 2011 de la entidad, esas que finalmente se presentaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin informe de auditoría y que precipitaron la crisis del gigante bancario. Francisco Celma, el socio auditor de Deloitte, lo avanzó ayer y lo ha repetido hoy: "Nunca hice un borrador". Pero hoy, a preguntas de Andrés Herzog, el abogado que presentó la querella que ha desembocado en este juicio, Celma ha sido mucho más prolijo y ha relatado una conversación telefónica que mantuvo con Rodrigo Rato el 18 de abril de 2012 "por la noche".
La secretaria de Rato le llamó a última hora y le pasó con el presidente de Bankia, que le preguntó cómo iba la elaboración del informe de auditoría. Celma, siempre según su relato, aprovechó para recordarle que le faltaba la documentación y que no había podido terminar el trabajo. A lo que Rato le dijo que no se preocupara, que la tendría, y le dio una noticia: que se iban a inyectar 7.000 millones de euros en la entidad. "Con esa inyección, ¿cómo sería la opinión?", dice Celma que le preguntó Rato. El auditor volvió a decirle que no había podido hacer el trabajo por falta de datos. "Olvídate de la dichosa documentación. Imagínate que te la damos y que además están los 7.000 millones", dice que le contestó.
El auditor asegura que, mientras caminaba por la calle, le fue indicando cómo redactaría los párrafos de un informe de auditoría suponiendo que no hubiera ajustes, hasta que Rato le interrumpió, le dijo que era muy tarde y que se lo mandara por escrito, con copia a Sergio [Sergio Durá, interventor de Bankia], "que entiende de esto". "Rato me dijo que iban a pasar una serie de cosas que no pasaron", ha asegurado.
Al día siguiente, según Celma, le mandó "un papel" que detallaba lo hablado la noche anterior. Un documento "basado en dos hechos que no se produjeron nunca", ha insistido. "Un borrador es un compromiso muy firme que un auditor solo entrega cuando ha terminado su trabajo", ha precisado, y ha añadido que la única diferencia entre un borrador de informe y el informe final es la firma del auditor. El comité de auditoría nunca recibió el borrador. "Yo di un papel fruto de una conversación privada".
La documentación necesaria para elaborar el informe de auditoría, ha asegurado, no la tuvo hasta la salida de Rato de Bankia y la llegada "del nuevo equipo" del presidente actual, José Ignacio Goirigolzarri. El informe de auditoría de Celma no llegó hasta mucho después, ya en mayo, cuando Bankia reformuló las cuentas de 2011 con el nuevo presidente. Poco después de la conversación nocturna con Rato, el 30 de abril, Bankia presentó unas cuentas sin informe de auditoría, algo de lo que Celma asegura que se enteró por la prensa, igual que de la dimisión de Rato. "No volví a hablar ya jamás con él".
Tanto Herzog como el abogado de otra acusación popular, la de CGT, han insistido en preguntar sobre si Deloitte estaba obligado legalmente a emitir el informe y si, al no poder hacerlo, tendría que haber dejado constancia de ello por escrito, cosa que no sucedió. "¿Por qué desconocen los miembros del comité de auditoría su imposibilidad de emitir informe?", ha preguntado Herzog. Según Celma, para que se produzca esa "absoluta imposibilidad" se tienen que dar dos condiciones, y ninguna de ellas se dio: "que la entidad comunique que no va a dar las cuentas anuales firmadas y la otra es cuando ha pasado un plazo de un año". "Nadie nos decía que no nos fuera a dar las cuentas", ha asegurado. "Luego hubo un cambio de dirección y pudimos hacer nuestro trabajo. Esa imposibilidad absoluta está claro que no existió nunca porque el informe se emitió", ha insistido.
Celma es por ahora el único encausado -las acusaciones particulares y populares le piden hasta 12 años de cárcel por delitos de falseamiento contable y estafa a inversores en concepto de cooperador necesario- que está contestando las preguntas de todas las partes interesadas: las acusaciones populares y particulares, la Fiscalía Anticorrupción, el FROB y su defensa. Los consejeros de Bankia y BFA encausados han acusado a Celma de no advertirles de que hubiera problemas en las cuentas y han asegurado que tomaron decisiones basándose en la confianza que tenían en Deloitte.También a ellos se les acusa de falsear las cuentas, una cuestión sobre la que Celma ha subrayado, al menos tres veces durante los dos días de interrogatorio: "Las cuentas son de la entidad, no del auditor. El auditor lo que hace es formular una opinión".
Celma también ha acusado a Rodrigo Rato de mentir y de hacer "un comentario insidioso" cuando en su interrogatorio durante el juicio, en enero pasado, dijo que encargó a Deloitte que le hiciera un plan para solucionar los dos grandes problemas de BFA: la alta valoración de las acciones de Bankia en el balance de su matriz y el dudoso cobro de los créditos fiscales contabilizados. “No es cierto que se nos encargara ese trabajo”, afirmó Celma. En su opinión para eliminar estos dos graves problemas de las cuentas de BFA se necesitaba el informe de un experto independiente que nunca llegó. “No sé por qué Rato ha dicho esto; no sé si quería confundir o no, pero nunca llegó el informe que despejara las dudas sobre la solvencia de BFA”, concluyó.
Otros acusados han mencionado supuestas conversaciones con Celma sobre los problemas del grupo, algo que el directivo también ha desmentido. “Solo fui a los comités de auditoría que me invitaban y a muchos no me invitaron. Aquí se ha dicho que me llamó todo el mundo por teléfono pero no me llamaron a los comités de auditoría”.
Reunión con el Banco de España
Celma también ha aclarado un tema relevante que suscitó el interés de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Ha explicado que el 13 enero 2012 mantuvo una reunión con Luis Maldonado (mano derecha de Rato) y con el ex consejero delegado Francisco Verdú a los que comentó los dos graves problemas del grupo para cerrar sus cuentas. “A raíz de esta reunión me llamaron del Banco de España para verme con el responsable de supervisión y el director general, Jerónimo Martínez Tello, a los que les conté los problemas de BFA. Supongo que a raíz esa conversación, vino a verme el inspector del grupo, Casaus [José Antonio Casaus, jefe de inspección de Bankia], a mis oficinas”. Todo ocurrió en unos ocho días, afirmó, dejando claro que los todos los afectados, incluido el supervisor, sabía las graves dificultades del grupo que le abocaban a no tener cerrada una auditoría.
En el turno de preguntas de la fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, esta ha repasado con Celma la información que Deloitte dio a los miembros del comité de auditoría de BFA en una reunión celebrada el 26 de marzo de 2012. El presidente de ese comité, Ángel Acebes, aseguró durante su interrogatorio que Deloitte nunca les avisó de ningún ajuste y dijo que, de haber sospechado algo, lo habría parado todo en seco.
Celma ha leído un powerpoint elaborado por Deloitte sobre la situación de la valoración de la participación de BFA en Bankia que se les mostró a los consejeros. En él se ha fijado en un cuadro de la página 15 que recoge que "si no hay informe de perito independiente, puede existir un ajuste de 3.464 millones". Según su relato, era una señal de alarma que cualquier experto tendría que haber visto. "Toda persona que está en un comité de auditoría y que sabe interpretar balances sabe que un ajuste que lleve a la entidad, su patrimonio neto, por debajo del 50% está en causa de disolución", ha señalado. Y ha añadido que ese ajuste fue contabilizado posteriormente en las cuentas reformuladas de Bankia de mayo de 2012.
Multa del ICAC
Celma también se ha referido a la multa de 10,4 millones de euros que impuso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por una supuesta "falta de independencia" al realizar los trabajos previos a la salida a Bolsa de Bankia, porque al mismo tiempo era el auditor externo del banco.
Celma ha asegurado que la firma no participó en la decisión de salida a Bolsa de la entidad ni en la elaboración del folleto, y cree que ganarán en el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por la multa. Se le acusa de faltas graves por incumplimiento de las normas de auditoría y falta de independencia a pesar de que la propia CNMV reconoció que fueron encargados por ella y el Banco de España admitió que es una práctica habitual en otros países.
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