La ley hipotecaria llega muy tarde

La nueva ley hipotecaria aprobada la semana pasada supone un progreso en la protección de los hipotecados y una clara mejora respecto al proyecto que había elaborado el Partido Popular. Cuando la norma entre en vigor los procedimientos de desahucio solo podrán iniciarse tras producirse el impago de 9 o 12 mensualidades o 3% del préstamo, frente a las tres cuotas actuales. Podemos exigía que sólo empezaran tras el impago del 10%. Además, se rebajan los intereses de demora y la mayor parte de los costes asociados (impuestos, gastos de notario, registrador y gestoría), que pagarán los bancos. La nueva ley recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión EuropeaE (TJUE), que no se aplicaba.

El problema de esta ley es que llega muy tarde. Se trata de una transposición de una directiva europea con tres años de retraso. Durante este periodo la realidad económica, social y jurídica de la vivienda en España ha cambiado radicalmente. Ahora el grave problema de los desalojos de familias se produce sobre todo por impagos de alquileres, que representan ya más del 65%. Los recientes desahucios de cuatro familias en Madrid, en contra de los criterios de Naciones Unidas, reflejan muy bien donde está el problema.

Durante los últimos años se ha producido un cambio radical en la propiedad de las viviendas problemáticas por la incapacidad de pago de las familias. Los bancos se han desprendido de cientos de miles de inmuebles por más de 100.000 millones de euros, que han sido adquiridos por grandes fondos extranjeros a precios de saldo, (entre el 3% y el 7% de su valor) que posteriormente han vendido doblando el precio a otras sociedades o personas físicas. Como consecuencia se han dificultado las posibilidades de los hipotecados para negociar alternativas y se ha producido un aumento de los alquileres de hasta un 300% en las grandes ciudades. En España se inician más de 160 procedimientos diarios para expulsar a las familias de sus casas.

Además de los problemas de una legislación contraria a los derechos de los consumidores, como viene estableciendo el TJUE principalmente desde la sentencia Aziz en 2013, otro aspecto fundamental es la ausencia de vivienda social en España, que no llega al 1,5%, frente al 15% de la media europea.

El fomento de viviendas sociales fue abordado en la asamblea estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), celebrada el pasado fin de semana en Barcelona con más de 400 representantes de 73 plataformas de toda España. La PAH ha dirigido un escrito a la Comisión Europea con cinco propuestas muy concretas: fijar que la inversión en vivienda social no compute para el déficit público establecido en el Tratado de Maastricht; concesión de créditos para viviendas asequibles por el Banco Europeo de Inversiones; regulación del alquiler privado a corto plazo en la UE; eliminación de los límites de renta mínima y máxima para acceder a la vivienda social y acceso a los fondos europeos para financiar viviendas sin ánimo de lucro.