El experimento de la renta ciudadana de Barcelona

No es lo mismo ser pobre y estar pendiente de recibir ayudas esporádicas de los servicios sociales para subsistir que tener una renta de ciudadanía estable que asegure lo básico. A partir de ahí, se puede pensar en sacar la cabeza del pozo, en algo más a largo plazo que en subsistir un día más. Es lo que están experimentando 1.000 familias de diez de los barrios más pobres de Barcelona, que forman parte de la prueba piloto que el Ayuntamiento inició a principios de 2018: un ensayo de renta mínima financiado en un 80% con fondos europeos.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, lo resume así: “Pasar del asistencialismo al empoderamiento, a decir: ‘confiamos en vosotros y os damos recursos y herramientas”. Habla de “encontrar nuevos instrumentos de redistribución en un momento en el que crecen las desigualdades”. “Tal y como está el mercado laboral, las rentas tienen que ser un instrumento para salir de la pobreza”, defiende. Explica que, a raíz de recibir la ayuda, “muchas personas, y especialmente mujeres, comienzan a relacionarse con su entorno o los servicios públicos de su barrio; tiene una dimensión comunitaria”. Las mujeres son el referente en el 84% de las familias perceptoras.

El proyecto se llama B-Mincome y se centra en los barrios donde la pobreza se ha cronificado, ubicados en la parte baja de una brecha social que en los dos últimos años no ha empeorado pero que no se reduce. La ciudad ha recuperado clase media, pero las rentas muy bajas no remontan y se descuelgan del resto. Son barrios ubicados a orillas del río Besòs, en el noroeste de la ciudad, donde en el mejor de los casos la renta familiar es de 60 puntos sobre una media de 100 en la ciudad. Las 1.000 familias, que suman 3.760 personas (la mitad son menores), recibirán una ayuda media de 568 euros al mes.

Los trabajadores de los servicios sociales que acompañan a las familias del ensayo subrayan que la existencia de la renta mensual cambia completamente, y a mejor, su relación con los perceptores. Las ayudas económicas dejan de monopolizar la relación con ellos, explican. “Desaparece el estrés de las familias por llegar a final de mes y se pueden trabajar con calma otros aspectos, como la formación laboral, la salud, la educación o la organización familiar. Y además permite a los perceptores pensar en el futuro con más calma”, apunta una profesional que lleva décadas bregando con las familias más castigadas de la ciudad.

En la memoria del proyecto que el Ayuntamiento presentó en 2016 para formar parte de un proyecto de innovación social se señalaba que “el supuesto de partida es que la renta mínima dotará a las familias de seguridad, libertad y mayor responsabilidad, palancas para superar la pobreza”. Que asegurar un mínimo de ingresos “mejora la capacidad de tomar decisiones”.

El test será evaluado por cuatro institutos de investigación de varios países que medirán su eficacia. Técnicamente, la ayuda consiste en combinar un subsidio con políticas complementarias (de formación y empleo, fomento de la economía social y cooperativa, y vivienda). Así, hay perceptores cuya ayuda estará condicionada a seguir planes de empleo, y otros que no. Se les pide que se impliquen en el barrio y su tejido asociativo, o no. Algunos reciben la ayuda y si consiguen trabajo y aumentan los ingresos se les rebajará; y a otros no. Se trata de poner a prueba todas las fórmulas.

De media las familias reciben 568 euros al mes, pero las cantidades oscilan entre 100 y 1.600 euros, en función de la composición de cada unidad familiar o lo que paguen de vivienda. El cálculo básico de partida es que, sin el gasto de la vivienda, un adulto necesita 402 euros mensuales para cubrir sus necesidades y cada miembro de más de la unidad familiar, otros 148.

El B-Mincome también ha servido de plataforma para poner en marcha la moneda local, el REC, una promesa electoral de la alcaldesa, Ada Colau, para fomentar el comercio de proximidad. Y es que el proyecto contempla que los perceptores de la renta ciudadana gasten el 25% de la ayuda que reciban en REC (equivale a un euro y funciona con una aplicación) en los comercios de su barrio.