Bassa evita poner fecha para dar la renta garantizada a todos los trabajadores pobres
La Generalitat y la Comisión Promotora firman el acuerdo para permitir la aprobación de la ayuda
Tras el acuerdo firmado ayer entre el Govern y los promotores para dar luz verde a la renta garantizada de ciudadanía han empezado a aflorar las aristas. En el caso de las familias monoparentales, la renta es compatible con sueldos inferiores a 564 euros (el importe máximo de la ayuda), y, según el pacto, esta posibilidad debe extenderse al resto de trabajadores pobres, pero la Generalitat no da una fecha.
A partir del 12 de septiembre, los actuales receptores de la renta mínima de inserción (29.000 expedientes activos) y unas 7.000 familias monoparentales recibirán la ayuda, de 564 euros. Los Presupuestos de la Generalitat tienen una partida que permite pagar cuatro meses de la prestación, absorbiendo el dinero que ya se dedicaba a la renta mínima.
Sin embargo, la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, declinó explicar cuándo el resto de ciudadanos que perciben menos de 564 euros, los llamados trabajadores pobres, se podrán beneficiar de un complemento que llegue a esa cantidad, que equivale al 85% del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Los promotores, a continuación, leyeron el texto firmado por la consejera y que establece “la generalización de la compatibilidad con todas las rentas de trabajo derivadas de contratos de tiempo parcial”.
Un baremo con siete años de desfase
La renta garantizada de ciudadanía se entrega en función del Índice de Renta de Suficiencia, el baremo que mide la pobreza. Los sindicatos y las entidades siempre han criticado que no se actualice su valor desde 2010. Es decir, se lucha contra la pobreza con mediciones de hace más de siete años. La Generalitat acepta que no lo actualiza para contener el gasto.
El silencio de la consejera se explica por el alto coste que implicaría abrir el grifo a todos los trabajadores pobres, entre 500 y 600 millones de euros anuales. Una prórroga presupuestaria, por ejemplo, haría imposible su despliegue. Con un paro como el actual, la Generalitat calcula que en 2020 tendrían derecho a la renta garantizada unas 62.000 familias. La Generalitat defiende que será una comisión de seguimiento formada por el Govern, las entidades y los sindicatos, entre otros, los que determinarán las fases de despliegue.
Bassa reveló que el programa de la renta garantizada será gestionado por la Dirección General de Economía Social, si bien la puerta de acceso será el SOC. Para poder acceder a la renta, hay que ser mayor de 23 años y se ha de acreditar una residencia en Cataluña de al menos dos años. No se puede tener patrimonio, a excepción de la primera residencia. Además, si se rechaza un trabajo para el que se está capacitado se pierde todo el derecho. Del total de la ayuda, 150 euros están sujetos a un plan de reinserción laboral o social.
La renta garantizada también fija un complemento por cada miembro de la unidad familiar. La idea es que progresivamente se vaya dando más porcentaje del IRSC, hasta alcanzar el 100% en 2020, 664 euros. El IRSC, sin embargo, no se actualiza desde hace siete años, algo que los promotores han pedido modificar.
El desacuerdo no ha sido obstáculo para que ambas partes celebraran la puesta en marcha del nuevo derecho subjetivo, tras siete años de debate. Diosdado Toledano, portavoz de los promotores de la Iniciativa de Legislación Popular, aseguró que se trata del “derecho social más importante” aprobado en los últimos años. Bassa, por su parte, ha puesto el acento en “el gran consenso de país” y apeló a la generosidad de los grupos políticos del Parlament para agilizar la tramitación.
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