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Francia y Alemania quieren quitar el derecho de veto a Bruselas tras el fiasco de la fusión Siemens-Alstom

París y Berlín quieren que los países tengan la última palabra en los bloqueos a fusiones y Bruselas prepara una reforma en la dirección opuesta

La comisaria Margrethe Vestager, junto al vicrepresidente de la Comisión Frans Timmermans y el comisario Pierre Moscovici.
La comisaria Margrethe Vestager, junto al vicrepresidente de la Comisión Frans Timmermans y el comisario Pierre Moscovici. AP

La alemana Siemens y la francesa Alstom deberán dar marcha atrás en su proyecto de crear un gigante europeo que pueda plantar cara a la pujanza de la industria ferroviaria china y competir de forma global. El ambicioso plan de alumbrar una compañía con 60.000 empleados se estrelló ayer con el veto de la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que considera que tendrían una posición demasiado dominante en la UE. París y Berlín, indignadas con la decisión, se disponen a lanzar una ofensiva para cambiar la política de competencia de la UE.

El bloqueo de la comisaria de Competencia enfureció a los gobiernos de Angela Merkel y de Emmanuel Macron. La sacudida podría llegar hasta el extremo de arrebatar a la Comisión la última palabra sobre las fusiones más sensibles políticamente, como la de Alstom y Siemens. El poder de veto del que dispone Bruselas desde hace casi 30 años podría tener los días contados.

“Hay que introducir mayor flexibilidad en la política europea de competencia, igual que se ha hecho en macroeconomía con el Pacto de Estabilidad”, defienden fuentes francesas. Aunque aún no hay propuesta oficial, la reforma aspiraría a traspasar la última palabra sobre ciertas fusiones al Consejo de Ministros de la UE, un foro en el que Alemania y Francia tienen un peso proporcionalmente mucho mayor que en la Comisión.

Esa fórmula equiparía el modelo europeo con el vigente en varios países, incluidos Francia y Alemania, donde el Gobierno puede revocar o ignorar algunas decisiones de las autoridades nacionales de competencia. De hecho, el actual ministro francés, Bruno Le Maire, revocó el año pasado una decisión de la autoridad francesa de competencia en una medida sin precedentes desde que ese organismo fue declarado independiente hace una década.

El máximo aspirante a presidir la Comisión Europea, el conservador alemán Manfred Weber, arremetió contra la decisión de Vestager de frenar la operación. “Es un error”, señaló. La noche antes, durante el acto de presentación en Bruselas de Annegret Kramp-Karrenbauer, sucesora de Angela Merkel al frente de la CDU, Weber abogó por “mirar a la competencia no solo desde un punto de vista europeo, sino global”. Un proyecto que fue secundado por la propia Kramp-Karrenbauer.

Cambios en los umbrales de facturación

Fuentes internas de la Comisión dan por supuesto de que el próximo presidente acometerá la reforma de una normativa que, según Berlín y Paris, no permite el nacimiento de “campeones europeos” que puedan competir con las empresas de EE UU y China. La propia Comisión reflexiona desde hace meses sobre una posible reforma de los umbrales de facturación que obligan a notificar las fusiones a Bruselas. Pero se trata de un cambio relativamente menor en comparación lo planteado ahora por Alemania y Francia. Y, además, el objetivo es dar más poder a Bruselas no menos.

La Comisión pretende rebajar los umbrales en el sector de la economía digital para que no escapen al escrtunio de la Comisión las operaciones de las grandes plataformas (desde Facebook hasta Google), cuyas compras de startups casi nunca son revisadas a pesar de que Bruselas sospecha que están teniendo un gran impacto en la competencia porque reducen la innovación. Las plataformas compran a las pequeñas compañías tan pronto como detectan a un potencial rival.

Berlín y París pueden secundar ese cambio. Pero quieren ir mucho más lejos. Y someter a la política de competencia a un control político que permita convertirla en un instrumento también al servicio de la política industrial y comercial de la UE.

"Es muy peligroso", advierten fuentes del departamento de Competencia, que temen contaminar con arbitrariedad política unos procedimientos basados en rigurosos criterios técnicos y sometidos a la revisión judicial del Tribunal de Justicia europeo. Esas fuentes recalcan el riesgo de entremezclar la política industrial con la de competencia. "En primer lugar, no sabes si la apuesta por un presunto campeón saldrá bien", señalan esas fuentes. "Y en segundo lugar, la aparición de esos gigantes puede redundar en precios más caros para las empresas que son sus clientes, por lo que se gana por un lado pereo se pierde por otro".

Ese ha sido el caso de Siemens y Alstom, un expediente en el que Bruselas asegura haber recibido una gran cantidad de comentarios criticos por parte de los clientes. La patronal europea de gestores de infraestructuras se dirigió por escrito a la Comisión para alertar del riesgo de incremento de precios si los dos principales proveedores del sector se fusionaban.

Cuatro vetos desde 2014

Pero París y Berlin se muestran convencidos de que el sistema actual, que otorga plenos poderes a Bruselas, somete el control de las operaciones a una revisión técnica sin apenas sesgo político. Una aparente asepsia que, según esas capitales, deja a Europa en inferioridad de condiciones frente a economías mucho más intervencionistas como China o los EE UU de Donald Trump.

"No somos autocomplacientes", se defienden en la Comisión. Y recuerdan que se han reformado las normas y se mantiene una continua evolución. "Cada vez es más frecuente que analicemos las fusiones en base a un anáisis de mercado europeo y no nacional", subraya el organismo, en alusión a un criterio que permite a las empresas alcanzar una dimensión mucho mayor sin plantear problemas de competencia.

Pero lo cierto es que la última gran reforma se llevó a cabo durante el mandato de Mario Monti (1999-2004) como comisario de Competencia. Y llegó tras los tremendos varapalos propinados por el Tribunal europeo, que revocó el veto de varias fusiones de manera consecutiva.

Desde 1990, la Comisión solo ha prohibido 27 fusiones de 7.260 notificadas. Para Vestager, el veto a la megafusión ferroviaria solo sería el cuarto desde que asumió la cartera en noviembre de 2014. Pero para Berlín y París supone la gota que colma el vaso de un sistema de vigilancia que consideran trasnochado, poco flexible e indiferente a la nueva realidad de la economía mundial, donde las compañías nacionales europeas, por grandes que sean, pueden ser engullidas por las gigantescas empresas chinas.

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