Fomento: “No hay un problema de seguridad en los trenes pero sí hay que plantearse determinadas medidas”

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha descartado este jueves que los ferrocarriles españoles sean inseguros tras conocerse que la Comisión Europea ha abierto un expediente a España por la seguridad ferroviaria. "No hay un problema de seguridad, pero sí hay que plantearse determinadas medidas", ha asegurado el número dos del Ministerio de Fomento. Según adelantó EL PAÍS, Bruselas considera que los organismos españoles de inspección e investigación de accidentes ferroviarios no se ajustan a las normativas comunitarias.

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Saura, a preguntas de los periodistas tras participar en una jornada sobre vivienda organizada por la patronal de promotores APCE, ha destacado que el requerimiento de Europa no pone en duda que los trenes que circulan en España sean seguros. También ha anunciado que solicitará comparecer en el Congreso para explicar la cuestión y explicar las medidas que prevé aprobar el Gobierno para solucionar la cuestión.

Tal y como publicaba EL PAÍS, la idea es que el Consejo de Ministros apruebe en una de sus próximas reuniones un decreto sobre seguridad ferroviaria en el que ya está trabajando un grupo de expertos. Saura también ha insistido en que el proyecto de ley de Presupuestos contempla un aumento importante en las partidas para conservación de infraestructuras, lo que a su juicio es fundamental para garantizar la seguridad. En ese sentido, ha criticado la actuación del anterior Gobierno: "En los últimos años no se ha invertido en mantenimiento".

El Gobierno también deberá librar a la Comisión Europea en un plazo de dos meses un documento con las medidas que va a ejecutar para cumplir con las directivas comunitarias en materia de seguridad ferroviaria después de que la Comisión haya dado el primer paso para abrir un procedimiento formal de infracción. El ejecutivo comunitario ha querido este jueves desvincular esas acciones del accidente de la curva de Angrois (A Coruña) que dejó 80 fallecidos y 144 heridos en julio de 2013. Sin embargo, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que llevó ese caso a Bruselas en julio de 2017, ha considerado que la apertura del expediente es “una noticia muy esperanzadora para saber la verdad” y ha lanzado un aviso: “Exigiremos responsabilidades políticas".

"Deficiencias" en la supervisión

La Comisión Europa ha hecho público este jueves el envío de una carta que emplaza al Ministerio de Fomento a considerar que “los procesos de seguridad” en España “no cumplen los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria”. En concreto, la breve nota al respecto resalta que se han detectado "deficiencias en la forma en la que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes” y, además, “en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad”. Si España no responde a la misiva en el plazo de dos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado, el segundo paso antes de denunciarla ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El organismo que presenta esas irregularidades, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), tiene varias investigaciones abiertas. Sin embargo, el portavoz de Transporte de la Comisión, Enrico Brivio, ha desvinculado ese expediente del siniestro de Angrois. “Nuestro análisis evalúa la situación de ahora, no la del momento del accidente”, ha afirmado Brivio, quien ha añadido que el procedimiento que se ha abierto "no está relacionado con la investigación” de ese accidente. Aun así, ha recordado que la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, está al corriente de esos hechos y se reunió con las víctimas.

La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha resaltado por su parte que la Comisión Europea consideró que la legislación comunitaria “no está implementada” ahora como “tampoco se cumplía en 2013”. Miranda anticipa que la carta del ejecutivo comunitario a Fomento es el primer paso de un proceso que “va a ser largo”. Aunque la eurodiputada gallega ha admitido que se investiga a España por la situación actual, asegura que eso significa que en 2013 tampoco se estaba aplicando la legislación comunitaria.