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Los Veintiocho dejan sin efecto los tribunales de arbitraje para conflictos bilaterales en la UE

La decisión de los países complica las reclamaciones contra España por los recortes en renovables

Vista general del Parlamento Europeo, en Estrasburgo
Vista general del Parlamento Europeo, en Estrasburgo EFE

Los países de la Unión Europea han acordado rescindir todos los mecanismos de arbitraje a los que podían acogerse inversores internacionales a raíz de tratados bilaterales entre Estados y que estaban suponiendo indemnizaciones multimillonarias a fondos internacionales. La decisión llega después de que la Corte de Luxemburgo fallara que la existencia de esos tribunales son incompatibles con el derecho comunitario. El compromiso adquirido por los países va más allá y considera que también son contrarios al derecho comunitario los arbitrajes derivados de la Carta de la Energía. Este pacto refuerza la vía que abierta por la justicia europea para que España afrontara de forma mucho más favorable el conflicto derivado del recorte a las energías renovables, en el que se juega reclamaciones por más de 8.000 millones de euros.

Bruselas celebró este jueves la decisión de los Veintiocho de poner fin a los tratados bilaterales por los que se sometían a instrumentos de arbitraje que el ejecutivo comunitario había considerado de forma sistemática que eran contrarios a la normativa europea. El fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea le dio la razón. A raíz de esa sentencia, los países miembros han decidido poner fin a todos esos acuerdos mediante una declaración en la que asumen las consecuencias legales de esa sentencia. “La legislación de la Unión tiene prioridad sobre los tratados bilaterales de inversión celebrados entre los Estados miembros. En consecuencia, todas las cláusulas de arbitraje entre inversores y Estados […] no son aplicables”, sostiene el documento.

El compromiso no significa que no sigan llegando reclamaciones de fondos de inversión, pero fuentes comunitarias sostienen que lo tendrán mucho más complicado. España, en concreto, afronta una avalancha de inversores que se consideraron perjudicados por el recorte de las primas a las renovables por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado mes de agosto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que había en marcha más de 40 procedimientos de arbitraje que, en conjunto, reclamaban más de 8.000 millones de euros a España.

La declaración de los Veintiocho, avalada por la Comisión Europea, no solo cierra la puerta a que en el futuro sigan usándose estos mecanismos, sino que también pretende dejar sin efecto los procedimientos en marcha. Los países miembros tan solo se comprometen a no impugnar acuerdos o laudos que ya no pueden ser anulados y se cumplieron antes de que se dictara la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Pero no el resto. Aun así, este compromiso afecta a todos los tratados intracomunitarios. Es decir, no afecta a mecanismos que pudieran haberse pactado con países de fuera de la UE. De hecho, la propia Ribera admitió que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial está siendo mucho más reacio a los argumentos de España.

Los arbitrajes de la Carta de la Energía

Uno de los principales problemas con los que se topaba España a la hora de defender la ilegalidad de los arbitrajes residía en que los inversores se acogían a la Carta Europea de la Energía, que incorporaba también esos mecanismos de arbitraje. Su carácter multilateral ponía en un brete los argumentos de España. El documento alcanzado por los Veintiocho entiende, no obstante, que la sentencia Achmea tiene “consecuencias legales” sobre “todos los procedimientos pendientes de arbitraje de inversiones dentro de la UE” iniciados “en virtud de tratados bilaterales de inversiones” entre países miembros pero también “de la Carta Europea de la Energía”.

La declaración de los Veintiocho va en línea con la posición de la Comisión Europea, que consideraba que los laudos internacionales que estaban concediendo inversiones millonarias a los inversores en el sector de las renovables no tenían ningún valor, ni siquiera si esgrimían la Carta de la Energía. Para Bruselas, solo los tribunales nacionales y europeos tienen la competencia exclusiva que interpretar la normativa comunitaria y garantizar la protección del inversor.

Este jueves la Comisión también ha celebrado que los Estados miembros “se hayan comprometido a emprender acciones para garantizar que la Carta de la Energía no pueda usarse como base para el arbitraje entre inversores” y países. “Esto garantizará que todos los inversores de la UE reciban un trato igual y pleno cumplimiento de la legislación de la UE. De esto se trata el mercado único”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

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