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Rato trata de inculpar al Banco de España en la quiebra de Bankia

El tribunal permite que sigan en el juicio todas las acusaciones y retira el delito de falsedad contable a la entidad

Rodrigo Rato durante su declaración. En vídeo, fragmentos de sus respuestas en la Audiencia Nacional.
Elena G. Sevillano

“Fue una decisión legal y no empresarial”, dijo este martes Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, sobre la fusión de las siete cajas que creó la entidad y su posterior salida a Bolsa. Estas operaciones se llevaron a cabo siguiendo “instrucciones del Banco de España”, que conocía “las tripas” del grupo ya que tenía “15 funcionarios” en su sede, añadió en el interrogatorio al que le sometió la fiscal, Carmen Launa, a la que Rato contestó altivo, interrumpiéndola en más de una ocasión. El tribunal que juzga la salida a Bolsa de Bankia zanjó la polémica sobre la aplicación de la doctrina Botín al permitir que sigan todas las acusaciones.

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El Banco de España no está personado en el macrojuicio de la Audiencia Nacional que indaga si la salida al parqué de Bankia fue fraudulenta. Pero como si lo estuviera, porque Rodrigo Rato, que inició la ronda de interrogatorios a los 34 acusados, insistió una y otra vez en una idea: que el Banco de España conocía al dedillo cada paso del plan y que nunca advirtió de que se estuviera incumpliendo alguna de sus recomendaciones. Más aún: el ex director gerente del FMI afirmó que el Banco de España y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) les dieron instrucciones —y el dinero, en el caso del segundo, que prestó 4.465 millones— sobre cómo hacer la fusión, integrando, por ejemplo, a Bancaja.

También el Gobierno de Rodríguez Zapatero recibió: la salida a Bolsa “la decide el Gobierno y el Parlamento”, dijo Rato, en referencia al real decreto de febrero de 2011 que obligaba a las cajas a tener un capital mínimo del 8% o el 10%, lo que para Bankia significaba salir al parqué.

Rato se mostró altivo y tajante con la fiscal Anticorrupción Launa: “No perdamos más tiempo”, la cortó en una ocasión. También le dedicó alguna frase irónica, como cuando a preguntas sobre la creación de Bankia y de su banco malo BFA, enumeró que esa solución pareció bien a todo el mundo (“a nosotros, al Banco de España, al FROB, a la CNMV”): “No sé si su pregunta indica que a la Fiscalía le parecía mal”, deslizó. Al exvicepresidente del Gobierno se le vio confiado y repitiendo los mensajes que quiere que calen, sobre todo en el caso del fiasco del Banco de Valencia, al que la fiscal dedicó buena parte del interrogatorio.

“Yo no tuve ninguna responsabilidad ni ningún contacto con lo que estaba sucediendo en el Banco de Valencia”. “Nos dejó muy claro el FROB que no teníamos que ocuparnos”, insistió Rato. La fiscal, por su parte, destacó que la entidad, rescatada en 2011, estaba participada en un 40% por BFA, que además designaba a sus máximos responsables, el presidente y el consejero delegado. Rato aseguró que no alertó de la mala situación del Banco de Valencia, que conocía por un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), porque el Banco de España le dijo que lo estaban investigando. “Hubiera creado un pánico innecesario”, añadió.

Otro informe de PwC ocupó a la fiscal durante más de media hora: el que valoró en 11.500 millones las provisiones que la nueva entidad debía dotar contra reservas. Launa preguntó a Rato por qué no hicieron caso a ese cálculo, el más conservador. El expresidente de Bankia respondió que el informe de PwC era una de las tres opiniones con las que contaban. El FROB había hecho otro cálculo y el plan de integración, realizado por AFI y Deloitte, otro, ambos muy inferiores. “El FROB era el que nos prestaba el dinero. Nos pedía provisionar 6.300 y nosotros provisionamos 3.000 más”. “Es la única decisión que tomó BFA que contradecía al FROB”, deslizó. Y acabó con una pregunta retórica “¿Solo teníamos que informar al mercado del peor informe?”

Justo antes de que empezara la declaración de Rato el tribunal dio a conocer un auto en el que zanjó todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 34 acusados —31 gestores y miembros del consejo de administración y tres personas jurídicas: Bankia, su matriz BFA y la firma auditora Deloitte—. Rechazó la mayor parte de las peticiones pero retiró el delito de falsedad contable contra Bankia, BFA y Deloitte, por considerar que solo puede atribuirse a personas físicas. Pero las tres compañías no se libran del banquillo: el tribunal mantiene para ellas la acusación por el delito de estafa a los inversores.

La sala presidida por la magistrada Ángela Murillo también se opone en el auto a que se incorporen a la causa documentos relacionados con la quiebra de Banco de Valencia. De hecho, Murillo ordenó a la fiscal que no insistiera en esta cuestión cuando estaba interrogando a Rato. El tribunal ordena asimismo que los 34 acusados acudan a las sesiones del juicio, que se prolongará, en principio, hasta el próximo mes de julio. Casi todos los abogados defensores pidieron que sus clientes fueran eximidos de acudir a las sesiones, en algunos casos por residir fuera de Madrid y en otros por cuestiones de salud.

El auto incluye un rapapolvo a la fiscal del caso, que en su primera intervención durante el juicio oral anunció que probablemente iba a cambiar su acusación, para ampliarla a otros delitos. El auto califica esa intervención de “proclama” y añade que resulta “un tanto sorprendente dicha previsión por el momento en que se anuncia, cuando aún no se ha practicado una sola prueba y sin dato novedoso alguno”.

Por ahora, la Fiscalía acusa a Rato y a otros tres administradores (el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas) de falsear la información con la que salió a Bolsa y que causó un grave perjuicio a los inversores. Para Rato pide cinco años de cárcel y para el resto, entre dos años y siete meses y cuatro años. Bankia necesitó un rescate de 22.424 millones de dinero público.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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