No queremos ‘chalecos amarillos’

Si no queremos chalecos amarillos, o de otros colores chillones, habrá que acabar con datos como:

— Que uno de cada cuatro contratos dure solo una semana o menos, como sucedió en octubre (fue peor, el 26,8%).

— Que el desempleo juvenil alcance el 33% de la población activa de esa generación, el doble que en Europa (17%) y cinco veces más que en Alemania (6,6%).

— Que casi uno de cada cinco jóvenes (el 17% entre 18 y 24 años) sea nini, es decir, ni estudie ni trabaje.

— Que los resultados empresariales acumulen un alza del 100% en seis años (bravo), pero que el sueldo medio en ese periodo, desde 2013, haya crecido cero.

Si es revertir, al menos parcialmente, los recortes de la era austeritaria, es prioritario, tienen sentido algunas de las reformas laborales de esta Administración.

Como el alza del salario mínimo a 900 euros, decidido la semana pasada. Incluso si algunas de las críticas más técnicas (menos ideológicas), como la del Banco de España, demuestran fundamento, este recae más en la modalidad que en la sustancia.

Es decir, se refiere a su ritmo de implantación y a su impacto sobre algunos segmentos infracalificados. Hasta la patronal CEOE apoyaba el aumento del salario mínimo a 1.000 euros (en 2020). En tiempos de Joan Rosell. Pero con el actual presidente, Antonio Garamendi, de vicepresidente...

Otra reforma parece que empieza a arrojar resultados. El Plan director por un trabajo digno 2018-2020, con 75 medidas muy concretas. Y sendos subplanes de choque contra los abusos en la contratación temporal y parcial, iniciados en agosto.

Este plan ha levantado 14.000 situaciones fraudulentas de falsos autónomos solo en la industria cárnica. El caso más sonado fue el de la cooperativa Servicarne, que involucró indirectamente a marcas como Campofrío. El caso del Grupo Jorge ha alumbrado en Cataluña irregularidades en 1.616 contratados.

La clave de la nueva dureza inspectora, más que en la propia cuantía de las sanciones (la primera evaluación se hará pública en enero), está en sus efectos disuasorios.

Los recientes datos de noviembre sobre contratación apuntan un indicio de eficacia plasmado en un cambio de paradigma: la contratación indefinida aumentó el 15,7% interanual, mientras que la temporal solo el 1,33%.

Y el tercer puntal reformista está en las 50 medidas del Plan del choque por el empleo joven 2019-2021.

De todas ellas brillan especialmente las políticas activas de orientación laboral (consultas individuales, consejos, itinerarios, currículos), a las que se dedicarán 3.000 funcionarios; y las de formación. Y están dotadas con recursos, no nuevos, sino reciclados o repescados: 2.000 millones.

Veremos los resultados. Pero sabemos que el despegue fue fatal. Los primeros 1.800 millones de ayuda europea para la Garantía Juvenil registraron entre 2013 y 2015 un fiasco: hubo que devolver dinero a Bruselas. Luego mejoraron. Estamos a la espera del balance oficial.