Autopistas, autovías y peajes

El Gobierno ha planteado la conveniencia de alcanzar un acuerdo en el Congreso para abordar los costes de mantenimiento de la red de autovías. Una factura que aumentará significativamente en 2019 y 2021 cuando finalicen las concesiones de unos 1.000 kilómetros de autopistas, cuyos costes de conservación pasarán al Estado.

El mantenimiento de las carreteras es un problema serio por sus consecuencias sobre la seguridad viaria. España cuenta con la tercera red de autopistas de alta capacidad más extensa del mundo. Tal como ha señalado un estudio de Fedea elaborado por E. Engel, R. Fischer y A. Galetovic, “todo indica que hubo sobreinversión en carreteras hasta 2009, tanto en autopistas de peaje como en autovías”.

Es evidente que durante los años de fiebre constructora no se tuvieron en cuenta los costes de mantenimiento de las carreteras. Los recursos destinados a su conservación han descendido hasta 884 millones de euros en 2017, un 23% menos que hace una década. Este recorte se ha producido al mismo tiempo que la red de autovías ha crecido un 18%.

El Gobierno asegura que solo tomará medidas cuando se alcance un acuerdo en el Congreso. De todas formas sería necesario que el Ejecutivo presentara su propia propuesta. Es un asunto con fuertes implicaciones económicas pero también sociales y medioambientales. Hay que tener en cuenta los intereses de todos los afectados, especialmente usuarios y transportistas, en buena parte trabajadores autónomos.

La falta de recursos para financiar la conservación de las carreteras ha reabierto el debate sobre las distintas opciones: introducción de peajes blandos en las autovías, prórroga de las autopistas existentes para no recargar los costes del Estado o gratuidad de uso de todas estas infraestructuras.

Ya sabemos que no hay carreteras gratuitas. Su financiación la pagan todos los ciudadanos aunque no las usen por la vía de impuestos o los usuarios mediante peajes. Pero todo es más complejo. También las autopistas de peaje han sido financiadas en parte por el Estado.

Las autopistas en España fueron promovidas en 1961 por el Banco Mundial, que aconsejó la construcción de la primera de 730 kilómetros desde la frontera francesa hasta Murcia. Para su realización fue necesaria la financiación exterior y que el Estado garantizara un seguro de cambio. Los créditos se tomaron a 60 pesetas el dólar y acabaron pagándose a 200 pesetas. El Estado pagó la diferencia, que entre 1969 y 2008 ascendió a 4.773 millones de euros, por el seguro de cambio, según la información oficial. En 1984, por ejemplo, el Estado subvencionó las autopistas con 67.000 millones de pesetas, casi el doble de los ingresos por peajes, (34.666 millones).

Las autopistas beneficiaron a los territorios que contaron con ellas porque de ahí crecieron importantes polos empresariales. Ahora que se acaban las concesiones sería conveniente que el modelo de financiación de estas infraestructuras fuera transparente e igual para todo el país.