Humanizar la economía

Para la mayoría de los ciudadanos ha sido una sorpresa la aparición con fuerza de un partido de extrema derecha como Vox en Andalucía. La primera reacción ha sido culpar a las consultoras de opinión por no haber detectado la aparición de un partido que amenaza nuestras libertades. La verdad es que muy pocos habían detectado este riesgo. No lo habían visto venir los partidos políticos, ni los analistas, ni los periodistas que, en teoría, deberíamos ser los mejor informados.

Esta ignorancia de los problemas reales de los ciudadanos no es una exclusiva de nuestro país. Hace dos años también fue una sorpresa que los británicos votaran a favor del Brexit. Las recientes protestas en Francia de los chalecos amarillos que han puesto de relieve el profundo malestar también han desconcertado a muchos.

Cada vez hay más estudios que vinculan el malestar social con la pérdida de derechos

Estos episodios tienen en común el alejamiento del debate político de las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos angustiados por el deterioro de sus condiciones de vida y sin perspectivas de futuro. El discurso político está dominado por el economicismo con un peso casi exclusivo de la competitividad, la productividad y la rentabilidad. El resultado es el aumento de la desigualdad, la exclusión y una creciente desafección política y social.

En Europa hay un notable agotamiento. En 2016, había 117 millones de personas (23,4% de la población) en riesgo de pobreza, un millón y medio más que en 2008, según Eurostat. En el mismo periodo en España los pobres han aumentado en más de dos millones hasta 12,8 millones (27,9%). Es difícil reconducir esta situación si se mantienen reglas obligatorias en materias como la deuda y el déficit público y solo simples recomendaciones en los temas sociales (salario mínimo o vivienda).

Cada vez hay más estudios que vinculan el malestar con la pérdida de derechos. Los profesores Joan Benach y Mireia Julià, expertos en economía de la salud, han establecido que “la precariedad laboral se asocia con peor salud en la población trabajadora”. Las demógrafas Mariona Lozano y Elisenda Rentería han demostrado que “los años de vida en la inseguridad y la temporalidad laboral se han doblado en los últimos 30 años”. Consideran que la mejor política para contrarrestar el aumento de la infecundidad y el impacto negativo del progresivo envejecimiento sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar es reducir la precariedad, sobre todo, en los jóvenes y especialmente de las mujeres.

En materia de vivienda, las autoridades han tenido en cuenta el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de junio de 2017, que exige proporcionar una vivienda alternativa en los desalojos de personas sin recursos. La nueva ley de alquileres del Gobierno socialista trata de recoger este principio con la paralización temporal de los desahucios de los más vulnerables.

El Gobierno debe darse prisa y proseguir por la senda de la recuperación salarial y revertir la reforma laboral. Es evidente que una economía sin derechos humanos no es aceptada socialmente ni sostenible económicamente.