La banca pagará el impuesto hipotecario desde el lunes y no se lo podrá deducir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había dejado muy claro el miércoles que nunca más los clientes pagarán en España el impuesto de actos jurídicos documentados. Y además se encargó de resaltar que esta era la respuesta del Gobierno al caos generado por la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de octubre rectificada el martes por el mismo organismo. El Ejecutivo iba así al choque con el Supremo y resolvía el asunto de forma expeditiva con un decreto. Pero además ayer la ministra Montero amplió algunos detalles. El principal es que la banca no podrá deducirse el gravamen al liquidar el impuesto de sociedades. Así se garantiza que las comunidades seguirán recibiendo los 2.000 millones de euros que entran en sus arcas cada año por este tributo, según los cálculos de la ministra.

En concreto, se cambia el artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que no lo pague el cliente. El Gobierno ha descartado por completo la eliminación de este impuesto, que es la solución que reclama el PP, porque no ve una fórmula alternativa que aporte esos 2.000 millones de euros a las arcas públicas. La ministra explicó que los populares deberían aclarar de dónde sacarían ese dinero que se destina a sanidad, educación y dependencia. Pablo Casado contestó que ellos plantean una reforma completa del sistema de financiación autonómico para reajustar todos esos ingresos, aunque sin dar muchos detalles.

El Ejecutivo retoca además el impuesto de Sociedades. El objetivo es que los bancos no usen el pago del impuesto hipotecario para deducírselo después en la factura fiscal de Sociedades.

Buena parte de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros estuvo centrada en cómo hará el Gobierno para controlar que el impuesto no se repercuta a los clientes en los precios de las hipotecas. Montero no fue muy clara. Apeló a la nueva Autoridad de Defensa del cliente bancario, que presentará más adelante la ministra de Economía, y velará por los derechos de los consumidores “para que no existan cláusulas abusivas”. ¿Pero cómo impedir que los bancos, en un mercado libre, suban los precios de las hipotecas, los costes fijos o los diferenciales del euríbor? Ahí la ministra apeló más bien a la confianza en el mercado, en los bancos y en su responsabilidad. “Siempre que se habla de un incremento en el esfuerzo que tienen que hacer las empresas o los bancos al pagar más impuestos, se dice que se debe repercutir en los ciudadanos. Es una especie de mantra. El Gobierno no cree que eso deba ser así y espera que los bancos actúen siguiendo las reglas del mercado, donde actúa la competencia”, explicó.

Reforma de la ley hipotecaria

Además de este decreto, que no tendrá en principio problemas para ser convalidado en el Congreso, el Gobierno asegura que llevará por la vía urgente la reforma de la ley de crédito hipotecario. El objetivo, ha dicho el Gobierno, es que la tramitación dure unos 20 días, en lugar de los dos meses habituales.

En realidad esta reforma estaba prevista que se cerrase hace semanas, después de dos años de retraso. Pero el conflicto en el Supremo hizo que se aplazase unas semanas más a la espera de conocer la decisión final del alto tribunal. La idea consistía en que se aprovechase este dictamen para recogerlo en la legislación, reflejando apropiadamente toda la distribución de los costes. En ese reparto había posiciones muy distintas. Por ejemplo, Podemos exigía que la banca soportase todos. En estos momentos, el Ministerio de Economía ha tomado las riendas de estas conversaciones y negocia con el PP y el PNV para intentar desbloquearla. La ministra Nadia Calviño busca evitar una multa de Bruselas por no haber traspuesto la directiva europea.

Entre los aspectos por cerrar queda el tipo de interés de demora, que el ministro Luis de Guindos había dejado en torno al 9% y que ahora se pretende reducir. También se discute qué impago será suficiente para iniciar la ejecución de la hipoteca. Guindos lo dejó de forma que en la primera mitad de la vida del préstamo bastaba con nueve impagos o una cuantía morosa por valor del 2% del crédito. En la segunda mitad, los impagos subían a 12 o el 4% de la hipoteca concedida.