Agricultura negocia la aplicación de la próxima reforma de la PAC

El Ministerio de Agricultura inicia ahora una larga ronda de negociaciones en 14 reuniones con el conjunto de las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias y medioambientales. El objetivo es elaborar la estrategia española para la nueva reforma de la Política Agraria Común, que se aplicará como mínimo a partir de 2021. Esta primera fase de las negociaciones se pretende cerrar para finales de año. Uno de los ejes y primer objetivo de los trabajos es un Plan Estratégico que contemple todos los aspectos del nuevo modelo de gestión, donde se deberán definir la superficie con derecho a las ayudas y lo que se considere como actividad agraria, agricultor genuino o la figura del agricultor joven.

Agricultura defiende la existencia de un solo Plan para todo el Estado frente a las posiciones planteadas por comunidades como País Vasco y Cataluña, que defenderían su propio plan. En ese Plan estatal, sin embargo, se podrían contemplar las especifidades de la actividad agraria en cada territorio, pero nunca romper la unidad de mercado. Objetivo de la Administración comunitaria y española es evitar que los planes estratégicos supongan la posibilidad de establecer una PAC en cada país, lo que rompería la base de la misma. Ese es igualmente el temor de las organizaciones agrarias.

Un segundo debate lo constituirán el peso y las exigencias de las políticas medioambientales en la nueva reforma, donde van a tener un papel mucho más protagonista.

El tercer debate reside en la aplicación de la PAC vía el segundo pilar o el desarrollo rural. Esta debe y puede tener un papel clave a la hora de intentar evitar el despoblamiento del medio. Finalmente, se abordará el futuro de la Organización Común de los Mercados Agrarios, uno de los puntos más débiles de la actual reforma tras el desmantelamiento llevado a cabo por Bruselas.

Algunas comunidades piden que además se entre ya en los aspectos políticos de la nueva reforma, como la redistribución futura de los fondos, la búsqueda de un mayor equilibrio en el reparto entre territorios y el mantenimiento o no de los pagos por los derechos históricos e individuales.

Frente a este planteamiento, Agricultura defiende que este debate no toca ahora, y menos cuando todo hace pensar que los calendarios electorales comunitarios van a retrasar todo y cuando tampoco se conocen las disponibilidades financieras. La realidad es que discutir la redistribución de los fondos podría suponer una batalla abierta entre comunidades utilizada con fines electoralistas. Andalucía, donde hay elecciones a la vista, es hoy la que recibe más recursos. Y Agricultura, con Luis Planas a la cabeza, no querría ahora contribuir a ese ambiente.