Las constructoras quieren ser materia de Estado

“Somos líderes en alta velocidad ferroviaria con la segunda red en operación más extensa del mundo; contamos con el primer operador mundial de tráfico aeroportuario; tenemos la red de autovías más extensa de Europa y tres de nuestros puertos figuran entre los 11 mayores puertos comerciales de Europa”. Esta fue la carta de presentación de Julián Núñez, presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, el pasado lunes en el Congreso de los Diputados para explicar el peso del sector y, de paso, hacer una serie de reivindicaciones.

Núñez aprovechó su intervención durante una jornada conmemorativa de los 40 años de la promulgación de la Constitución en sede parlamentaria y ante algunos (muy pocos) diputados para lanzar el mensaje. Tomando como argumento la positiva evolución que han tenido las infraestructuras en España desde entonces, puso sobre la mesa las necesidades de que adolece el sector y que desde la crisis han caído en saco roto, obligando a las empresas a buscarse la vida (y con éxito) en el extranjero.

“Las infraestructuras son claves para nuestro desarrollo económico y modelo de bienestar. Por ello, su priorización y financiación debe ser materia de Estado”, resumió Núñez, quien pidió un nuevo modelo de financiación para abordar el compromiso de su modernización y mantenimiento. El actual, a su juicio, es insuficiente para atender las necesidades que demanda la sociedad.

Seopan se queja de que, tras la crisis de 2007, no se tratado de potenciar la inversión en el sector

No es la primera vez, ni será la última, que la patronal de los constructores reclama la implicación del Gobierno de turno; pero esta vez, la fecha de la jornada, en plena negociación para la elaboración de los Presupuestos del Estado, era muy propicia para tratar de meter cuchara. De poco ha servido que haya construido ese discurso. porque ni el Núñez ni los de los presidentes de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de Agbar, Ángel Simón, que también reclamaron en el mismo acto establecer marcos estables en electricidad y agua han tenido mucha repercusión.

Lo suyo puede esperar. Lo que que parece prioritario en estos momentos es volcarse con medidas sociales, como se refleja en los Presupuestos pactados entre el Gobierno y Unidos Podemos, que, en todo caso, requieren el respaldo de las fuerzas nacionalistas que ya apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez.

Por eso, seguramente, Núñez incidió: “Nuestras infraestructuras han hecho posible la vertebración y cohesión del territorio; han impulsado la competitividad en sectores clave de nuestra economía, como el turismo y las exportaciones; han provocado un positivo impacto económico, en términos de retorno fiscal, creación de empleo y promoción de la industria nacional, y han contribuido al bienestar social a través de la reducción de los costes externos de nuestros modos de transporte y el acceso a los suministros básicos prioritarios”. Cosas que no son tan populares como las medidas sociales, tales como el salario mínimo, el bono social eléctrico o el aumento de IRPF a las rentas más altas; pero que ,a la larga, también afectan al bolsillo de los ciudadanos.

Lo que parece prioritario en estos momentos es volcarse con medidas sociales

Las quejas de Seopan se centran en que, tras la atonía interna que se produjo desde el comienzo de la crisis en 2007, no se ha tratado de potenciar la inversión nacional en el sector. “Tras ocho años de consolidación fiscal, la inversión pública en infraestructuras no ha hecho más que reducirse, destinándose hoy 31.000 millones de euros al año menos que en 2007, al soportar el 46% del ajuste total operado en el gasto público”, afirmó Núñez. Como consecuencia de ello, la inversión en infraestructuras representa hoy un porcentaje sobre el PIB equivalente al de 1979. Ello ha provocado que las necesidades de infraestructuras prioritarias (a corto y medio plazo) se hayan incrementado. Y teniendo en cuenta ese frenazo, más que 40 años de evolución habría que hablar de 30.

En todo caso, esta circunstancia aceleró la internacionalización de las constructoras. Los números cantan: las 10 mayores compañías españolas facturan anualmente más de 71.000 millones, dando empleo a 450.000 personas en todo el mundo, y sus ingresos de fuera representan más del 74% de su actividad total, y el 90% de su actividad de construcción.

Núñez apeló al espíritu de consenso de la transición: “La política de infraestructuras es clave para el futuro de nuestro país, lo que justifica que hoy pidamos a las distintas formaciones políticas que retomen aquella voluntad de consenso que tantos beneficios nos ha traído”.