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Cabify: “El decreto del Gobierno nos mantiene en una constante incertidumbre”

Emilio Domínguez, abogado de Fedetaxi, afirma que los taxistas son las verdaderas víctimas que deberían ser compensadas

De izquierda a derecha, la moderadora Marimar Jiménez y los ponentes José María O'Kean, Miguel Ángel Cilleros, Emilio Domínguez y Mariano Silveyra, durante una mesa redonda del foro 'El futuro de la movilidad'.
De izquierda a derecha, la moderadora Marimar Jiménez y los ponentes José María O'Kean, Miguel Ángel Cilleros, Emilio Domínguez y Mariano Silveyra, durante una mesa redonda del foro 'El futuro de la movilidad'.

El decreto ley de las VTC aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre contempla una moratoria de cuatro años para las actuales licencias VTC (las que usan Uber y Cabify). Tras este periodo, la regulación de las VTC pasará a manos de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que podrán vetar su entrada en las ciudades, lo que puede golpear el valor de estas licencias. "El decreto ley del Gobierno nos mantiene en una constante incertidumbre", ha comentado durante su intervención Mariano Silveyra, director general de Cabify para Asia y Europa, este miércoles en el foro El futuro de la movilidad, organizado por Cinco Días. "Ningún banco o inversor va a apostar por un negocio que se puede acabar en cuatro años", se ha quejado Silveyra.

Para este responsable de Cabify, la "guerra entre taxis y VTC" es un concepto erróneo y se ha mostrado abierto a iniciar una conciliación entre ambas fórmulas de transporte. "Hay espacio para que todos podamos operar y colaborar, como ya hacemos en otros países", ha afirmado Silveyra, que en todo momento se ha mostrado conciliador con los taxistas y ha evitado entrar en confrontación con el representante de Fedetaxi.

Emilio Domínguez, el abogado de Fedetaxi, agrupación del sector del taxi, ha afirmado en el mismo foro que los taxistas deberían ser compensados por las pérdidas que han sufrido como consecuencia de la introducción de nuevos operadores, como Uber o Cabify, en el mercado del transporte. "Esta fórmula se ha utilizado en otros países y se debería aplicar en España", ha explicado Domínguez

La intervención de Miguel Ángel Cilleros, responsable de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, ha optado el tono conciliador de Cabify. "Tiene que darse la intermovilidad", ha afirmado el sindicalista. Cilleros ha expuesto que UGT tiene que defender a todos los trabajadores, tanto a los autónomos que conducen un taxi como a los 15.000 empleados de Cabify en España. Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) firmaron el pasado 20 de septiembre un acuerdo con el sindicato UGT para mejorar la calidad del empleo.

Cilleros también se ha mostrado crítico con el decreto ley aprobado por el Gobierno. "Estamos en contra del decreto porque supone una imposición", ha explicado. "Tiene que haber una conciliación de intereses entre taxi y VTC, y también con los ciudadanos", ha dicho Cilleros, que ha recalcado que el Gobierno ha pasado la "patata caliente" de la regulación del taxi y las VTC a las Comunidades Autónomas.

Un decreto polémico

El polémico decreto ley aprobado por el Gobierno ha sido objeto de confrontación durante la primera mesa redonda del foro entre el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y la secretaria general de Transporte, María José Rallo. Para el jurista la fórmula que ha utilizado el Gobierno tiene muchas limitaciones. "Un decreto ley no puede regular transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas, tiene que ser una norma de rango de ley", ha afirmado. Rallo ha defendido que la normativa aprobada por el Gobierno posibilita que cada ciudad organice la movilidad de manera acorde a sus necesidades. 

Domínguez se ha mostrado muy crítico con la imagen que ha ofrecido otro de los ponentes, el economista José María O'Kean, del sector del taxi. "Son un monopolio que se resiste a competir, son parte de la vieja economía", ha expuesto O'Kean. Domínguez ha afirmado que los taxistas están dispuestos a competir, pero en igualdad de condiciones. "El Estado va a indemnizar a quienes han entrado ahora en el mercado, no a quien ya estaba", ha enfatizado Domínguez, en referencia al decreto ley.

Momentos de tensión

La intervención de José Miguel Fúnez Chacón, portavoz de la asociación Antaxi, durante el turno de preguntas ha provocado momentos de tensión con los ponentes. Fúnez Chacón ha acusado a UGT de "haber dejado tirados" a los taxistas en sus reivindicaciones. También ha acusado al foro de haber dado una imagen errónea del sector del taxi y ha agradecido a Emilio Domínguez su defensa del sector. Fúnez Chacón ha abandonado la sala al finalizar el turno de preguntas pero ha regresado después para increpar a los ponentes y ha tenido que ser desalojado por los servicios de seguridad del edificio.

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