Valerio discrepa de Calviño y defiende que las pensiones se vinculen al IPC

Cuando el PSOE gobierna, es habitual que quien está al frente del Ministerio de Trabajo tenga una sensibilidad distinta con la política laboral y las pensiones que quien dirige Economía. Esta norma no ha encontrado excepción esta vez. Ya se vio en junio, al poco de tomar posesión Magdalena Valerio, de Trabajo, y Nadia Calviño, de Economía, al hablar ambas sobre pensiones en Bruselas. Y, de nuevo, se ha visto este miércoles. Valerio ha defendido en una comparecencia en el Senado el acuerdo del Pacto de Toledo que acordó revalorizar las pensiones anualmente “en base al IPC”.

A la salida, ha ido más allá de lo mostrado ante los senadores. Ha hablado del compromiso “inquebrantable” del Gobierno con la actualización con el “IPC real”. Y, para disimular la evidente distancia con su compañera, ha apuntado que no solo hay que hablar de gasto, también de “financiación”. Lo ha subrayado afirmando que con la Seguridad Social hay que adoptar “medidas de sostenibilidad social y de sostenibilidad financiera”.

En su comparecencia parlamentaria, la primera en el Senado, Valerio ha desglosado los planes de las tres áreas del “trasatlántico”, como ha definido al Ministerio de Trabajo, que ella dirige: Empleo, Seguridad Social y Migraciones. Además, expuso los primeros resultados del plan de la Inspección por el trabajo decente puesto en marcha el pasado agosto.

Los primeros pasos de ese plan consistieron en envíos masivos de cartas a empresas en las que se detectaron indicios de fraude por abuso en la contratación temporal y a jornada parcial. En el segundo caso, los primeros efectos han sido que 6.292 empresas han aumentado el número de horas de trabajo reconocidas oficialmente/cotizadas para los trabajadores afectados. Esto supone que el 12,5% de misivas ha causado la reacción buscada. 

Estos datos son más exiguos que los logrados con el envío masivo de cartas donde se había detectado abusos en la contratación temporal y cuyos resultados preliminares también anunció Valerio hace dos semanas: 46.554 conversiones de temporales a fijos, lo que suponía que las cartas habían tenido efecto en un 58% de casos.

Tanto una campaña como otra forman parte de los planes de choque que el Ministerio puso en marcha en agosto y son dos partes de un programa más amplio de la Inspección de Trabajo por el trabajo decente, una de las primeras medidas anunciadas y puestas en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llegar a Moncloa. No obstante, es evidente que el resultado en un caso y otro es muy distinto. Fuentes del Ministerio y también conocedores del mercado laboral sostienen que esto es lógico, puesto que es mucho más fácil demostrar el fraude por abuso en la contratación temporal que el que se comete cuando se contrata a un trabajador por menos jornadas de las que luego trabaja realmente.