Unos 3.400 entes dependientes de los Ayuntamientos tendrán que auditarse

Unas 3.379 entidades dependientes de los Ayuntamientos tendrán la obligación de auditarse a partir de 2019, según el Real Decreto 424/2017, aprobado hace un año, pero que entró en vigor el 1 de julio de este año. Esta norma trata de regular el control interno (cumplimiento de normas financieras, contables y de auditoría) del sector público local.

Los interventores locales tendrán que aplicar esta normativa sobre los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades y empresas públicas, fundaciones y asociaciones con capital público municipal.

La norma "afecta a la totalidad del sector público local y pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades locales", señala la exposición de motivos del citado decreto. El decreto fija un plazo de tres años, a partir de 2019, para que el interventor municipal asegure "con medios propios o externos" el control efectivo del presupuesto general de la entidad local.

Y abre la puerta a que las firmas privadas de auditoría puedan colaborar con los interventores en la revisión, a posteriori, de los ejercicios cerrados de las cuentas de 3.400 de estas entidades dependientes.

Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y miembro de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) explica: "¿Qué alcance tiene esto para el auditor privado? Los auditores no podrán colaborar en todo, pero sí en la auditoría de cuentas de estas casi 3.400 entidades dependientes".

Y añade que "la oportunidad para las firmas de auditoría es importante". Además, avisa: "Pero, ojo, solo como colaboradoras del interventor".

El decreto en realidad define el marco normativo para que los interventores municipales puedan asegurar el control interno. "El modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo del 100% del presupuesto general consolidado del ejercicio en la modalidad de función interventora y, al menos, el 80% mediante la aplicación de la modalidad de control financiero. Para este último, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el 100% del presupuesto general consolidado", señala el decreto.

La norma define el marco de actuación que tienen los interventores en el control interno: la fiscalización financiera antes de aprobar los Presupuestos, durante la ejecución y a posteriori. Para esta última labor, el decreto prevé la colaboración de firmas privadas de auditoría por un plazo de dos años, prorrogable hasta un máximo de ocho.

López señala que "los interventores tienen que velar por que pueda hacerse una fiscalización del 80% del presupuesto consolidado de las entidades dependientes, significa que todas entidades dependientes tienen que estar cubiertas. Pero la realidad es que no hay medios materiales en los Ayuntamientos para hacer esto".

Falta de medios

Por eso, el decreto que entró en vigor el pasado julio aclara cómo hacerlo: "Para la ejecución de las funciones de control financiero, en la modalidad de auditoría pública a propuesta del órgano interventor, y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos convenios o contratos, podrán colaborar con las entidades locales otros órganos públicos o firmas privadas de auditoría".

López remarca que la obligación de auditar anualmente las cuentas de miles de entidades dependientes presenta posibilidades ciertas para la contratación de auditores privados como colaboradores de la intervención local, en el caso de no contar con los recursos humanos necesarios para ello. Y precisa que "en el caso de las auditorías de cumplimiento y operativas, al no tener una regularidad obligatoria, y no afectar a todos los entes dependientes, sus posibilidades son algo más reducidas, pero pudieran verse afectadas, aproximadamente, 2.000 entidades dependientes".

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía advierte de que las empresas privadas de auditoría tendrán que apostar por la formación de personal en las especificidades del sector público.

La norma responde a la inquietud lanzada en repetidas ocasiones por el Tribunal de Cuentas de España, que ha alertado de que muchas entidades locales no presentan sus cuentas con regularidad. De hecho, el 39% aún no ha rendido las cifras del año 2016.