El Gobierno propone facilitar el veto de las comunidades de vecinos a los pisos turísticos

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha propuesto a las comunidades autónomas rebajar de unanimidad a tres quintos la mayoría necesaria en una comunidad de vecinos para poder prohibir las viviendas de uso turístico. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que este martes se ha reunido en el Ministerio con consejeros y directores generales de todas las comunidades y representantes de la Federación de Municipios (FEMP). Según ha avanzado, hay acuerdo para esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Además, ha propuesto modificar la ley de Arrendamientos Urbanos para definir con claridad el alquiler de temporada, el que afecta a estas viviendas.

Actualmente, siempre que se cumplan los requisitos que establece cada comunidad autónoma, un vecino puede decidir por su cuenta si quiere o no alquilar su vivienda para uso turístico. Si los demás vecinos quieren prohibir expresamente ese tipo de alquileres, es necesaria la unanimidad, según el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta no sería posible desde el momento en que el interesado en alquilar su vivienda se opusiese. A partir de la reforma de la ley, la voluntad de ese solo vecino no será suficiente. Si tres quintos de los vecinos que representen tres quintos de las cuotas de participación no están de acuerdo, no se podrá alquilar la vivienda para ese uso. Es decir, se facilita el veto de los vecinos a las viviendas turísticas.

Actualmente, la ley de Propiedad Horizontal establece que debe haber unanimidad solo para asuntos que "impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad". Es en el título constitutivo (una descripción de la finca y sus elementos) o los estatutos de la comunidad donde puede incluirse la prohibición de que se realice una actividad comercial en alguno de los locales del inmueble. Normalmente, no suelen incluir esa prohibición, por lo que actualmente, si se quiere introducir, es necesaria unanimidad, según explica el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.

Según Oliver, hay consenso entre las comunidades en esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que esperan llevarla al Congreso lo antes posible, aunque no ha señalado plazos. Allí, en principio, debería contar con amplio respaldo, toda vez que cuenta con el apoyo de las comunidades, gobernadas por distintas formaciones políticas.

Oliver enfatizó en todo momento que el Gobierno no pretende una “armonización” de las leyes autonómicas que regulan las viviendas turísticas. “El Gobierno tiene claras cuáles son las competencias exclusivas de las comunidades autónomas”, dijo.

Pero sí está en manos del Gobierno, dijo, impulsar la modificación de leyes estatales. Por ello, además de la de Propiedad Horizontal, el Gobierno propuso reformar la de Arrendamientos Urbanos, para “acotar el alquiler de temporada”, el que se usa para los pisos turísticos. Propuso que se defina como el que “se realiza por períodos mínimos de siete días consecutivos, pero que en su totalidad no suponga el arrendamiento de la vivienda durante más de 45 días al año”.

 Definición y registro

 Las comunidades tienen ahora hasta el dos de octubre para hacer sus observaciones a ambas propuestas, así como a una definición estatal de las viviendas de uso turístico “amplia”, con criterios generales como que es necesaria una licencia, que se alquila a cambio de un importe, que está en condiciones de uso inmediato.

También se propuso la creación de un registro estatal único de todas las viviendas de uso turístico de España. “Servirá como instrumento de control para las comunidades y para dar seguridad jurídica a quien alquila su vivienda y a quien quiere alquilar, porque hay personas que alquilan viviendas que no son suyas o que no tienen licencia”, explicó Oliver. Este registro, dijo, estará conectado con el Ministerio del Interior, que obliga al registro de los inquilinos, y con el de Hacienda, “para que los arrendadores cumplan sus obligaciones tributarias”. Además, servirá para poder contar con “un mapa de viviendas de uso turístico”.