El juez pide datos de la compra del Popular “sin tachaduras”
La Audiencia Nacional reclama al banco que remita documentos sin partes censuradas
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha instado por tercera vez al Santander a aportar toda la documentación sobre la compra del Banco Popular. La entidad ya remitió al juzgado en junio los documentos, pero esta vez le reclama que sea información “completa, traducida al castellano y sin tachaduras”, es decir, sin las franjas negras con las que el banco había tapado detalles que considera confidenciales.
En una diligencia fechada el 30 de agosto a la que tuvo acceso Efe, el titular del juzgado central de instrucción número 4 se hace eco de la petición realizada a finales de julio por el grupo de grandes fondos de inversión Anchorage, Algebris, Pimco y Cairn Capital, que perdieron unos 800 millones de euros en la resolución del Popular. Estos fondos están personados en la causa abierta contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y PwC por falsedad societaria y administración desleal.
En un escrito dirigido al juez, el grupo explicaba que, tras examinar los papeles, queda claro que el Santander “no ha aportado toda la documentación” requerida, sino “solo 12 documentos, después de haber efectuado una operación tan compleja como adquirir una de las mayores entidades financieras de España”. Los fondos exigían que aportaran datos sobre posibles ofertas anteriores de adquisición del Popular, así como “la oferta u ofertas” de adquisición realizada a la Junta Única de Resolución (JUR) y el documento final de su Comisión Ejecutiva en el que se tomase la decisión de formular la oferta por un euro. Además, en algunos casos, los documentos enviados no eran definitivos, sino borradores (es el caso de un informe de Citigroup) o tenían partes censuradas o párrafos tachados, como en el caso de la presentación dirigida al Consejo de Administración del Santander o las elaboradas por la Comisión Ejecutiva sobre la compra del Popular.
Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella de la Asociación de pequeños accionistas de bancos (Apabanc) contra el exdirector financiero de Banco Popular Javier Moreno Navarro por su participación en la elaboración de las cuentas que propiciaron el aumento de capital de 2.500 millones de euros que realizó la entidad en 2016.
La asociación Apabanc, en representación de 16 titulares de acciones de Popular perjudicados por su venta al Banco Santander por un euro, denunciaba un “delito continuado societario de falsedad contable” por la formulación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del Popular desde el año 2013, “sabiendo que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados del banco”.
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